Saliem Fakir – Emisora Costa del Sol 93.1 FM

La inflación registrada en todo el mundo estos últimos años ha llevado los precios de los alimentos, la energía y los bienes básicos a niveles inéditos. Por eso el debate político (en todo el mundo, pero sobre todo en los países del G20) se ha centrado en el aumento del costo de vida. Antes de la elección presidencial de este año en Estados Unidos, por ejemplo, el 41% de los estadounidenses mencionó la inflación como su principal problema económico. La alta inflación puede hacernos olvidar otra crisis urgente: el calentamiento global. Pero entre la subida de precios y el cambio climático hay una estrecha relación. Los fenómenos meteorológicos extremos dañan cultivos, arruinan cosechas y encarecen los alimentos; y su impacto se intensifica conforme las olas de calor, las sequías y las inundaciones aumentan en frecuencia e intensidad. Además, alteran las cadenas de suministro y la producción de energía, lo que provoca aumento de precio de otros bienes esenciales. Las presiones inflacionarias de origen climático se hacen sentir sobre todo en África y América Latina, donde los alimentos constituyen una parte importante del gasto de los hogares. Por ejemplo, una extensa sequía, agravada por El Niño, que se produjo este año elevó el precio de los alimentos básicos en Malaui, Mozambique, Zambia y Zimbabue y provocó una crisis de hambre. Los hogares de los países más ricos, en cambio, no son tan vulnerables a estos fenómenos, porque en general gastan una parte menor de sus ingresos en alimentos. El debate sobre el cambio climático tiende a centrarse en la reducción de emisiones y en el «crecimiento verde», y suele pasar por alto los efectos económicos sobre las poblaciones vulnerables y el aumento de la desigualdad que provoca. Pero al aumentar la inestabilidad económica derivada de la inflación, estos costos ya no se pueden ignorar. Los cambios en los patrones climáticos han encarecido las naranjas en Brasil, el cacao en África Occidental y el café en Vietnam. Un estudio reciente realizado por el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y por el Banco Central Europeo estima que de aquí a 2035, el aumento de las temperaturas puede sumar 3,2 puntos porcentuales anuales a la inflación de los alimentos y 1,18 puntos porcentuales anuales a la inflación general. El cambio climático no es sólo una cuestión medioambiental, sino que debe ocupar un lugar central en la política económica. Es necesario que las autoridades fiscales y monetarias tengan en cuenta los riesgos climáticos inmediatos y a largo plazo en sus pronósticos de inflación y en sus políticas (algo que ya hacen con los «riesgos de transición» a una economía descarbonizada). Algunas instituciones ya han empezado a adaptarse. El Banco de la Reserva de Sudáfrica ha reconocido la importancia de comprender los riesgos climáticos; y desde 2018, el Banco Central de Costa Rica tiene integrado el impacto del calentamiento global en sus modelos económicos. Los bancos centrales y los ministerios de finanzas también deberían colaborar con las organizaciones dedicadas al clima, para crear soluciones prácticas que ayuden a proteger a las economías de las perturbaciones relacionadas con el clima extremo, el aumento de la inflación y la inseguridad alimentaria, que están interrelacionadas. A modo de ejemplo podemos mencionar a la Fundación Africana del Clima (donde trabaja uno de los autores), que ha desarrollado plataformas de inversión en adaptación y resiliencia, basadas en métodos analíticos avanzados, que combinan datos climáticos y meteorológicos, modelos biofísicos y modelos económicos a gran escala para establecer prioridades entre diversas inversiones y políticas; esto hace posible un enfoque más integral para la generación de resiliencia climática. El año pasado, la Fundación usó una de estas plataformas en Malaui, tras la devastación causada por Freddy, el ciclón tropical de mayor duración jamás registrado. Esto permitió a las autoridades identificar soluciones duraderas con capacidad para mitigar los daños económicos causados por el ciclón, proteger industrias clave y reforzar la estabilidad financiera. Otros centros de estudio sobre el clima persiguen objetivos similares. Iniciativa Climática de México insta a las autoridades a que tengan en cuenta los riesgos climáticos en la planificación económica, mientras que en Brasil, el Instituto Clima y Sociedad ha pedido planes de protección social y políticas con sensibilidad climática para blindar a las comunidades de bajos ingresos contra las consecuencias económicas de los fenómenos meteorológicos extremos. Igual de importante es la colaboración regional, que permitiría a los países de África y América Latina desarrollar y compartir políticas económicas adaptadas a sus vulnerabilidades climáticas y dar apoyo a las comunidades más expuestas. Aquí pueden servir de modelo iniciativas como la Plataforma Regional de Cambio Climático de los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas (del Banco Interamericano de Desarrollo). En el nivel mundial, es crucial que haya más coordinación entre las instituciones dedicadas al clima y las económicas. Herramientas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea ponen de relieve la necesidad de diseñar las políticas con cuidado para mitigar los efectos adversos (en este caso, aumento de costos para los consumidores de los países en desarrollo). Brasil, que en 2025 será anfitrión de la cumbre de los BRICS y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), y Sudáfrica, que ocupa la presidencia del G20, tienen una oportunidad única para redefinir la agenda económica mundial y promover políticas que aborden la doble crisis de la inflación y del calentamiento global. La falta de una acción colectiva decidida puede agravar la desigualdad, debilitar la estabilidad económica y poner en peligro el logro de los objetivos climáticos. Pero desarrollando soluciones innovadoras que unifiquen las estrategias climáticas y las económicas, las autoridades podrán reducir los riesgos inmediatos de los fenómenos meteorológicos extremos y fomentar estabilidad y resiliencia a largo plazo. Ahora que se intensifican a un mismo tiempo la inflación y el calentamiento global, la necesidad de políticas integradas y equitativas es más urgente que nunca. Mónica Araya, miembro distinguido de ClimateWorks, es directora del consejo administrativo del Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales. Saliem Fakir es fundador y director ejecutivo de la Fundación Africana del Clima.

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Mónica Araya y Saliem Fakir: La crisis climática es también una crisis de inflación

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