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Julio César Hernández: ¿Podrá la justicia estadounidense?

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Las masas y el líder populista

Cuando los pueblos se masifican escribió el psicólogo social francés, Gustavo Le Bon, “nunca sienten sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran” aunque luego, los reconozcan y combatan, aunque en el momento en que se cometieron, se sembraron con gruesas raíces, que extendidas van a encontrar muchos cultores, que, apoyando el exceso o la arbitrariedad, se adentran en formas cómodas y lucrativas de vida, en detrimento de esos mismos pueblos, que antes eufóricamente empoderaron a sus propios azotadores.

Concretamente, ante un líder populista que viene a salvarlos de culturas extrañas, de las peores desviaciones sociales, aunque vivan conformes con las de ellos, de la expansión de religiones o lenguas extranjeras, o de productos económicos que llegan de otros lugares del mundo, a costos más bajos y de igual calidad a los del origen de las masas, ellos entregan su voluntad y discernimiento, aceptan sus errores como decía Le Bon, porque eran necesarios justifican, aunque estén impregnados de inequidad e injusticia, y por ende reprochables objetivamente.

Lo que enfrenta el poder judicial estadounidense

Frente a esas complejas realidades, parece estar enfrentándose el Poder Judicial estadounidense, que hasta ahora ha dejado a salvo la teoría de Montesquieu, sobre el contrapeso de un poder sobre otro, pues solo entre ellos, se pueden equilibrar, dejó asentado para la posterioridad. En casi todos los sistemas presidencialistas del mundo, y parece que, en Estados Unidos tampoco, el titular recién electo de ese cargo, se cree con derecho de modificar todo un orden social creado y mantenido con base a normas legales, pero que a él no le gusta y, por tanto, a sus seguidores tampoco.

Sin embargo, en un país como Estados Unidos, quedan estas instituciones de vieja data y funcionamiento, conformadas por personas que aún creen que la inequidad y la injusticia, pueden ser reducidas y sometidas a través de las sentencias bien razonadas, apegadas sobre todo al espíritu, propósito y razón de las mismas, a las cuales se les da firmeza ante las embestidas del poderoso gobernante, que como gladiador en circo romano, pretende acabar o transformar abruptamente a través de la vía de los hechos, hábitos y maneras de ser, de un pueblo tradicionalmente hospitalario.

Función histórica

El Poder Judicial, según el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Charles Evans Hughes, es la salvaguarda de la libertad y de la propiedad al amparo de la Constitución”. Ese Poder, se encuentra encabezado por ese máximo tribunal y un conjunto de 94 tribunales federales, distribuidos a lo largo y ancho de ese enorme país, en donde se inician la mayoría de los juicios. Sin embargo, en la historia de Estados Unidos, se dio el singular hecho de que antes de la promulgación de su Constitución en 1787, durante la Convención de Filadelfia, ya existían un sistema de tribunales en los estados.

Este último hecho, es muy diciente, sobre la concepción que los estadounidenses, han tenido a lo largo de su historia, sobre la justicia, para resolver civilizadamente no sólo sus problemas sobre comercio y otras actividades económicas, sino también los relativos a libertad y a la propiedad, valores esenciales de esa Democracia y que, bajo el amparo de aquella Constitución, han sido y son defendidos por ese Poder Judicial con fallos inmortales, como por ejemplo la del caso Marbury contra Madison en 1803, que estableció que las órdenes ejecutivas de los Presidentes eran revisables por el Poder Judicial.

Bloqueo a órdenes ejecutivas

Consecuente con ese poder, recientemente un tribunal federal de Nuevo México impidió que el gobierno de los Estados Unidos, enviara a Guantánamo, Cuba, tres inmigrantes venezolanos, sin el debido proceso, lo cual cobra mucha relevancia en razón de lo escrito en los dos primeros párrafos de este escrito dominical, pues al honorable magistrado no le importó la popularidad del funcionario ejecutivo que dio la ilegal orden, al comprobar que no le presentaron suficientes elementos de juicio para consentir que fueran remitidos a esa prisión dentro de una base naval norteamericana.

Otra reciente controversia judicial se suscitó con una agencia de noticias internacional, que se queja de restricciones en el acceso a la información presidencial, relacionada con el tema golfo de México, ahora llamado golfo de América, pues tan innovadora decisión, suscitó divergencias entre esas partes, que llevó en el país de las libertades a crear ese contencioso; sin dejar de mencionar las acciones judiciales de cientos de venezolanos en California, en defensa de su estatus de protección temporal, lo que a nuestro juicio es histórico y digno de reconocimiento cívico.

Apartándonos en este párrafo sobre el tema tratado, podemos ver como en el constitucionalismo venezolano, se agregó un sofisma al establecerse en nuestra Carta Magna que, “la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y las ciudadanas” …, lo cual es incierto, porque a diferencia de los Estados Unidos, donde se da esa mezcla de los dos poderes electos popularmente para nombrar jueces, aquí salvo al Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales de la república los designa un organismo administrativo adscrito al máximo tribunal, sin procedencia popular.

Porvenir del poder judicial

Retomando el objeto de este escrito, en los próximos cuatro (4) años de gestión del Presidente Trump, seguramente se verán jubilaciones, renuncias o destituciones de jueces, aunque presten servicios de manera vitalicia. Ello podrá avizorar designaciones a cargo de los poderes ejecutivo y legislativo en abierta mayoría en favor de los republicanos, justo en ese momento se podrá evaluar también el destino que se quiera o pueda dar al Poder Judicial, sabremos si sus nombramientos se harán con base a trayectoria, prestigio y capacidades o, todo lo contrario.

De ocurrir lo anterior, podría existir la posibilidad de que el dúo de Poderes republicano, designe como jueces de la Corte Suprema de Justicia o de los tribunales federales, a personas que no sean abogados, sino buenos y confiables políticos de esa causa, ya que la propia Constitución no contiene ningún requisito en ese sentido, aunque la costumbre en ese sentido en más de dos siglos de vigencia ha sido la de nombrar personas con pericia jurídica, pero tratándose del actual presidente no es descartable que, se nombren iletrados, que no vengan a entorpecer sus políticas nacionalistas.

¿Enfrentamientos?

Apenas el señor Donald Trump, tiene un mes largo de ejercicio presidencial y ya ha enfrentado varias decisiones judiciales en contra, que no se sabe si cumplirá. Los temas migratorios, han resultado para él, reveses, sin embargo, esas decisiones deberán cruzar por la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir a lo largo de todos estos años, esas y otras causas; la tarea no será fácil, por los abundantes recursos de que dispone el Presidente, hombre por lo demás habilidoso para alcanzar metas, acostumbrado a bregar contra el Poder Judicial, al cual muchas veces ha estado sometido, por eso en los próximos años, veremos si el Poder Judicial podrá seguir conteniendo a este hombre masa.

 

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