Sean Sweeney – Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Hace una década, la transición alemana hacia las energías renovables se consideraba un modelo para el resto del mundo. Hoy, buena parte de la clase trabajadora rechaza todo lo verde. ¿Qué pasó? En los últimos años, el término dunkelflaute («estancamiento oscuro») se introdujo en el discurso político alemán. Se refiere a un periodo de días o semanas consecutivos durante los cuales las fuentes de energía renovables generan poca o mínima energía. Puede ocurrir a finales de otoño y principios de invierno debido a una disminución del viento, a cielos nublados o a ambas cosas. En 2023, la energía eólica y solar dependiente de las condiciones meteorológicas representaba el 43% del suministro eléctrico de Alemania, el más alto del mundo. Olaf Scholz (socialdemócrata), junto con la «coalición del semáforo» gobernante (formada por Verdes, Socialdemócratas y Demócratas Libres), quiere acelerar el despliegue de energía eólica y solar, señalando el hecho de que, junto con la necesidad de abordar el cambio climático, la decisión de Rusia de invadir Ucrania y la subsiguiente crisis de suministro de gas ilustran vívidamente la necesidad de poner fin a la dependencia gasífera del país (que es importado en un 95%). En su «Paquete de Pascua» de 2022, el Gobierno alemán introdujo una serie de enmiendas legislativas destinadas a ampliar la cuota de las energías renovables hasta el 80% del suministro eléctrico en 2030 —un aumento masivo— como otro paso en el camino hacia casi el 100% de energías renovables en 2035. Avanzando y retrocediendo Cuando ocurre la dunkelflaute, Alemania depende del gas o el carbón para su suministro eléctrico, o bien debe importar energía nuclear y/o hidroeléctrica de Francia y los países escandinavos, respectivamente. ¿Reemplazar el carbón y el gas (que actualmente proveen, respectivamente, el 23 % y el 15,5 % de la electricidad de Alemania) por energía eólica y solar intermitente significa que los períodos de dunkelflaute serán más frecuentes y su impacto más severo? ¿Y qué pasaría si otros países de la UE también optaran por un futuro con alta dependencia de energías renovables? En los últimos años, se registraron varios eventos de dunkelflaute en los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, durante períodos de viento extremadamente débil, sistemas de alta presión persistentes y condiciones nubladas que tienden a oscurecer a varios países simultáneamente. El dunkelflaute no será, por tanto, un problema alemán, sino un fenómeno invernal en toda la UE que podría tener repercusiones económicas devastadoras. Nadie parece saber qué significa todo esto. Algunos ingenieros eléctricos creen que un sistema eléctrico interconectado en toda la UE en el que se agrupen la generación eólica y la solar puede «disminuir considerablemente la aparición de eventos dunkelflaute». Pero «considerablemente» no resulta tan tranquilizador, sobre todo cuando actualmente no existe ningún sistema eléctrico interconectado en toda la UE y el año 2030 está a la vuelta de la esquina. Esta y otras incertidumbres técnicas similares contribuyeron al aumento de la oposición a la energiewende (transición a las energías renovables) en Alemania. En las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, la ultraderechista Alternative für Deutschland (AfD) logró grandes avances, convirtiéndose en el segundo partido más grande, por delante de los tres partidos de la coalición gobernante. La inquietud por la seguridad energética, el aumento de los costos y la preocupación por la competitividad de Alemania alimentaron una oleada nacionalista de derechas que quiere frenar la «energiewende» para salvar a Alemania. Según un crítico nacional, Alemania está «demostrando al mundo de forma impresionante que la locura verde está condenada al fracaso (…). El pueblo alemán no quiere sacrificar su calidad de vida y sus puestos de trabajo por unos objetivos utópicos». Las implicaciones para la Unión Europea (UE) de estos planes (diseñados en gran medida por Alemania) que apuntaban a convertirla en «el primer continente con emisiones netas cero» para 2050, son potencialmente desastrosas. La oposición a los objetivos climáticos de la UE es ahora uno de los principales impulsores del populismo europeo, con Italia, los Países Bajos y Polonia entre un grupo de países que lideran los esfuerzos para obstruir el ambicioso Acuerdo Verde Europeo de la UE que se adoptó en 2019. Es probable que Alemania se una a sus filas, ya que se ha opuesto a la decisión de la Unión Europea de que los Estados miembros de la UE eliminen gradualmente la venta de automóviles con motor de combustión interna para 2035. Tiempos mejores Hace una década, la energiewiende alemana se consideraba un modelo para el resto del mundo. El despliegue de energía eólica y solar en el país ya había adelantado a las principales economías, se estaba reduciendo progresivamente el uso del carbón y se creaban «empleos verdes». Confiado en que las energías renovables eran el futuro, en 2011 el gobierno de la canciller Angela Merkel decidió cerrar el parque nuclear del país. La energiewiende atrajo a los progresistas preocupados por el clima porque parecía estar impulsada por los ciudadanos, ya fuera como productores-consumidores («prosumidores») de energía o como miembros de una cooperativa o «comunidad energética». Impresionados, muchos países adoptaron el modelo alemán como una forma de cumplir con sus obligaciones climáticas internacionales en virtud del Protocolo de Kioto y, más tarde, del Acuerdo de París. Pero avancemos rápidamente hasta el presente: La energiewiende alemana cayó en un profundo estancamiento, del que puede que nunca se recupere. Antaño motivo de orgullo nacional y presunto presagio de un sólido «crecimiento verde», la energiewende alemana se describe cada vez más como una piedra de molino atada al cuello de la economía del país. La coalición gobernante fue duramente criticada por su decisión de eliminar gradualmente nueve gigavatios (GW) de capacidad de generación con carbón para 2030 (2038 a más tardar) y por seguir adelante con el cierre de los tres últimos reactores nucleares del país, en abril de 2023. En 2011, tras la catástrofe de Fukushima, el 54% de los alemanes apoyaba el abandono de la energía nuclear; en 2022 —con Rusia habiendo cortado el suministro de gas a Alemania— una gran mayoría (65%) de los alemanes quisiera mantener operativas las centrales nucleares restantes. Ambas decisiones reforzaron la tesis de la derecha de que el celo del actual gobierno por las renovables está poniendo en peligro el suministro energético del país. Por desgracia, los hechos sugieren que la acusación probablemente sea cierta. En 2023, Alemania se convirtió en un importador neto de electricidad, lo que incrementó aún más la preocupación por la seguridad energética. La Oficina Federal de Auditoría (Bundesrechnungshof) ofreció en 2024 una evaluación contundente: La transición energética no va por buen camino en lo que respecta al suministro de electricidad: la seguridad del abastecimiento está en peligro, la electricidad es cara y el Gobierno Federal es incapaz de evaluar exhaustivamente el impacto de la transición energética en el paisaje, la naturaleza y el medio ambiente. No es un buen FIT La preocupación por el abastecimiento energético ha ido acompañada de inquietud por los costes actuales y futuros de la energiewende, sobre todo para la clase trabajadora. Impulsado por el Partido Verde y el SPD, el auge de la energía eólica y solar comenzó en el año 2000, cuando Alemania introdujo una subvención conocida como tarifa de alimentación (feed-in tariff, FIT) para los productores de energías renovables. La política no ponía restricciones ni a quién podía producir energía ni a cuánta energía podía producirse. Permitía a propietarios de viviendas, agricultores y empresas «inyectar» energía a la red a un precio acordado previamente por encima del precio de mercado. Los contratos FIT solían tener una duración de veinte años o más, lo que garantizaba altos niveles de remuneración a los consumidores. Con la vista puesta en el beneficio económico (¿por qué no en salvar el planeta?), comunidades y agricultores se unieron para crear más de ochocientas cooperativas de productores de energía. La subvención FIT parecía funcionar: creaba empleo, los niveles de implantación eran impresionantes y la política gozaba de un amplio apoyo popular. En 2012, Alemania —que no es precisamente el país más soleado del planeta— contaba con un tercio de la capacidad solar total instalada a nivel mundial. Los Verdes hablaban (y siguen haciéndolo) de la generación eólica y solar como fuente de creación de riqueza local para comunidades y municipios cuando, en realidad, la fuente de riqueza era la subvención y no las tecnologías en sí. En cualquier caso, el rápido despliegue de la energía eólica y solar en Alemania hizo que la política de FIT se extendiera rápidamente por toda Europa. En 2015, la eólica y la solar proporcionaban el 15% de la energía de la UE, más del triple de la media regional. La energiewende se convirtió en el modelo indiscutible de despliegue eólico y solar a escala mundial. En 2015, setenta y cinco países habían adoptado la FIT. Sin embargo, Alemania y otros Estados miembros de la UE optaron por recuperar el costo de los pagos FIT a los propietarios añadiendo un recargo por energía renovable a las facturas de electricidad de todos los consumidores. Los diseñadores de la energiewende nunca se sintieron cómodos describiendo a la FIT como una subvención pública, porque hacerlo habría provocado las críticas de los conservadores fiscales alemanes que habían diseñado las leyes de la UE de forma que limitaran los déficits presupuestarios de los Estados miembros. Como la subvención la pagaban los usuarios finales, la FIT no se calculó como deuda pública y, por tanto, no infringió las normas de gasto público de la UE. Esto significaba que por cada euro que llegaba a manos de un «prosumidor», propietario de una vivienda, agricultor o empresa, se recuperaba un euro de las facturas de electricidad de quienes no eran propietarios y, por tanto, no podían beneficiarse de la FIT. Y cuantas más renovables entraban en el sistema, mayor era el recargo por energía renovable. En el caso de Alemania, en 2019, aproximadamente el 50% del total de las facturas de los usuarios residenciales consistía en impuestos y gravámenes, y la mayor parte de ese 50% se utilizaba, hasta hace poco, para cubrir el costo del FIT. La FIT era un buen negocio, para algunos. Pero no tanto para el 53,5% de la población alemana con menos recursos que alquila su vivienda, el porcentaje más alto de la Unión Europea. Cerrando el paquete Tras los reveses electorales de junio de 2024, la coalición alemana en el poder luchará ahora por evitar que se desintegre el Paquete de Pascua de 2022 y mantener así el avance de la energiewende. Según el Gobierno, la necesidad de sustituir el gas ruso por gas natural licuado (GNL), caro y suministrado en su mayor parte por EEUU, iba a elevar los precios de la electricidad. Pero ahora que los precios del gas empezaron a bajar, los de la electricidad también lo harán. Pero los alemanes saben que el recargo a las energías renovables había hecho que los precios de la electricidad en Alemania fueran los más altos de Europa ya desde antes del fuerte aumento de los precios del gas importado. Entre 2007 y 2022, los precios residenciales subieron un 250%, debido en gran parte a la decisión de recuperar los pagos FIT realizados a los propietarios y para cubrir los «costos del sistema» (como las mejoras de la red) necesarios para integrar fuentes de energía muy distribuidas. En comparación con los otros veintiséis países de la Unión Europea, en 2023 los alemanes pagaron un 47% más que la media de la UE. En 2021 —antes de la invasión a Ucrania —, el nuevo Gobierno del canciller Olaf Sholz intentó contener la reacción contra la energía eólica y solar eliminando el recargo por energías renovables de las facturas mensuales de los clientes, una medida que redujo inmediatamente las tarifas eléctricas residenciales en un 20%. Pero el Gobierno financió la supresión del recargo con un Fondo Especial para el Clima y la Transformación (KTF) de 177.500 millones de euros. El KTF, que expira en 2026, se creó como parte del gasto de alivio COVID-19 definido por el gobierno federal. Los críticos de derecha afirman que el dinero podría haberse utilizado para reducir impuestos y no para llenar los bolsillos de los prosumidores propietarios de altos ingresos o de los inversores en energías renovables. Bajo el arcoíris No obstante, el Gobierno de coalición sostiene que la energiewende marcha según lo previsto y que el Paquete de Pascuas está contribuyendo a acelerar el despliegue de la energía eólica y solar. La capacidad eólica terrestre instalada en Alemania es actualmente la tercera mayor del mundo, y el sector afirma que en 2024 se añadirán quince GW de nueva energía eólica terrestre. De ser cierto, estas adiciones serán superiores a las de los 27 países de la UE juntos. Se espera que la eólica marina aumente en ocho GW hasta finales de 2024, lo cual es impresionante. La energía solar también sigue creciendo. En 2023 se añadieron un millón de sistemas fotovoltaicos, lo que supone más de catorce GW de nueva capacidad. Puede que Alemania ya no sea el líder mundial en despliegue solar —ocupaba el cuarto lugar en 2022—, pero eso se debe en parte a que otros países (China, Estados Unidos y Japón) también están apostando por la energía solar. Y el consumo de gas cayó al menos un 12% desde que Rusia cortó su suministro. Sin embargo, el liderazgo alemán en el despliegue de energías renovables es un arma de doble filo para el Gobierno. El sector de las energías renovables sigue sustentándose en subvenciones públicas que benefician a los promotores privados, que cada vez importan más tecnologías del extranjero. Por eso, cuando el canciller Sholz dijo en marzo de 2023 que Alemania instalaría «cuatro o cinco aerogeneradores al día» para alcanzar los objetivos del país para 2030, la respuesta de la AfD se centró en el costo de las subvenciones para los consumidores alemanes. Y se están tramitando más subvenciones a intereses privados. Se espera que la ampliación de las redes eléctricas para dar cabida a la nueva energía eólica y solar le cueste a Alemania 460.000 millones de euros de aquí a 2045, y la gestión de la congestión de la red otros 136.000 millones. Los sistemas de almacenamiento en baterías también están subvencionados, y el Gobierno cubre el 30% de los costos. Más de la mitad de las instalaciones solares fotovoltaicas alemanas van acompañadas de baterías estacionarias («sistemas solares más almacenamiento») y el Gobierno quiere que las baterías se desplieguen a un ritmo mucho más rápido para alcanzar a las renovables. Junto con los elevados precios del gas (que siguen muy por encima de los niveles anteriores a la invasión), estos «costos del sistema» contribuyen a mantener altos los precios de la electricidad. Cruzar el Rin Los altos precios de la electricidad también están poniendo a las grandes empresas en contra de la energiewende. Señalan que, en comparación con los fabricantes alemanes, los competidores chinos pagan dos tercios menos por la electricidad, lo que pone en peligro la competitividad del país. Según Forbes, «Alemania sirve de canario en la mina de carbón para otras naciones industriales líderes». Los elevados costos energéticos hacen que las principales industrias alemanas «luchen por competir en la escena mundial», con varias (la química, por ejemplo) que «están ahora en rápido declive». En el conjunto de la economía, los niveles de inversión industrial alemana languidecen claramente . De hecho, las historias de fabricantes alemanes que cierran operaciones y se trasladan al extranjero ya saltaron a los titulares. En marzo de 2022, Martin Brudermüller, Consejero Delegado de BASF (el mayor productor químico del mundo) se preguntaba: «¿Queremos destruir a sabiendas toda nuestra economía?». En febrero de 2024, BASF anunció el cierre de sus instalaciones en Ludwigshafen y setecientos trabajadores perdieron su empleo. Un mes después, Meyer Burger, fabricante de energía solar, cerró su planta de Freiberg, en el este menos próspero de Alemania, con la pérdida de quinientos puestos de trabajo. Según Reuters, la empresa estaba en una creciente lista de fábricas europeas de energías renovables que cierran o se trasladan (…). El cierre, que redujo de golpe la producción europea de paneles solares en un 10%, se produce a pesar del auge de la energía eólica y solar en Europa. El panorama que se perfila en toda Europa es igualmente preocupante. Según la Comisión Europea (CE), la competitividad de Europa en la producción de «tecnologías netas cero» se ha ido debilitando progresivamente, con China emergiendo como claro líder del mercado de paneles solares, vehículos eléctricos (VE), bombas de calor, baterías estacionarias, etc. Un estudio de la Comisión de marzo de 2024 señalaba que «cerca de una cuarta parte de los coches eléctricos y las baterías, y casi todos los módulos fotovoltaicos solares y las pilas de combustible» son importados. La UE sigue siendo líder del mercado de componentes de turbinas eólicas, pero ¿cuánto durará esta situación? Guerra de subvenciones La crisis de la energiewende cambió la narrativa en el resto de Europa. El Pacto Verde Europeo, adoptado en 2019, trató de posicionar toda la política industrial de la Unión Europea en torno a la descarbonización de toda la economía, creyendo que los compromisos ambiciosos permitirían a la UE seguir siendo un «líder climático.» Pero no está funcionando. En un movimiento aparentemente desesperado por salvar sus amenazadas industrias ecológicas, tanto Alemania como la UE tomaron medidas para introducir restricciones comerciales a las exportaciones ecológicas de China. Por ejemplo, en junio de 2024, la Unión Europea impuso un arancel del 48% a los vehículos eléctricos fabricados en China. La administración Biden fue más lejos e impuso un arancel del 100% a los vehículos eléctricos chinos. El precio medio de un VE en China es de 12.000 dólares, mientras que en Estados Unidos supera los 50.000 dólares. Un VE de gama media fabricado en Alemania (como el Volkswagen ID.3) cuesta entre 37.500 y 48.000 dólares. La Unión Europea también criticó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) de Joe Biden por conceder mayores subvenciones a las empresas que se abastecen de componentes con sede en Estados Unidos. El paquete de 369.000 millones de dólares de créditos fiscales y subvenciones concedidos a inversores privados en energía eólica, solar y otras energías verdes en virtud de la IRA es tan generoso que los proveedores están dispuestos a abandonar Europa y a orientarse hacia el mercado estadounidense. Evitar el gran desplome El reciente giro a la derecha de Alemania significa que los ambiciosos objetivos del país en materia de energías renovables y reducción de emisiones corren el riesgo de abandonarse por completo. Pero el peligro ya era evidente antes de que la AfD y otras fuerzas de derechas entraran en escena. El intento de Alemania de apostar a fondo por las energías renovables, electrificar el transporte y descarbonizar la calefacción en los edificios siempre iba a ser un gran salto hacia lo desconocido. Intentar alcanzar objetivos climáticos ambiciosos con generosas subvenciones nunca iba a tener éxito, especialmente cuando los costos de las subvenciones se hacen repercutir en los consumidores. De esto se trató la lucha del movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia a finales de 2018, así como las protestas más recientes de los agricultores por las regulaciones para limitar las emisiones del uso de nitrógeno en la agricultura. Los objetivos de estas regulaciones merecen apoyo, pero los medios para alcanzarlos invariablemente significan que los trabajadores y los pequeños agricultores salen perdiendo. En otro revés, a mediados de 2023, la coalición gobernante en Alemania se vio obligada a replantearse una ley que eliminaría progresivamente los sistemas de calefacción de gas y petróleo, sustituyendo las calderas por bombas de calor eléctricas. Muchos propietarios estaban preocupados por las implicaciones financieras de la instalación obligatoria de bombas de calor, incluida la inversión inicial y el posible aumento de los costos de mantenimiento. Los inquilinos temían que los propietarios transfirieran los costos del cumplimiento de la normativa a los alquileres. Los trabajadores alemanes también temen verse obligados a comprar un VE de alto precio, por lo que apoyaron los esfuerzos de los fabricantes alemanes para detener los planes de la UE de prohibir la venta de vehículos convencionales para 2035. Energiewende 2.0: la vía pública El descenso como a lo Ícaro de la energiewende trae consigo enormes consecuencias globales. Si Alemania y la Unión Europea abandonan sus compromisos climáticos, probablemente desencadenarán una cascada de cambios políticos en otros países que podrían dejar sin sentido los compromisos nacionales para abordar el cambio climático asumidos en virtud del Acuerdo de París de 2015. En 2018, sostuve en la revista New Labor Forum que la energiewende alemana provocaría una reacción violenta si los costos de la transición seguían recayendo sobre los hombros de quienes menos podían permitírselo, es decir, los alemanes de clase trabajadora y las pequeñas empresas. Los resultados de las elecciones de junio de 2024 confirman que la reacción llegó. En Alemania y en el resto del mundo, la izquierda tiene dos opciones principales. La primera es culpar a la extrema derecha por su negacionismo del cambio climático y luego cerrar filas detrás del enfoque actual de la transición energética con el argumento de que la energiewende es crucial para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión Europea. Este reciclaje político requeriría apoyar, aumentar y ampliar indefinidamente las subvenciones a las empresas privadas en energías renovables, baterías de almacenamiento, vehículos eléctricos, infraestructura de recarga, etc. La segunda opción consistiría en aceptar que los problemas a los que se enfrenta la transición alemana son consecuencia de una serie de importantes errores políticos que eran totalmente evitables. En el sector de la electricidad, la entrega masiva de dinero público a los intereses «verdes» privados, junto con la decisión de añadir el costo de las subvenciones a las facturas de electricidad de los consumidores (en nombre de la «responsabilidad fiscal») pusieron a amplios sectores de la clase trabajadora en contra de todo lo verde. La izquierda debe tomarse en serio el desarrollo de una alternativa basada en la propiedad pública de la energía y la ampliación del control público sobre las cadenas de suministro vitales. Los argumentos financieros, técnicos y sociales a favor de esta alternativa son convincentes. ¿Demasiado radical? Tal vez. Pero la opción de la vía pública es probablemente la única forma viable de rescatar la energiewende. Sin embargo, dependerá de la capacidad de la izquierda para demostrar que los costos —tanto monetarios como sociales— de reducir el uso de combustibles fósiles no tienen por qué recaer sobre los hombros de la clase trabajadora sino que pueden formar parte de un esfuerzo a largo plazo para reconstruir los activos estatales e impulsar la transición hacia una economía política verdaderamente sostenible que se base en la noción de bienes públicos a escala europea y mundial.

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Sean Sweeney: La transición ecológica alemana se tambalea

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