Jorge Rodríguez espera que premio Cervantes otorgado a Cadenas no sea «ningún mecanismo de manipulación política». Efecto Cocuyo
Un primerio de mayo caliente. LiMEV
Dirigente sindical Elsa Castillo: Tiza no tumba gobierno, plomo sí, por eso Maduro le da a los militares y no a los docentes. El Nuevo País/La Ceiba
Poco se sabe sobre lo que, en términos contables y de fuente estatal, ocurre en universidad venezolana y en el resto de la institucionalidad que conforma la educación superior. Muy de vez en cuando aparece una que otra información sobre alguna de sus miserias, como es el caso de lo que recogemos en esta edición 950 del Boletín cuando podemos leer un trabajo de Wherner Sandoval en Últimas Noticias que proporciona caustica cuenta de la preocupante situación de la inscripción y seguimiento de las facultades de la UCV. Cuestión que viene siendo puesto sobre la mesa de las preocupaciones y ocupaciones desde hace mucho por universitarios hoy candidatos como son Víctor Rago, Pedro Castro, Alberto Lovera o Tulio Ramírez y quienes los acompañan en sus respectivas fórmulas electorales. Es muy posible que el tema sea asunto fundamental en esta cita electoral pues se trata de la contracción del tipo de formación profesional que nos podría abrir las puertas al siglo XXI, franqueando el cerrojo civilizatorio que nos lleva al XIX.
Hace mucho tiempo ya, dese el 2016 -2017 que la información fundamental no se genera en el Estado, se estima desde la vívida denuncia de los gremios más responsables y la valiente información que producen las ONGs y la Academia especializada en educación. Cosas tan elementales como es el número de inscritos, o las carencias generadas por la brutal diáspora universitaria lo intuimos por las denuncias que arriesgadamente hacen los gremios críticos y la academia especializada. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) las instituciones a las que corresponde producir la información y realizar el seguimiento de los indicadores de desarrollo institucional se ocupan poco más que de ladrar contra todo lo que se mueva en contra de su derecho a no hacer nada distinto a aquello que les permite conservar el poder. Tampoco dicen nada de los déficits que hay que encarar derivados de la desatención oficial. Solo les preocupa las posibilidades de un cambio político de cariz democrático como el que representan las primarias y la jornada electoral del año 2024 (si Miraflores y el TSJ lo permiten) Mucho menos dicen algo de razonable sobre la necesidad de trabajar la instalación de una gestión y política pública de la Educación Superior que compatibilice las funciones de las distintas institucionalidades que configuran en un país normal la educación más alta.
Profundizando la constitucional autonomía puesta al servicio de la relación al derecho humano a la educación de alto nivel, insistiendo en la inaplazable necesidad llevarla al siglo XXI mediante cauces tecnológicos y financieros que desarrollen en los hechos contables la autonomía de las instituciones. Más inversión social, más responsabilidad personal (evaluable y comprometida jurídicamente) de su liderazgo, mejores condiciones de trabajo, más tecnología, más y mejor productividad, fortaleciendo la idea de universidad y del complejo institucional restante de la Educación Superior. Tal cual lo pone a discusión pública UNT por intermedio de la síntesis elaborada por Samuel Pérez de los resultados de las Jornadas Ideológicas partidistas, cuyo trabajo se apoyó en un texto presentado por Keta Stephany, quien no tiene vinculo orgánico con la organización política azul, pero cuya experiencia gremial y académica la hace merecedora de especial atención de cara a los importantes cambios que debe protagonizar el país crítico con el estado de cosas actual. Veamos ese texto que circula como alimento al debate público respecto al qué hacer en materia de Educación superior:
Revista 950 Memorias Educativa Venezolana, paso a paso
