El Comando Intergremial del Transporte. Considera que la aceptación, incluso de manera un tanto irresponsable, por parte del ejecutivo de la realidad que impone la dolarización de facto de la economía venezolana está condenado al sector del transporte público en todas sus modalidades; Urbana, Sub y extra urbana al colapso definitivo. En Venezuela la economía camina en una tierra de nadie, en el peor de los mundos, el desorden monetario que existe en el país, nos presenta una dualización de la economía (2 tipos de monedas circulante) una parte de la economía que tiene acceso al Dólar Americano y una parte que No tiene acceso al Dólar Americano, este último sector; es la cenicienta de la economía. Y obviamente está condenado a grandes penurias o a desaparecer por no tener la capacidad de competir en el universo de la economía real, dolarizada.
Lo que con una actitud alegre no previó el Gobierno Nacional, fue que esta caótica Dolarización sin reglas trae como consecuencia, la imposibilidad de planificación y programación, determinar la estructura de costos. La elaboración de políticas de financiamiento que, permitan asegurar, reponer, mantener los activos y bienes en uso, procesos esencialmente importantes y necesarios en cualquier actividad económica, y muy especialmente y sustancialmente en una actividad como lo es el transporte de pasajeros, en tanto las unidades sufren un inevitable desgaste mecánico y una depreciación constante por tiempo y uso. Ya las decisiones previas de eliminar el dólar preferencial para el sector transporte, suprimir tickets, el subsidio estudiantil y adicionalmente regular la tarifa, impidiendo con medidas punitivas y amenazas la necesaria indexación (ajuste en función de la inflación), en momentos que el país sufría una incesante devaluación y una alta inflación, condenó al sector transporte a trabajar a pérdidas.
No existe tarifa, por alta que sea que pueda sustentar los costos operativos del servicio sino se corrigen los problemas estructurales de la economía, además cuando los ingresos, tan bajos, de la gran mayoría de los usuarios les impiden cancelar los costos reales de sustentabilidad del servicio y no reciben de parte del estado y los empleadores los bonos de transporte que les permitan cubrir sus necesidades mínimas de movilización y transporte. La economía venezolana tiene varios años consecutivos de contracción y recesión, la emigración forzada, fundamentalmente de sectores jóvenes y productivos, al igual que la pandemia del Covid -19 y las medidas de cuarentena y restricción de contacto social generó la disminución de las necesidades de movilización y contrajeron abruptamente la demanda. El paro técnico y los cambios de ramos de un importante grupo de transportistas permitieron que los pocos que sobrevivieron satisficiera a medias las necesidades de movilización y transporte de la población.
La realidad política y de la industria petrolera en el país, obligará a internacionalizar los costos de los combustibles y deberá permitir con políticas y planificación adecuada que el 20% que posee vehículo propio facilite que el 80 % que no lo tiene pueda disponer de un transporte público de mediana calidad.
Se requiere seriedad, compromiso con el país, consensos tripartitos, inteligencia, madurez y comprensión de la dura y compleja realidad que vive Venezuela y en especial del sector transporte para que encontremos entre todos las respuestas y soluciones necesarias. Más temprano que tarde la pandemia pasará y todas las fuerzas productivas tendrán que ponerse en marcha para garantizar el desarrollo pleno del país y ello implica que se requerirá ampliar y facilitar la movilización y el transporte. El mundo del siglo XXI no se puede manejar con criterios y conceptos propios de la era de piedra. El sector transporte ratifica su compromiso e intención de contribuir a la verdadera construcción de soluciones y respuestas eficaces.
