Quienes hemos venido trabando en forma incansable desde siempre, varias décadas en algunos casos, con el propósito de hacer de nuestra nación un país realmente soberano en todos los aspectos, donde reinara la productividad y la justicia equitativa y donde nuestro pueblo viviera cada vez en mejores condiciones, alcanzando los patrones de bienestar de los países avanzados, sabemos perfectamente del fracaso estrepitoso gubernamental habido en Venezuela en los últimos 25 años. Esta realidad, incuestionable objetivamente hablando, no significa en absoluto que, con anterioridad, sólo hubo éxitos y bienestar, pues si así hubiera sido, no se hubiera producido el triunfo electoral de un nuevo sector político en diciembre de 1998. Venezuela no era una tacita de oro cuando ocurrió la insurgencia de Chávez.
La concisa afirmación anterior no niega en absoluto los avances ocurridos a partir de 1958, pues no vamos a caer en el engaño, que algunos pretenden cimentar, de que antes de este siglo lo que reinaba en el país era la obscuridad total. De la misma manera, no caeremos en la trampa de negar las mejoras posteriores al gomecismo, ligadas indisolublemente al advenimiento de la riqueza petrolera, que permitió el sustento material de todos esos cambios, incluidos los políticos. Pero en la política, a diferencia de la historia, los hechos que más importan son los del presente, entendido como una etapa donde cursan varios momentos y se producen muchas situaciones.
Las elecciones presidenciales, por lo menos hasta ahora, no han significado un cambio cualitativo de la crisis económica, social y política, del país, contraviniendo lo que muchos pensaban y rompiendo sin ninguna misericordia las esperanzas de la inmensa mayoría de los venezolanos. Sin embargo, es claro que se ha producido un cambio cualitativo de la situación política venezolana. El escenario que se abre a partir de enero del próximo año es distinto al que hemos venido transitando hasta hoy. Si Maduro termina por asumir la Presidencia de la República, lo cual parece hasta ahora ocurrirá, estaremos en presencia de un presidente con una muy baja legitimidad, pues una mayoría del país piensa que no ganó las elecciones y que se ha impuesto a la fuerza contra la voluntad soberana del pueblo, expresada en los comicios del 28 de julio.
Esta matriz de opinión se venía creando desde antes del hecho electoral, a través de los informes de la mayoría de las encuestas, de las opiniones de supuestos expertos, de distintos periodistas, de medios de comunicación nacionales y extranjeros, de diversos artículos de opinión y de las redes sociales. Denunciamos públicamente en su momento esta situación, pues que se afirmara sin lugar a dudas que era imposible que Maduro ganara, cuando lo imposible era tener la certeza del triunfo de ninguno, colocaba el futuro del país en una incertidumbre nefasta, pues si el Presidente realmente ganaba, una mayoría no iba a creer ese resultado. Nos preguntábamos en ese momento: ¿Para qué entonces hacemos elecciones, si ya supuestamente tenemos el resultado en nuestras cabezas?
Hoy, la situación es precisamente ésa. Pero a ella, y esto también hay que decirlo, contribuyó claramente el gobierno, con la actuación inconsecuente del Presidente del CNE y del mismo organismo. La no publicación de los escrutinios desagregados, como siempre se había hecho y como ordena la ley; el desacato de la orden de la Sala Electoral de publicarlos y la proclamación de Maduro sin tener el 100 por ciento de las actas escrutadas. Sumemos las actitudes incoherentes de quienes se dicen ganadores, pero que declaran no saber quién tiene las “actas” y otras por el estilo. De hecho, en este momento es imposible tener la certeza de quien ganó y pareciera no tener mucho sentido enfrascarse en esa discusión. Sí podemos afirmar que la ruta electoral ha sufrido una herida grave.
