Vali Nasr archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Miles de iraníes han vuelto a tomar las calles para protestar por el desplome de la moneda nacional y la escalada de la inflación, y muchos exigen ya el fin de la República Islámica. Pero, esta vez, la respuesta del Gobierno ha sido distinta a la de anteriores oleadas de agitación social. A diferencia de lo ocurrido durante el Movimiento Verde de 2009 o el levantamiento de 2022 al grito de Mujer, Vida, Libertad, las fuerzas de seguridad tardaron en reaccionar mientras las protestas actuales ganaban intensidad. En lugar de recurrir de inmediato a una represión masiva, el presidente Masoud Pezeshkian respondió inicialmente con reformas de austeridad destinadas a liberar recursos y aumentar los subsidios para los sectores más pobres. Esa estrategia, sin embargo, no duró. Si bien parte de la población más vulnerable pudo quedar momentáneamente contenida, las clases medias –que asumieron el coste de los ajustes– se sumaron al malestar en cifras crecientes. Lo que comenzó como una expresión de descontento económico se transformó rápidamente en una revuelta política. Solo cuando las manifestaciones se extendieron por todo el país el 8 de enero, el régimen endureció su postura y empezó a reprimir con mayor contundencia. ¿Por qué esta vez el poder reaccionó de manera tan diferente ante la disidencia política? Las protestas se desarrollan bajo la sombra de la guerra de doce días entre Irán e Israel del pasado junio. La élite iraní continúa conmocionada por aquel episodio y actúa como si el conflicto pudiera reanudarse en cualquier momento. Desde esa perspectiva, la amenaza externa pesa más que la agitación interna. De hecho, el golpe infligido por Israel a Hezbollah, junto con el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria, ha dejado a Teherán con menos capacidad de disuasión frente a una eventual intervención extranjera. A ello se suma un factor adicional: Irán ya no es capaz de impedir que actores externos alimenten el descontento popular en el interior del país. Durante la guerra de junio de 2025, muchos iraníes cerraron filas en un reflejo nacionalista, y el régimen reaccionó relajando la aplicación de algunas normas religiosas, sobre todo las relativas al uso del hiyab. Pero las protestas actuales plantean un dilema. Una represión excesiva podría romper el frágil entendimiento alcanzado con parte de la sociedad tras el conflicto; permitir que las protestas crezcan, en cambio, podría abrir la puerta a una intervención exterior. El deterioro económico también ha sido un elemento decisivo. La combinación de mala gestión, corrupción y sanciones ha disparado la inflación y el desempleo, debilitando progresivamente a la clase media y ampliando el número de personas en situación de vulnerabilidad. La guerra de junio aceleró estos procesos: en los seis meses siguientes, el rial perdió más del 40% de su valor y la inflación se disparó hasta el 60%, según distintas estimaciones. Además, se extendió la idea de que los daños al programa nuclear iraní habían reducido el margen de maniobra del régimen para negociar un alivio de sanciones. Eso alimentó una rápida fuga de capitales. Para los dirigentes iraníes, la precariedad económica que ha llevado a los manifestantes a las calles está estrechamente vinculada a la amenaza exterior. No olvidan que, durante la guerra del año pasado, Israel pidió explícitamente a los iraníes que se rebelaran. El cálculo era que la eliminación de decenas de altos mandos militares y el golpe a las instituciones de seguridad podría empujar a una población inquieta a levantarse contra un Estado debilitado. Aunque ese escenario no se materializó, Teherán sacó una conclusión clara: Una insurrección popular forma parte de la lógica de guerra de sus adversarios. Esa sospecha se reforzó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió recientemente a las redes sociales para declarar que su país está “preparado y armado” y dispuesto a intervenir para “rescatar” a los manifestantes iraníes de una represión violenta. Desde el punto de vista del régimen, el verdadero peligro no reside tanto en lo que los iraníes puedan lograr por sí mismos, sino en que las protestas sirvan para justificar una acción militar estadounidense. Los paralelismos más evidentes remiten a Libia y Siria durante la Primavera Árabe, cuando Estados Unidos y algunos gobiernos europeos invocaron la “responsabilidad de proteger” para legitimar intervenciones militares. Aquellos levantamientos derivaron pronto en estrategias externas de cambio de régimen, y terminaron conduciendo a guerras civiles y colapso estatal. No es un detalle menor que la Guardia Revolucionaria iraní esté llena de veteranos del conflicto sirio: muchos han visto de primera mano lo rápido que unas protestas inicialmente pacíficas –cuando reciben apoyo exterior– pueden desembocar en una guerra abierta. La obsesión por evitar un escenario similar al de Libia o Siria condiciona hoy las decisiones del poder en Teherán. Otro elemento que influye en el cálculo iraní es la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La conmoción fue global. No se trató del tipo de cambio de régimen aplicado en Afganistán o Irak a comienzos de los años 2000, ni del que se intentó en Libia o Siria una década después. En lugar de desplegar tropas o promover una reconstrucción institucional, la administración Trump dejó intacta la estructura chavista, y exigió su sometimiento a un control estadounidense bajo amenaza de estrangulamiento económico. ¿Podría Washington aplicar una estrategia similar contra la República Islámica? Si así fuera, podría recurrir a un ataque de precisión para eliminar al líder supremo y a otros dirigentes políticos y militares, capturar petroleros iraníes en alta mar y exigir la rendición del Estado a condiciones que incluirían abandonar los programas nuclear y de misiles y ceder el control de sus recursos naturales. Incluso sin llegar a asesinar a sus líderes, una combinación de bombardeos e interdicción de exportaciones petroleras podría poner al régimen contra las cuerdas. Ante estos posibles escenarios, la respuesta inmediata de Irán ha sido subrayar el coste potencial de una agresión estadounidense. El 6 de enero, el Consejo de Defensa revisó su postura estratégica y anunció que el país podría adoptar “medidas preventivas” si detecta “signos objetivos de amenaza”. Un ataque preventivo contra objetivos estadounidenses en Oriente Próximo desencadenaría una guerra que Irán no desea y que podría acelerar el colapso del propio régimen. Sin embargo, la República Islámica tampoco puede permitirse proyectar la imagen de que su derrota sería fácil o gratuita. Incluso si Irán logra evitar un choque directo con Estados Unidos, y aunque esta oleada de protestas se apague, la economía iraní sigue atrapada en una espiral descendente. Eso implica que la ira social crecerá a medio y largo plazo. La República Islámica está atrapada en una tenaza: presionada por la amenaza externa de Estados Unidos e Israel, y por la amenaza interna de un levantamiento masivo. No hay una salida sencilla a este bloqueo. Un colapso total no parece necesariamente inminente, pero la revolución iraní se aproxima a su final. Profesor de Estudios de Oriente Próximo y Asuntos Internacionales en la School of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins.

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