Profesores Jefes de las Cátedras de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela.
Las jefaturas de las Cátedras de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela se pronunciaron sobre la violación general de derechos políticos de los venezolanos, vinculada a la convocatoria del proceso electoral presidencial que tiene una culminación prevista para el 28 de julio de 2024. Los profesores que integran las cátedras sostienen que no existen condiciones electorales mínimas en las actuales circunstancias y que, de persistir la situación que impide la inscripción de la candidatura presidencial de la ciudadana Corina Yoris, el proceso que culminaría el 28 de julio de 2024 no calificará como una elección.
Sostienen que la endeble situación política de Venezuela deriva de una crisis de legitimidad por el irrespeto de la voluntad popular, producto del absoluto control institucional que ejerce el Gobierno sobre la rama judicial del Poder Público (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) y el Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral, CNE), por lo que no existe un órgano imparcial que pueda dirimir las controversias políticas. Esta ha sido la razón fundamental por la que, en las actuales circunstancias, el diseño autoritario contrario a un Estado Constitucional de Derecho no se pueda desmontar con la sola convocatoria electoral.
Por tales razones, han decidido dirigirse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tome en consideración un completo informe que elaboraron sobre el ejercicio de derechos políticos en Venezuela, para comprobar la “violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos, entre ellos: i. si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial” y las “violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana y la Convención Americana”.
Asimismo, solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que de conformidad con el artículo 59.6.d. del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califique la violación de los derechos políticos de los venezolanos como una situación estructural de inconvencionalidad ante “la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables”. Señalan como factores que determinarían tal declaratoria: I. la grave crisis institucional que infringe el disfrute de derechos políticos; y II.
Las omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales y cumplir las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana.
También presentaran el informe a la Secretaría General de los Estados Americanos a los efectos de transmitir a la Asamblea General, como máximo órgano político del Sistema Interamericano, el carácter recurrente de la violación de derechos políticos de los venezolanos por parte del Estado y el crónico desconocimiento de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano y los principios que le dan fundamento.
Suscriben los profesores Jefes de Cátedra de la UCV: Isabel Cecilia Esté. Leonel Alfonso Ferrer. Nelson Chitty La Roche y Tulio Álvarez.
El vocero profesor Nelson Chitty La Roche.