La humanidad no persigue nunca quimeras insensatas ni inalcanzables; la humanidad corre tras de aquellos ideales cuya realización presiente cercana, presiente madura y presiente posible. José Carlos Mariátegui, Internacionalismo y nacionalismo (2 de noviembre de 1923).
Luego de conocer los resultados de la consulta popular y del referéndum del pasado 21 de abril en Ecuador, como era obvio, aparecieron las primeras lecturas de los mismos. Desde una aproximación superficial, pero muy difundida mediáticamente, se afirma que el gobierno ganó por goleada, pues se habría impuesto en 9 de las 11 preguntas planteadas. Pero, como veremos a continuación, si bien el gobierno consiguió el apoyo en las preguntas vinculadas al tema de la seguridad, perdió aparatosamente en dos ámbitos cruciales enmarcados en sus pretensiones neoliberales.
En síntesis, hay motivos para la preocupación y, a la par, para el optimismo.
Desechando las lecturas simplonas
Existe mucha tela para cortar sobre lo que significa y significará esta consulta popular / referéndum. En la línea de análisis simplones, como los que considera el resultado como el de un partido de fútbol, también se destacan por su torpeza aquellas afirmaciones que pretenden hacer creer que perdieron los narcotraficantes y el crimen organizado, asumiendo que quienes votamos por el NO en las preguntas sobre tema de seguridad los estaríamos propiciando o, inclusive, que nos opondríamos a la generación de empleo.
Otro punto a indagar es el relativo a los diversos apoyos y rechazos, pues no se puede asumir ingenuamente que quienes votaron SI, lo hicieron para apoyar al gobernante, ni todos quienes votamos NO nos sumamos al correismo, por ejemplo. Habrá que, por igual, que adentrarse en el análisis por provincias y regiones, para comprender mejor lo sucedido, pues en varias provincias, como sucedió en Manabí, una de las más pobladas, bastión del correismo, y en otras con una importante población indígena y campesina, el NO obtuvo un resultado contundente en muchas preguntas.
Lo cierto es que se si consolidan todos los votos por el SI, que pueden ser forzadamente asumidos como un apoyo al gobernante, la cifra da un magro 31%. Y de los votos duros por el NO, con un nada despreciable 27%, no hay como derivar en que representan un apoyo a uno solo de los múltiples grupos que se empeñaron en esa dirección durante la campaña. En concreto, este ejercicio electoral, que tenía como objetivo apuntalar la tarima para la reelección de Noboa, un presidente de transición, en la contienda electoral de inicios del 2025, no fue del todo satisfactorio para esas aspiraciones.
Un logro con un enorme potencial digno de resaltar
Si asumimos la existencia de tres ámbitos de incidencia en la consulta, el resultado deja mucho que desear para el gobierno. Si bien se impone en las preguntas vinculadas a la seguridad, pierde en el campo económico / ecológico, al cerrarse la puerta al retorno de los tratados bilaterales de inversión, prohibidos por la Constitución del 2008, que habrían aumentado, vía los arbitrajes internacionales, los beneficios a las empresas extranjeras, sobre todo mineras y petroleras. Pierde también en el campo social / económico al haberse impedido una mayor precarización laboral con el trabajo por horas y la eliminación de contratos por tiempo indeterminado -temas prohibidos constitucionalmente-, lo que le fuerza al gobernante a cambiar de política económica si realmente quiere generar empleo sin aumentar la sobre explotación laboral y sin propiciar la perdida de derechos de trabajadoras y trabajadores. Tengamos que estas reformas constitucionales se quería acelerar las negociaciones con los TLC y, por supuesto, tener una mejor carta de presentación ante los organismos multilaterales de crédito, particularmente con el FMI.
Aquí hay un claro pronunciamiento popular en contra del neoliberalismo y del extractivismo, que caminan de la mano. Además, es bueno conocer que estos triunfos son el resultado de una campaña diversa y llena de creatividad de varias organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales, particularmente el indígena; grupos a los que, en gran medida, se deben importantes logros como el conseguido en agosto pasado para proteger el Yasuni-ITT o las mismas consultas para frenar la minería en Quito, Cuenca y Girón. Este punto es medular. Esta conjunción de fuerzas sociales y políticas frenó las pretensiones neoliberales del gobierno, que quería dar mayor apoyo al capital extranjero -pregunta D- con los tratados bilaterales de inversión / arbitraje internacional y una mayor precarización del trabajo -pregunta E- con el trabajo por hora.
Una preocupante mayor militarización de la sociedad
Sin rodeos hay que reconocer lo neurágico del pronunciamiento a favor de las medidas que conducen a una mayor militarización y a un mayor endurecimiento del populismo penal. Este es un mensaje angustioso de un pueblo acosado por la inseguridad. Más a allá de que varias de esas preguntas eran inoficiosas, pues la mayoría debe ser procesada en la Asamblea Nacional y algunas son inadecuadas para abordar de manera estructural este reto tan complejo, hay que estar atentos a la evolución en este tema.
Entre manos tenemos un voto de confianza a las FFAA y no tanto al gobernante, que no da pie con bola en muchos ámbitos de su improvisada gestión. Lo cierto es que el voto popular apoyó, en su desesperación, medidas represivas sin mayor conciencia del peligro que estas conllevan.
De esta manera se consolida a través de una reforma constitucional el papel de las FFAA para que asuman cada vez más papeles policiales con el fin de combatir al narcotráfico, al terrorismo e inclusive la insurgencia popular. La experiencia nos dice que este retroceso constitucional deriva en la represión a los pobladores que defienden sus territorios frente a las empresas extractivistas. Esta es una cuestión que ya enfrentaron varias poblaciones en el gobierno de Rafael Correa y que ahora se repiten e el gobierno de Daniel Noboa; gobiernos empeñados en imponer -incluso a sangre y fuego- la megaminería.
Este devenir nos recuerda aquellos viejos principios de la Seguridad Nacional, orientados a fortalecer esquemas de contrainsurgencia con la participación activa de las FFAA -quien sabe si en un futuro no lejano también apuntalados con agrupaciones paramilitares-, que se los puede maquilar como de lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo, que se convierte cada vez más en una muletilla para desplegar acciones represivas. Como se ha vivido en el mismo Ecuador y en otros países de la región, este tipo de respuestas represivas terminan por afectar de forma sistemática los Derechos Humanos y pueden incluso jaquear la institucionalidad democrática.
También se aprobó la extradición de compatriotas, el incremento de penas en varios delitos y el cumplimiento de la totalidad de las penas para los sentenciados por esos delitos: claros retrocesos constitucionales. Por igual se aceptó que el Estado pase a ser propietario de los bienes de origen ilícito incautados, entre otras cuestiones que tendrán que ser procesadas a través de reformas legales en la legislatura.
De hecho, para tener claridad del ambiente que se vive, se constata aquí la influencia del bukelismo: restringir libertades y derechos para conseguir la ansiada seguridad. A la postre nos quedaremos sin derechos, sin libertades y… sin seguridad.
¿Qué hacer frente a un capitalismo de guerra?
Sin minimizar para nada la necesidad de la lucha contra el crimen organizado en todas sus formas, empezando por cortar sus ramificaciones en todos los ámbitos de la economía, como es el financiero, se precisa una adecuada comprensión del momento que se vive.
Así, lo que cuenta ahora es asumir políticamente desde los sectores populares el tema de la seguridad. Como recomienda el catedrático universitario Luis C. Córdova hay que ver “a la seguridad como campo político (lo que) exige un posicionamiento dinámico frente a las tesis oficiales. Pero exige, también, comprender la naturaleza relacional de la seguridad. Aquí ya no se trata de defender la seguridad de un Estado idílico, sino de recuperar las condiciones para que una vida en comunidad sea posible. Es la comunidad política –diversa, heterogénea y molecular– quien, al procurarse condiciones dignas de convivencia social, alcanza una seguridad integral. Sin comunidad política no hay soberanía posible. La legitimidad del Estado nace de ahí y la lealtad del ciudadano también. Desde el campo popular urge disputar el sentido de orden con que se legitima el capitalismo de guerra.”
Aceptada esa recomendación, frente a los procesos de creciente militarización de la sociedad, es preciso potenciar redes de solidaridad y de acción, a la par que la conformación de frentes unitarios que viabilicen y potencien estrategias enmarcadas en un esfuerzo sostenido de democratización de la sociedad para minimizar los impactos de un creciente autoritarismo que llegará de la mano de los uniformados.
Por otro lado, y en paralelo, lo que interesa también es redoblar las luchas de resistencia al neoliberalismo y a sus acompañantes permanentes: los extractivismos. Una cuestión que reviste una redoblada urgencia cuando se suscribe un nuevo convenio con el FMI, que bien sabemos ahondará las políticas neoliberales y todo para sostener el servicio de la deuda externa tanto como para profundizar las características de una economía primario exportadoras.
A lo anterior se suma la necesidad de parar la pretensión -inaudita por lo demás- de diversos grupos, incluso dentro del gobierno, que hablan públicamente de buscar otras vías para dar paso a la contratación por hora y a la eliminación de los contratos a plazo fijo, tanto como para permitir la vigencia de los tratados bilaterales de inversión. Esta pretensión demuestra lo poco que les interesa a las élites el respeto a los procesos democráticos -como sucede con las consultas populares que frenan los extractivismos-, demostrando que estos dos temas eran realmente los más deseados por el gobierno en la consulta popular.
Urge una Corriente Unitaria Democrática
Como una gran conclusión, revisando y potenciando los procesos electorales recientes en Ecuador, en especial las luchas contra los extractivismos minero y petrolero, que son luchas por la vida, resulta imperioso transformarlas en una Corriente Unitaria Democrática. Su fortaleza radica en la cristalización de acuerdos políticos sólidos y en la forma en que se los construye, es decir se necesita partir de una propuesta unitaria en términos programáticos y organizativos: Este esfuerzo unitario debe darse antes de pensar en candidatura alguna, que no puede ser impuesta por ninguna fuerza que realmente este comprometida con esta Corriente Unitaria Democrática.
Toda simplificación resultará peligrosa, pues no se trata solo de construir un gran frente electoral. El reto es complejo y difícil. No basta consolidar posiciones y acciones en el corto plazo. Y sobre todo en ningún caso se puede tolerar la imposición de planteamientos conservadores en su esencia que frenen la plurinacionalidad o alienten los extractivismos, por ejemplo.
Debe quedar sentado que dicha Corriente, si realmente quiere ser transformadora, debe impulsar simultaneamente propuestas decoloniales, feministas, ecologistas y socialistas comunitarias, en clave de una permanente radicalización de la democracia.
Requerimos, pues, una unidad transformadora que sea capaz de reinventar el futuro. Inteligencia, creatividad, respeto, transparencia, equilibrio y mucha alegría deben ser acompañantes permanentes en este proceso unitario, que debe ser asumido apenas como un medio para cambiar el mundo y no como el fin último. Ganar elecciones es importante, pero no suficiente.
Economista ecuatoriano. Compañero de lucha de los movimientos sociales. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013). Autor de varios libros y artículos.