Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Artículo 46 – Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)
“Ya son 72 horas en la que no me han dicho nada sobre ella”, implora una madre cuya hija fue detenida sin una orden de arresto, luego de irrumpir en forma violenta en su vivienda, “liberen a mi hermano”, exige un joven en un cartel de cartón en la calle, “venezolanos con discapacidad, miembros de pueblos indígenas, mujeres y adolescentes, fueron detenidos en contexto de las protestas”, denuncia una ONG que presta asistencia jurídica a víctimas y familiares.
Dolor, indignación, impotencia, desasosiego, signos que muestran el sufrimiento psicosocial de la población venezolana, frente a la grave violación de los derechos humanos de las personas que perdieron la vida, y aquellas perseguidas, detenidas y privadas de libertad en protestas que exigen transparencia de resultados en el contexto post-electoral en Venezuela. Expresiones de una nueva arremetida autoritaria, que suma al patrón represivo contra manifestaciones pacíficas a lo largo de más de dos décadas.
Ante al quiebre institucional y desamparo ciudadano, la población ha ejercido sus derechos civiles, políticos, desplegando formas de participación, organización social y apoyo mutuo. También ha documentado, formulado denuncias y exigencias de respeto a los derechos humanos, ante organismos nacionales e internacionales. Han sido variadas y numerosas las iniciativas de personas, grupos e instituciones en todo el territorio nacional y en organizaciones conformadas por miembros de la diáspora venezolana, que contribuyen con creativas y novedosas acciones cívicas, a través de distintos espacios, plataformas, redes sociales, uniendo esfuerzos e impulsando proyectos de diálogo, negociación, paz, educación popular, comunicación independiente, mientras asesoran y acompañan a las víctimas y brindan ayuda solidaria a los sectores más vulnerables que enfrentan las consecuencias del impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja que sufre el país.
La masiva participación ciudadana en las elecciones presidenciales del 28 de julio y la opacidad en la presentación de resultados expresada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), marcan una nueva etapa socio-política para Venezuela. Coyuntura que interpela y resitúa actores e instituciones locales, regionales, globales, expresándose en pronunciamientos y comunicados de la OEA, CIDH, Centro Carter, ONU, UE, RELE, HRW, WOLA, DPLF, CEJIL, OMCT, GCR2P, entre otros.
A la fecha, el CNE, no ha ofrecido respuesta a estas exigencias internas y externas de poner a disposición pública la totalidad de las actas de escrutinio, además de completar los procesos de auditoría electoral y verificación ciudadana según lo exige la ley. No obstante, el tránsito hacia la reconstrucción democrática sigue su marcha con renovada fuerza y aliento.
Asediada por nuevas formas de vigilancia, control y represión estatal, de militarización de la protesta social, la soberanía popular contemplada en el artículo 5 de la constitución no se extinguirá, como tampoco las formas de resiliencia, de resistencia ciudadana contra la barbarie que niega los derechos humanos y atenta contra la dignidad, la libertad y la justicia. Defender el legítimo derecho de vivir en democracia, privilegiando el diálogo plural, la unión y la convivencia pacífica, contribuirá a la construcción de una cultura de paz, la reunificación familiar y reconciliación nacional. Esperanza y horizonte ético político del cambio.
Instituto de Psicología UCV
