Imbuidos como nos encontramos en la diatriba a la que quieren acostumbramos, no medimos el tamaño ni la proyección del amedrentamiento político causado desde el poder, cuya única finalidad no es limitar el accionar de la verdadera oposición representada, como candidato aglutinador de voluntades, en Edmundo González Urrutia.
Cerrar negocios, hoteles, ventas de empanadas, apresar trabajadores que prestan un servicio con sus transportes o sus sonidos, o lo que sea, son actos que trascienden el mero hecho circunstancial del momento. Van dirigidos a causar miedo, pavor, a todo aquel que esté dispuesto a brindar alguna ayuda o servicio a quienes luchan diariamente por el derecho de todos a unas elecciones libres. Justamente, este tipo de actos contrarían la libertad que debe cundir en un evento electoral.
Perseguir ciudadanos, acosarlos, por su inclinación política, intimidarlos y amenazarlos por apoyar, del modo que sea, a quienes están inmersos en la campaña electoral, es una forma de discriminación por razones políticas y deberían ser, quienes esto realizan, jusgados y penalizados. Así, habría más material para la justicia Internacional por persecución sistemática a grupos políticos. Lo que queda más que evidenciado en la toma de partidos, sus siglas, sus símbolos, sus sedes.
El régimen al ver tambalear del modo que se tambalea su poder, debido a un evento electoral en el cual la ciudadanía le pasará factura un solo día y para siempre por todo el sufrimiento causado durante estos largos años, procede a usar todas las armas que tiene a la mano, incluyendo, por supuesto, el terrorismo de Estado, que llega a poner bajo prisión a cualquiera que milite en un partido y exprese su apoyo, sus ideas, sus opiniones, limitando así hasta el pensamiento, como es el caso de nuestro copartidario Nelson Piñero y de muchos otros presos políticos de otros partidos o, incluso, sin militancia partidista, pero que han causado malestar en el régimen por su accionar o sus ideas contrarias a él. No subestimemos la hondura de estos hechos, los daños personales, familiares y colectivos que causan. Más material para la justicia internacional, cuando llegue el momento. La política es una actividad de riesgo infinito hoy en Venezuela, por la manera cruenta de actuar por parte de quienes manejan el Estado.
