Tristan Berteloot archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Una “decisión política” de “las fuerzas del sistema” contra el pueblo… Después de una semana denunciando a gritos una conspiración y llamando a sus fieles a “salvar la democracia”, Reagrupamiento Nacional (RN) organizó el domingo en París un mitin callejero en forma de manifestación de apoyo a Marine Le Pen, condenada el lunes 31 de marzo, en el juicio por el caso de los asistentes ficticios, a cinco años de inhabilitación con entrada en vigor inmediata, lo que le impide, de momento, presentarse a las próximas elecciones presidenciales francesas de 2027. Acudieron a la convocatoria entre 5.000 y 7.000 personas, a una plaza con grandes claros, desde luego demasiado grande; muchos de los asistentes procedían de las federaciones locales y habían llegado en autobuses. En definitiva, la cita fue un fracaso, lejos de la movilización que esperaba el partido de extrema derecha. Y, estando allí, nos preguntábamos a veces dónde habían ido a parar los supuestos 20.000 nuevos miembros que el partido aseguraba haber sumado desde la decisión judicial, o los supuestos 500.000 firmantes de su petición, unas cifras que había anunciado RN e imposibles de comprobar. Pero el objetivo de RN, más que contar cuánta gente le apoya, era tranquilizar a sus votantes ante la voluntad de los “jueces rojos” de derribar a la jefa de la extrema derecha francesa. Reagrupamiento Nacional ha abandonado su estrategia de “normalización” para recuperar la retórica populista y antisistema. El lunes, nada más dictarse la sentencia, Marine Le Pen y los demás dirigentes de su partido reaccionaron de inmediato criticando a los magistrados para tratar de presionar a las instituciones judiciales y hacer que la opinión pública se inclinara a su favor. Desde que comenzó la investigación, en 2015, la líder del Frente Nacional (que cambió el nombre a Reagrupamiento Nacional en 2018) ha denunciado que se trataba de un juicio “político” contra su formación, en un intento de ocultar que estaba verdaderamente implicada en la malversación de fondos públicos europeos por un valor estimado de 4,4 millones de euros. Desde la condena dictada el lunes, a cuatro años de prisión —dos de ellos firmes—, 100.000 euros de multa y los ahora famosos cinco años de inhabilitación, su cólera se ha intensificado: ahora, los dirigentes de RN hablan de “la tiranía de los jueces rojos”, la “bomba nuclear” de un “sistema” pensado para intentar “robar” a sus electores las próximas elecciones presidenciales. Le Pen ha llegado a compararse con Alexéi Navalni, el opositor ruso asesinado por el régimen de Vladímir Putin. El domingo proclamó también que tenía mucho en común con Martin Luther King. Mientras que quien sí ha recibido amenazas de muerte ha sido la presidenta de la 11.ª sala del Tribunal Correccional de París, Bénédicte de Perthuis, que dictó la sentencia el 31 de marzo y que ha tenido que acogerse a la protección policial. Marine Le Pen perdió sus tres campañas anteriores al Elíseo, después de las cinco derrotas de su padre, Jean-Marie; pero finge estar en posición de ganar la próxima, pese a que su “lógica” candidatura todavía no es oficial, a dos años de las elecciones. En realidad, el partido, al que la sentencia no impide presentar a otro candidato que no sea ella, no tiene ningún “plan B” para sustituir a la líder de la extrema derecha. Al presidente de Reagrupamiento Nacional, Jordan Bardella, de 29 años, se le considera demasiado joven y no suficientemente competente para encabezar la campaña de su partido. La prueba de que está perdiendo poder dentro del movimiento de extrema derecha es que el mitin del domingo fue una imposición de Le Pen. En una ironía de la historia, el acto del domingo recordó a otro organizado en 1998 por Jean-Marie Le Pen después de que aquel año lo condenaran a dos años de inhabilitación por agredir físicamente a una representante de izquierdas durante un viaje político. En aquel entonces, el Frente Nacional ya convocó una manifestación en las calles de Versalles, cerca de París, frente al tribunal que había sellado su suerte. Ya en aquel entonces, los militantes de extrema derecha clamaron para “defender libertades”. En realidad, la reacción de Marine Le Pen y sus partidarios no es nada sorprendente. Tampoco lo son los apoyos llegados del extranjero a la diputada de Paso de Calais, todos procedentes de eurófobos. El mismo lunes, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que contribuyó a financiar su última campaña presidencial, se apresuró a criticar la condena judicial y publicó su mensaje en la red X: Je suis Marine, un guiño perverso al lema Je suis Charlie de las manifestaciones pacifistas celebradas en Francia tras el atentado contra Charlie Hebdo en 2015. El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció una “caza de brujas” contra Le Pen y el Kremlin denunció “la violación de las normas democráticas”. Lo cierto es que todas estas gesticulaciones solo sirven para desviar la atención de la extrema gravedad del caso y el motivo por el que Marine Le Pen y su partido han recibido una sanción tan dura. En total, además de RN y Le Pen, se ha condenado a 24 personas por su presunta participación en un sistema de malversación de fondos que se prolongó durante 11 años y tres legislaturas del Parlamento Europeo, mediante más de 40 contratos ficticios. Los jueces dicen que ella era quien daba las órdenes en la centralización y el arbitraje y tomaba las decisiones de desviar el dinero. En su caso, los magistrados “no tienen ninguna duda”. Los 4,4 millones de euros de dinero público desviados, unos recursos asignados por el Parlamento Europeo para que los eurodiputados contrataran a colaboradores, se utilizaron para financiar (y enriquecer) a su partido de extrema derecha y a las personas que trabajan en él. En 2014, el FN obtuvo 24 eurodiputados. Todos ellos disponían de una asignación mensual de 21.000 euros para contratar asistentes parlamentarios. Pero el movimiento estaba muy endeudado (9,1 millones de euros). Para salir a flote, decidió desarrollar este sistema centralizado de gestión de los fondos con el fin de desviarlos de su propósito, en violación absoluta de las normas del Parlamento Europeo, que el partido presidido entonces por Le Pen aborrecía. Los “asistentes” de los diputados del FN (ahora RN) en la Eurocámara trabajaron para la formación de Le Pen en Francia mientras recibían un sueldo de Europa. Y las personas cercanas a la líder aprovecharon para llenarse los bolsillos de dinero público, con suculentas remuneraciones que el partido no habría podido pagarles: 5.000 euros netos al mes para la entonces pareja de Marine Le Pen, Louis Aliot, contratado como asistente a tiempo parcial; 6.000 euros mensuales para su guardaespaldas. Más que el sueldo de un eurodiputado. Todo ello tenía un único objetivo: aprovecharse de Europa para que el Frente Nacional siguiera funcionando, para remunerar a sus colaboradores, promover su causa y facilitar el ascenso de Marine Le Pen. El partido actuó así durante años para acaparar el mayor volumen posible de recursos disponibles y sacar el máximo provecho político de ellos. El sistema, que ya existía, se desarrolló a escala industrial a partir de 2014: un contable próximo a la eurodiputada se encargaba de distribuir a los asistentes ficticios entre las partidas asignadas a cada parlamentario. De esa forma, en esta máquina bien engrasada, encadenaban los contratos —muchas veces contratos temporales— con distintos diputados en función de que estuviera disponible una parte de su dotación presupuestaria. Por ejemplo, una tal Micheline Bruna, que en realidad era secretaria del gabinete de Jean-Marie Le Pen, fue asistente parlamentaria sucesivamente de varios eurodiputados. Lo mismo ocurrió con su mayordomo. Es más, muchos de esos asistentes no tenían ninguna relación profesional con el diputado al que se suponía que estaban asignados. Era frecuente que no hubieran hablado e incluso que no se conocieran. Para defenderse, Marine Le Pen, condenada en particular por el puesto de trabajo ficticio de su guardaespaldas y su secretaria personal (una amiga suya), estuvo intentando explicar durante todo el juicio, que se celebró en París entre septiembre y noviembre de 2024, que el problema era únicamente una divergencia de opiniones sobre las normas del Parlamento. Una mentira más: Le Pen, abogada de formación, entró en el servicio jurídico del Frente Nacional en 1998 y aprendió bien la mecánica, que su padre ya practicaba antes que ella, durante años. Los desvíos no se interrumpieron hasta 2015, después de que la justicia abriera una investigación. Y no fue porque hubieran hecho examen de conciencia: Marine Le Pen y su círculo preveían desviar mayores sumas y durante más tiempo. “Hacer del Parlamento Europeo su gallina de los huevos de oro”, según la Fiscalía francesa. En sus requerimientos, el pasado otoño, los fiscales consideraban que el partido de Le Pen había construido un “aparato de guerra” para “desviar sistemáticamente, hasta la última migaja, la mayor cantidad posible de dinero público”. Vienen a la memoria los contratos de un solo día firmados a finales de año para “saldar” las cuentas (la palabra es Reagrupamiento Nacional), o para conceder bonos de fin de año a familiares, en particular a Yann Le Pen, la hermana de Marine, condenada el 31 de marzo a 12 meses de prisión condicional. Durante el juicio, no pareció que ninguno de los acusados lamentara los hechos, como tampoco Marine Le Pen. No obstante, la condena por unos hechos tan graves constituye una conmoción para su formación política, que siempre ha presumido de tener “la cabeza alta y las manos limpias”, para acabar saliendo del juzgado con la frente baja y las manos manchadas.

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Tristan Berteloot: La condena de Marine Le Pen

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