Luis Alonso Hernández: La idea de los derechos humanos en Venezuela

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Desde hace ya un tiempo en Venezuela se vienen cuestionando ciertas acciones del Gobierno Nacional en relación a los derechos humanos. El asunto ha sido señalado en diversos informes de Naciones Unidas, que incluyen advertencias sobre la situación y se exhorta al poder político a tomar correctivos urgentes.

Sin embargo, casos como la reciente decisión de la jueza Kenia Carrillo, quien absolvió al sargento Arli Méndez, acusado por asesinar a quemarropa al joven David Vallenilla durante las protestas de 2017, nos ponen a pensar sobre la putrefacta justicia que se imparte en el país.

Precisamente, el caso Vallenilla está incluido en el expediente para investigar al Estado venezolano en la Corte Penal Internacional y, la nueva aberración judicial pareciera ser una provocación a las solicitudes hechas en el informe Bachelet, para agilizar las investigaciones y procesos penales de las muertes cometidas en el marco de las manifestaciones en contra de la administración madurista.

La acción de la jueza es tan dudosa, que el propio fiscal general anunció la apertura de una investigación penal contra Carrillo, titular del Tribunal 15 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.

Sobre estas investigaciones se habían dado pasos importantes. Por ejemplo, el citado informe Bachelet describe que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de las fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos en ese contexto, entre ellos la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la condena al responsable de la muerte de Bassil Dacosta, rostro visible entre las decenas de jóvenes vilmente masacrados en las protestas de 2014.

Pero como dice el refrán, lo que se hace con las manos lo derrumban con los pies y decisiones como las del caso Vallenilla demuestran la banalización del derecho a la vida en este país. La actuación de las fuerzas de seguridad, no sólo en los tiempos de la muerte de DaCosta, Vallenilla, Génesis Carmona o Geraldine Moreno, sino en otros de data más reciente, ratifican esta afirmación.

El último informe de la ONU, por ejemplo, si bien baja el tono sobre las alertas hechas a Venezuela, mantiene su preocupación sobre las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, popularmente conocidas como FAES, señaladas por varias Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas Monitor de Víctimas, de matar en los últimos meses a por lo menos 57 personas en Caracas.

El mismo informe pide la disolución del controvertido cuerpo, pero hasta el momento no ha ocurrido y, por el contrario, goza de simpatía en lo más alto del régimen.

En este sentido vale la pena recordar que los derechos humanos invocan un reino de justicia y moralidad que trasciende y es superior al país.

Además, son inalienables e internacionales, es decir, los gobiernos no pueden limitarlos o extinguirlos y sobrepasan fronteras y a la propia nación. Esperemos entonces que la última medida en el caso Vallenilla sea revertida y sus padres, hoy día en el exilio, puedan tener algo de paz.

 

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Sobre María Corina Machado