A partir de la Constitución del año 1.811 y, por la influencia de la Revolución Norteamericana, se instauró en Venezuela la institución Presidencial, concretamente en su Artículo 72, que previó su ejercicio en tres (3) individuos elegidos popularmente. Desde ese año, dicha institución quedó enraizada en la historia de nuestro país y sobre todo en la cultura de su gente, que la aprecia como el poder de mayor significación. En nuestro teórico sistema republicano, la institución presidencial, es la que tiene en la actualidad la mayor influencia respecto de los restantes poderes, lo cual constituye una grave incongruencia respecto de los motivos que la originaron, que no era otro que establecer el principio de equilibrio y separación de poderes, como método para limitar el abuso en el ejercicio del poder, además de encabezar a la Administración Pública.
En razón de lo anterior, vale decir que, en los preparativos de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2024, uno de los temas a debatir será el de la autocracia presidencial, lo que sin dudas, debe llevar a reducir en el mediano plazo, las exageradas atribuciones que se le han concedido al Presidente de la República por este régimen, en detrimento del Estado de Derecho, alegándose en tal sentido para justificarla que éste debe ceder ante el Estado Social, con lo cual se ha plantado el abuso de autoridad contra muchos ciudadanos que representan a la Democracia liberal que el Gobierno adversa. De otra parte, la arquitectura constitucional vigente, le otorgó al partido-Estado en el año de 1999, la potestad de dominar todos los poderes, encontrándose a la cabeza de los mismos, la Presidencia de la República, convertida en una posición pública incuestionable y casi que infalible.
Otros temas de primer orden, que deben ir al debate político-electoral de este año, son los asuntos referidos a la posibilidad de instaurar la segunda vuelta presidencial y la reelección inmediata o no del Presidente en funciones, para terminar de una buena vez, con la figura de la reelección indefinida contemplada en enmienda constitucional No. 1, y que es considerada por la justicia interamericana como un hecho antidemocrático, que atenta flagrantemente contra los principios constitucionales de la alternabilidad y, el pluralismo y que fue impulsada en su momento por el difunto presidente Chávez Frías, con apoyo popular, gracias al enorme carisma de éste. Así mismo, en Venezuela se debe estudiar la posibilidad de formar Gobiernos de coalición, mediante el dictado de la correspondiente normatividad constitucional, dada la magnitud de la crisis de distintos órdenes que vivimos, en los niveles nacional, estadal y municipal.
La coalición mencionada estaría integrada por los partidos políticos que ocuparon el segundo y tercer lugar en las elecciones, y se justificaría porque el orden constitucional venezolano está hecho para que el ganador de las presidenciales se lo lleve todo y las minorías queden excluidas y casi que desconocidas, lo cual es también inapropiado con un sistema democrático. En ese sentido, una de las atribuciones y obligaciones que tiene en la actualidad el Presidente de la República es la de dirigir la acción de gobierno, con exclusión de sus adversarios; Aparentemente esta situación es institucional; sin embargo, es a partir de la misma, que los dos (2) presidentes del oficialismo crearon políticas públicas discriminatorias, que fueron defendidas por los Poderes Públicos sumisos. Es por ello que, en el debate electoral sobre la Presidencia, la ciudadanía debe exigir a los candidatos el compromiso de respetar al menos los valores de la igualdad y la imparcialidad en la decisión de los asuntos públicos.
Otro aspecto que muestra el excesivo poder presidencial es el que tiene que ver con la política militar, la cual es hondamente influenciada por el Presidente de la República, desde la Constituyente de 1999, por la falta de controles parlamentarios al respecto, en especial en el tema de los ascensos de coroneles y capitanes de navío, todo lo cual debe entrarse a considerar en una necesaria reforma del Estado, pues en ese campo ocurre mucha discrecionalidad y poco respeto a los méritos de los efectivos militares superiores. En la campaña electoral por venir, se debe debatir igualmente sobre la vigencia o no de la Vicepresidencia de la República; si se escoge por elección popular o si se transforma en la figura del primer ministro como en años anteriores se planteó, para organizar, coordinar y supervisar la Administración Pública nacional, tan opaca e ineficiente en la información sobre el manejo de los recursos financieros y que la hace responsable de actos impunes de corrupción.
También debe ir, al debate electoral cercano, el tema del manejo de las relaciones internacionales impulsadas desde la Presidencia de la República, al respecto se debe consultar a los electores sobre si la Nación venezolana está conforme con la manera en que se han desenvuelto las relaciones con Colombia, Estados Unidos y Brasil, países con los cuales por razones geográficas, históricas, culturales y geoestratégicas, siempre debemos tener relaciones o si por el contrario lo ideal es seguir estrechando relaciones con países de Asia y Eurasia o con países caribeños poco democráticos y de escasa influencia geopolítica. Plantear para el debate electoral, si se está conforme o no, con el manejo gubernativo del problema limítrofe del Esequivo. En fin, esas y otras cosas más, deberán ser abordadas por los candidatos presidenciales de las oposiciones existentes o de una única oposición, si deciden unirse.
