La cartera de crédito de la banca venezolana representa 0,01% del total de préstamos otorgados por los bancos de América Latina al cierre del primer semestre del año, de acuerdo con una data recopilada en un reporte del Instituto Venezolano de la Carne y la Leche (Invelecar) con base en datos oficiales de cada país registrado.
El volumen de crédito otorgado en América Latina al cierre de junio pasado ascendió a 1.760.687 millones de dólares, de los cuales solo 165 millones de dólares corresponden a Venezuela; de lejos la menor cartera de crédito bancario de la región.
El ranking fue encabezado por Brasil, con un portafolio 754.014 millones de dólares, equivalente al 42,82% del total, seguido por México, con una cartera de 270.001 millones, 15,33% del total y Chile, con 261.744 millones de dólares, 14,87% del mercado regional.
El resto del «top 10» se compone con: Colombia, US$146.074, 8,30% del total; Perú US$86.326, 4,90% del volumen total; Panamá US$54.282 MM, 3,08%; Argentina, US$33.013 MM, 1,88%; Costa Rica, US$30.518 MM, 1,73%; Ecuador US$28.994 MM, 1,65%; y Bolivia 24.225 MM, 1,38%.
Esta situación explica por qué los niveles de financiamiento de la producción en Venezuela son tan precarios, especialmente en los casos de sectores más intensivos, como el agropecuario y la manufactura, que padecen una sequía de crédito que ha obligado a sus actores a reducir sus inversiones a niveles de 90% en los últimos años, según diversas fuentes.
Lo cierto es que en Venezuela no existe prácticamente ni crédito comercial ni financiamiento del consumo, elementos clave para dinamizar cualquier aparato productivo y que son segmentos fundamentales para el resto de la banca en América Latina.
Debido a la restricción de liquidez que el gobierno aplica a la banca venezolana, los resultados de la cartera de crédito, al cierre del primer semestre, muestran como la cartera, incluso, se viene desacelerando en bolívares con una capacidad de compra que se erosiona a pasos agigantados, lo que hace a este factor prácticamente irrelevante como componente de capital de trabajo de las empresas, un hecho que no tiene sentido frente a la más elemental racionalidad financiera.
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