El término posverdad es un neologismo que se utiliza para describir la distorsión intencionada de la realidad con el objetivo de crear y dar forma a la opinión pública, influyendo en las actitudes sociales (Steve Tesich, 1992). La posverdad implica un fenómeno en el cual la veracidad de la información pierde relevancia frente a la habilidad estratégica de influir en la opinión mediante el uso de la mentira, la manipulación emocional y cognitiva.
La distorsión deliberada de la realidad, lejos de basarse en la veracidad de los hechos, se centra en la capacidad de generar respuestas emocionales y conformar narrativas persuasivas. Históricamente el nacional-fascismo bolivariano ha recurrido al uso de la posverdad desde sus mismos inicios como proyecto político, así una intentona golpista fracasada la convirtieron en el “Amanecer de la Esperanza”.
En sus narrativas no veraces, publicitan el “éxito de su modelo de salud”, a pesar de la escasez de recursos médicos y el estado de abandono en el que se encuentran la mayoría de los centros hospitalarios del país. Del mismo modo, en su estrategia del engaño y la mentira, aseguran “defender la soberanía nacional”, a pesar de la entrega de nuestros recursos petroleros al capital transnacional mediante la creación de las Empresas Mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco y de haber cedido el control de la producción gasífera y carbonífera a compañías transnacionales norteamericanas, chinas y rusas.
En su versión distorsionada y tendenciosa de la realidad, proclaman “defender los intereses de los trabajadores”, a pesar de que sus políticas neoliberales erosionaron el valor social del trabajo y generaron una precarización en las relaciones laborales. En su posverdad de “proteger a los asalariados” eliminaron los convenios colectivos, debilitaron la fuerza sindical, bonificaron el ingreso salarial, judicializaron las luchas reivindicativas e impusieron salarios de hambre. Como consecuencia de estas medidas, millones de venezolanos han emprendido la dolorosa decisión de abandonar el país en busca de un futuro más prometedor, marcando así un hito sin precedentes en nuestra historia.
En su retórica posmoderna hablan de un “proyecto humanista” respetuoso y garante de los derechos humanos, cuando han impuesto un cruel terrorismo de Estado materializado en ejecuciones sumarias en barriadas populares, la persecución y detenciones arbitrarias de la disidencia política, así como el uso sistemático de las torturas más crueles por parte de funcionarios del SEBIN, PN, y del DGCIM (laceraciones, asfixia mecánica, descargas eléctricas, quemaduras y heridas con objetos cortopunzantes o contundentes). Muchos han sido asesinados como los casos de Rafael A. Arévalo y Fernando Albán o dejados morir por falta de atención medica como el General Raúl Baduel.
En su mundo falaz, sostienen haber contribuido a la “democratización de la sociedad”, a pesar de haber militarizado e impuesto un nefasto control social. Aseveran “defender la integridad territorial” mientras abandonaron el reclamo territorial del Esequibo durante 25 años. Promocionan el “Arco Minero del Orinoco como modelo de minería”, cuando en realidad representa la manifestación más extrema del extractivismo salvaje, perjudicial y empobrecedor.
El nacional-fascismo bolivariano en su posverdad le da una interpretación selectiva de la realidad, pero además maliciosamente impone su narrativa como la única válida. Así, la verdad se convierte en un instrumento de poder y control ciudadano, moldeando la percepción colectiva a través de la insistencia en una realidad alternativa que, aunque carente de fundamentos, busca legitimarse a través del control social-militar que ejercen sobre la población.
La posverdad bolivariana se erige como un desafío y amenaza para la democracia venezolana, al emplear falacias que generan un sentido de pertenencia antidemocrático. En el contexto del proyecto nacional-fascista bolivariano, la posverdad representa su columna vertebral, apuntalada por el manoseo de la pobreza y la desesperanza con el tutelaje de la bota militar.