El panorama político está oscuro, es a su vez el momento de mayor crisis del régimen, esto no quiere decir que se detenga en su propósito; para la sociedad es justo el punto para señalar, aquí nadie se rinde, está muy duro para los venezolanos, que se encuentran en condiciones inhumanas, según los resultados de la encuesta Encovi.
El Gobierno está sin dinero y el país en bancarrota, no podrá seguir administrando la crisis de escasez en razón a que se convirtió en crisis de alimentos, etapa previa a la hambruna, no puede manejar la expansión de la pandemia solo con confinamiento, en razón a que lo poco que quedaba de economía está muriendo, y el virus en plena expansión, no está refinando gasolina y no le llegará lo que pensaba.
Por otro lado, la detención y extradición de Alex Saab, considerado el hombre clave de las finanzas del Gobierno y el lavador del dinero del narcotráfico de las FARC, pone a los titulares del poder en Venezuela en dificultades que ya no son de carácter político, pero sí en las condiciones previstas en la Convención de Palermo.
No obstante estas dificultades, el régimen no se detiene en su ruta de implantar su modelo, así tenemos que el TSJ, brazo articulador de las políticas liquidadoras de las garantías y derechos constitucionales, emitió dos sentencias, que presagian sus pasos finales.
La más reciente, la suspensión por 90 días de la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado por los concejos municipales y consejos legislativos de los estados, donde se establezca algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria.
Esta es una decisión para todas las alcaldías y gobernaciones, donde les terminan de cercenar las poquísimas competencias que les quedaban; quiero recordar que estas instancias desaparecen en la figura del Estado comunal, lo cual indica que esta decisión va en la corriente de su estrategia; ya estas estructuras están sin competencias y sus autonomías, sin pelea, les fueron arrebatadas; la inflación y la devaluación las dejaron vacías.
La otra decisión del TSJ fue cambiar las directivas de los partidos del G4, faltando solo UNT por este cambio. El argumento manido es que serán reestructurados, pero a ninguna organización le establecieron fecha de elecciones internas y, paradójicamente, el CNE señala que participarán 105 organizaciones partidistas en las próximas elecciones con la ampliación a 277 la cantidad de diputados, cambiando la representación de lista y circuitos.
El modelo que se propone por ahora no será de partido único, pero se garantizará que todos los que participen tengan acuerdos previos con el régimen, así, ningún designado para AD, PJ, VP, fueron sorprendidos con tales designaciones, no, ellos fueron producto de acuerdos y negociaciones. El resultado electoral tendrá en esta oportunidad, por un lado, el color mayoritario rojo y el resto franjitas de múltiples colores, para exhibir la amplísima representación de partidos, cuando en realidad son los mismos.
Se asoman además dos peligrosas decisiones, ya no del brazo judicial, sino gubernamental, la primera, dejar sin posibilidad de entregar pasaportes ni prórrogas hasta el próximo año (eso dicen), suponemos que no entregarán más; y la segunda, es asumir los gastos de los condominios; el que entregue la información de condominios a los consejos locales, se los está entregando de forma directa al chavismo y al movimiento de pobladores.
La participación o la abstención por sí solas no dan resultados sin una estrategia de propósito adecuada.
La oposición debe entender que se está quedando sin estructura, camino a la ilegalidad, que no se puede concebir una estrategia que no contemple el escenario internacional aliado siempre en el mismo proyecto, que se debe superar la profunda crisis de representatividad, dándole paso a la sociedad civil que está trabajando desde sus organizaciones de forma muy activa, a la cual deben sumarse en apoyo. Construir un inmenso voluntariado de ciudadanos para el país, con un plan y luego sí decidir cómo hacerlo.
Dios los bendiga.