La ciencia política como profesión se encuentra en una situación muy precaria en Venezuela. Pese a que desde hace mucho hay profesionales con el título de politólogo o licenciado en ciencia política emitido por universidades públicas y privadas en Venezuela, el parlamento no ha podido aprobar, por desidia, desinterés o la combinación de ambas, una Ley de Ejercicio de la Ciencia Política. Al no tener una ley de ejercicio, tampoco tenemos un Colegio de Politólogos tal como lo tienen los abogados, los ingenieros, los contadores públicos, los comunicadores sociales, los enfermeros, entre otras profesiones.
¿Esto es importante para los venezolanos? ¿Acaso los politólogos son lo suficientemente importantes como para perder tiempo en aprobar una ley y que tengan un gremio profesional? Primeramente, creo que sí es importante este tema para los venezolanos. Si hoy sufrimos la persistencia de un régimen autoritario, la violación sistemática de derechos humanos y el ascenso al poder de personas tan ignorantes como arrogantes, es debido a que nuestra sociedad, en su conjunto, ha tenido una escasa comprensión de los fenómenos relativos al poder, una débil internalización de las premisas del sistema democrático y la proliferación de influenciadores mediocres, sofistas y estafadores con el dudoso título de “analista político”.
Con una Ley de Ejercicio de la Ciencia Política, los politólogos graduados de las universidades venezolanas y aquellos que revaliden su título obtenido en el exterior dentro del país, podrían optar a cargos específicos dentro de la administración pública y privada donde sus conocimientos y destrezas son fundamentales para el diseño y evaluación de políticas públicas, la comunicación y opinión pública, el lobby y la representación institucional, el discurso y mercadeo electoral, el análisis situacional, el soporte técnico para la toma de decisiones gerenciales y otras áreas de nuestro oficio que, valga aclararlo, es perfectamente distinguible de otras disciplinas como el derecho o la economía.
Aún más, con un gremio de politólogos, podríamos tener un Tribunal Disciplinario conformado por nuestros más respetados colegas, para sancionar aquellas prácticas anti éticas como, por ejemplo, diseñar campañas de desinformación, la promoción del odio o la promoción de estrategias dirigidas a desmontar el régimen democrático o la violación de derechos humanos. Lógicamente, ese gremio (hoy inexistente) podría denunciar ante los tribunales el intrusismo y la charlatanería. Todo eso tanto para preservar el respeto a nuestra profesión como también proteger al régimen republicano porque, vale recordarlo, somos Politólogos de la República, no somos politólogos del reino, ni politólogos de la hacienda, ni politólogos de la satrapía, somos Politólogos de la República y a ella nos debemos.
Sin embargo, estamos aquí, en el peor de los mundos: nos quejamos de la burocracia, de la falta de democracia, de la violación de derechos humanos, de la desinformación y la manipulación, de la opacidad pública, de discursos públicos que saltan entre “patarucos” y “espuelazos”, de la arbitrariedad y del “como vaya viniendo vamos viendo” y, al mismo tiempo, los politólogos están desempleados, sin ley y sin colegio profesional. Si tienes problemas de salud, buscas a un médico, si tienes un problema legal, buscas a un abogado, si tienes un problema contable buscas a un contador, pero este país, con gravísimos problemas políticos, no busca a los politólogos sino sólo a su charlatán de confianza.
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