Oímos y leemos sobre los robos y megarrobos al patrimonio público y nos hacemos una pregunta que, de inmediato, alguien calificará como cándida o pendeja: ¿por qué no operan los mecanismos de control, que son varios y diversos?
Bueno, intentemos una respuesta que no peque de cándida ni mucho menos de lo otro. Para ello, utilizaremos algunas frases hechas, tópicos, lugares comunes de nuestro léxico político y periodístico.
Sociedad de cómplices
Empecemos por decir que las recientes incidencias de la trama PDVSA-Cripto nos muestran eso que alguna vez se identificó como “una sociedad de cómplices”, que por lo que se ve está más vigente que nunca. Esa expresión, acuñada por José Vicente Rangel, comenzó a usarse para hablar de delitos en los que participan personas que pertenecen a diversos estratos sociales, organismos, partidos, empresas… es decir, que toda la sociedad está envuelta o salpicada de uno u otro modo.
En el caso que nos ocupa, funcionarios corruptos con altas responsabilidades y mucho poder dentro del Gobierno Bolivariano se entendían con dirigentes corruptos y apátridas de la oposición, con la intermediación de empresarios corruptos de la vieja o de la nueva guardia, y de diplomáticos estadounidenses sin asomo de escrúpulos morales. Negocios orquestados de esa manera pueden mantenerse en un equilibrio pervertido, basado en que nadie quiere ni puede acusar al otro.
¡Ah, la solidaridad automática!
Otra frase hecha que data de los primeros casos de corrupción del puntofijismo es la “solidaridad automática”. Y en la Quinta República este ha sido un factor medular de la libre actuación de los ladrones encopetados. Tanto, que incluso los más altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela han reconocido que incurrieron en esa conducta, con la que contribuyeron a la impunidad de exfuncionarios acusados de gravísimos hechos de corrupción, siendo Rafael Ramírez el caso más prominente, aunque, de seguro, no el único.
La solidaridad automática ha tenido, en varias oportunidades, una suerte de bonus track, una ñapa: a ciertos personajes denunciados por delitos contra el patrimonio público no sólo no los sometieron a la necesaria investigación, sino que, además, les dieron más poder, lo cual los envalentonó y los hizo sentir indestructibles e inatacables. Y aquí es pertinente soltar una paráfrasis del tercer lugar común: al que tenía fama de zamuro, lo pusieron a cuidar carne.
Las “manos derechas”
La formación de estructuras mafiosas ha sido fundamental para lograr que los entramados criminales operen por largo tiempo sin castigo. Los cabecillas siempre tienen “manos derechas”, asistentes y asesores que se imponen sobre todo el organigrama del ente público saqueado, ya sea a través de la táctica de sumar a funcionarios de diverso rango a los beneficios de las artimañas, o bien expulsando o “congelando” a los empleados críticos y, de ser necesario —mafia, al fin y el cabo—, amenazando, chantajeando o extorsionando a los “pajúos”.
Como la banda gansteril es transversal al Estado, es decir, no se limita a un organismo en sí, sino que se ramifica en diversas instancias del Poder Ejecutivo y abarca a otras del Ciudadano y el Judicial, las amenazas y chantajes se expresan a través de un modus operandi que incluye a policías, fiscales y jueces también corrompidos. Una maquinaria temible.
El tímido o nulo funcionamiento de las contralorías internas se explica de esta manera. Al buscar su origen se encuentra que tiene que ver con todo lo anterior: si la persona encargada de auditar, supervisar y sancionar conductas irregulares es designada por el poderoso jefe, por uno de los cabecillas de la mafia o por alguna “mano derecha”, es decir, si pertenece al redil de los corruptos, ¿qué puede esperarse que haga?.
Tampoco sirve de mucho si el auditor, supervisor o contralor carece de la experiencia y de los conocimientos que sí tienen los corruptos, que en sus maquinaciones son definitivamente brillantes. No hay que olvidar que se trata de delitos de astucia, no de simples metidas de mano en la gaveta de la caja registradora.
Por otro lado, cuando un contralor o auditor sí tiene esa habilidad y detecta las irregularidades, pero es amenazado, chantajeado o extorsionado, no hará públicas ni elevará a instancias judiciales las denuncias a menos que esté dispuesto a inmolarse y a nadie se le puede exigir que tenga esa vocación de mártir.
Contraloría social
De este modo, llegamos a un terreno que, en teoría, ha debido distinguir a la Quinta de la Cuarta: el peso de la contraloría social. Ha debido distinguirla, pero no lo ha hecho porque los corruptos han logrado acallarla mediante el menú de métodos ya descritos.
Al que no pueden comprar o incorporar al festín, lo amedrentan con su poder político y su influencia partidista; lo “judicializan”, es decir, que le buscan o le inventan una causa penal para meterlo a la cárcel; los difaman públicamente, en ruedas de prensa espectaculares; o mandan a los subalternos especializados en eso a que lo esperen por ahí en una noche oscura.
Está claro que si a usted le invitan a denunciar presuntas irregularidades y, cuando lo hace, termina despedido, preso, calumniado o golpeado, ¿qué ganas pueden quedarle de contribuir con la sanidad administrativa del país?
El papel de los medios y las redes
Si queremos hacer un análisis más o menos exhaustivo, hay que estudiar también el rol que han cumplido (o dejado de cumplir) los medios de comunicación y las figuras de relieve en redes sociales en este ámbito de la lucha contra la corrupción.
La prensa y los influencers de la derecha han perdido parte de su credibilidad al empeñarse en hacer denuncias sin sustento, lanzando fake news o reciclándolos de medios globales y actuando como operadores de factores antinacionales, siguiendo órdenes imperiales, o motivados por el odio personal de los editores y periodistas.
Del lado de los medios públicos y de muchos influencers del chavismo ha habido solidaridad automática, defensa ciega y autocensura. Irónicamente, son estos medios e individualidades los que ponen más potencia en los puñetazos cuando algún exfuncionario, al que antes defendieron, cae oficialmente en desgracia.
Los mafiosos siempre han sabido lo importante que es tener aliados en los medios de comunicación (y, de un tiempo para acá, en las redes) y es por eso que destinan un “presupuesto” de sus fondos mal habidos para sobornar, comprar silencios o lograr sólo menciones positivas. Algunos medios y parapetos en redes han sido creados expresamente para succionar recursos por esta vía. Es el palangre 2.0.
El imperio capo de tutti capi
Toda esta inmersión en la letrina del caso PDVSA-Cripto nos ha mostrado también una enorme verdad: el poder imperial es corrupto por antonomasia y una de las causas del auge de la depravación administrativa en el mundo entero, tanto a través de su gobierno, como de las corporaciones estadounidenses, que sobornan a diestra y siniestra en su país y, sobre todo, fuera de él.
El Gobierno de Estados Unidos es estructuralmente cleptómano, como lo han confesado muchos funcionarios, incluyendo expresidentes. A Venezuela, en estos lances del bloqueo y las medidas coercitivas, le han robado “hasta el queso que había en la mesa”. Más allá del discurso panfletario antiimperialista, hay que concluir que en el burdel de la corrupción venezolana, Estados Unidos es la madama.
Los intríngulis del caso dejan en claro que Estados Unidos fomenta la corrupción tanto de sus aliados como de sus adversarios en Venezuela. Sabe que es más sencillo doblegar a una sociedad si se encuentra en la ruina moral porque todo el que esté envuelto en esas maquinaciones tiene que obedecerlos, seguir sus órdenes.
Como el auténtico capo de tutti capi, el falso embajador Story tenía a Julio Borges como muchacho de los mandados y Este, con su voz remilgada de abogado sifrino, cumplía la misión de amenazar a su equivalente del lado de Tareck el Aissami, Samark López. Si no se veían los resultados de sus buenos oficios iban a ponerle un precio a la cabeza de dicho emisario. El mensaje es claro: si trabajas para mí, te robas lo que puedas y no te pasa nada, pero si andas por tu cuenta, te abro un juicio por lavado de capitales y pongo tu foto en un cartel de “Se busca”. La doble moral e otro lugar común que describe muy bien lo que está pasando.
Los agentes estadounidenses se encargan de analizar muy bien quién es quién en la estructura del Estado venezolano para determinar cuáles individuos tienen debilidad por el dinero, los íconos de la riqueza y los lujos de la vida de los millonarios y famosos [No es una tarea difícil porque estos personajes son exhibicionistas, pantalleros y derrochadores. Pero esa es una arista del tema que no trataremos hoy]. A esos los amarran sin dificultades, los ponen a su servicio y los convierten en pieza negociable porque, como dice mi amigo Gilberto Rivero, “el que te compra, te vende”.
La Ley Antibloqueo
Los casos de saqueo al patrimonio común de los últimos diez años han tenido como mar de fondo el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales con las que se ha pretendido derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Con Estados Unidos como mente maestra y una caterva de apátridas como cómplices necesarios, se inventó un artificio jurídico para, siendo oposición, robar empresas, activos en dinero o metales, bonos y hasta barcos cargados de gasolina y aviones. Algo inédito porque robos a esa escala sOlo podían realizarse desde el gobierno.
En medio del gran desarreglo que ha significado la aplicación del bloqueo criminal y de las mal llamadas “sanciones”, se diseñó el mecanismo de supervivencia contenido en la Ley Antibloqueo. Pero, como los delitos de la corrupción son de astucia, y parte de la astucia es el aprovechamiento de la oportunidad, los vivarachos de cuello blanco, asociados con los de camisa roja, lo emplearon para hacer una bacanal de dinero robado.
[Ser corrupto siempre es robar al prójimo, al compatriota, lo cual es reprobable en cualquier circunstancia. Pero hay casos en los que esa conducta es aún más abominable. Por ejemplo, en medio de una emergencia nacional cuando se toma el dinero destinado a los más vulnerables o, como en este caso, cuando los ingresos del país habían caído casi a cero. Es el tipo de acciones que, usando otro decir popular, no tienen perdón de Dios. Pero, de nuevo, es un tema aparte].
Lavar en casa los trapos sucios
Cerremos, por ahora, este paseo por el museo de la corrupción con un aspecto muy actual. Es la influencia de las temporadas electorales en el manejo público de los escándalos. En el pasado ha sido reiterativo el argumento de que ventilar este tipo de asuntos en la cercanía de las elecciones puede perjudicar la estrategia de campaña, por lo que se aconsejaba no hacerlo, aplazar cualquier gestión al respecto. En casos extremos, se sugería hacerlo a puerta cerrada.
Recalamos aquí en otro de esos comodines lingüísticos que abundan en los discursos políticos: hay que lavar los trapos sucios en casa. Y no en cualquier momento, sino cuando sea conveniente.
Infortunadamente, esto ha servido para todo menos para restaurar la limpieza endógena. Más bien ha sido un subterfugio para ocultar ese trapero podrido y hacer que la casa despida una peste insoportable.
A partir de la operación Caiga quien caiga, iniciada en 2023 y repotenciada este año, pareciera ser que el enfoque cambió de manera diametral y que vamos a afrontar una recta final de campaña en la que este será un tema central del debate a cielo abierto. Eso, por sí solo, sería un gran avance. Veremos.
