En el mundo se está desarrollando un intenso debate respecto a la duración y metódicas para hacer más rendidora la jornada escolar. En buena medida como consecuencia del impacto arrasador de la Covid 19, los costos crecientes de la educación escolar de calidad y las pruebas fehacientes de que el crecimiento de la institucionalidad educativa tiene una relación muy positiva con el desarrollo sustentable de justicia social.
De igual manera existe el convencimiento generalizado, apoyado en multitud de estudios comparados llevados adelante por las organizaciones internacionales que aúpan el crecimiento económico y la distribución de sus efectos entre las mayorías, de que esos adelantos acompañados de un equilibrado funcionamiento democrático de la sociedad son la clave de la lucha contra la mayor de las carencias humanas: la pobreza. Eso es en el mundo y en los sectores progresistas de la humanidad, donde y cuando tal asunto se convierte en ley motiv para la política democráticamente actuada. Cuestiones todas que invitan a producir un viraje fundamental de la Gestión y la Política Pública, en países como el nuestro, que marchan a contracorriente de las prescripciones más elementales de la justicia pedagógica universal.
Donde el autoritarismo impone la sumisión a intereses políticos que disminuyen, en los hechos más que en las palabras, la promoción de la educación de calidad para todos. Donde el Estado expropiado por un gobierno pedagógicamente primitivo le dio la espalda a las ideas y prácticas universales asociadas a la posibilidad real de que la educación pública tuviese utilidad franca para la lucha contra la pobreza endógena.
958 Memoria Educativa Venezolana, paso a paso
