Máriam Martínez Bascuñán archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Las democracias, a veces, sufren mutaciones que cambian su modelo. En EE UU, el Supremo ha concedido inmunidad a la Presidencia, algo propio de monarquías y autocracias. En Italia, Meloni plantea reformas que aumentan el poder del primer ministro frente al Parlamento y el presidente de la República, una mutación que se completa con una ley de “autonomía diferenciada” hecha a medida de la rica Liga de Matteo Salvini, y que rompería el pacto de solidaridad nacional Norte-Sur. En Francia, tras las legislativas, se abre una oportunidad para imponer un equilibrio de poder al presidente por vía de una lectura parlamentaria de la Constitución, siempre que la oposición cree las alianzas necesarias. España no es ajena a estos cambios de modelo, y el ejemplo más reciente podría ser el acuerdo firmado entre ERC y PSC para investir a Salvador Illa. Si se aprobase en el Congreso, implicaría la salida de Cataluña del sistema ordinario de financiación autonómica y arrastraría al resto del país, abriendo la vía a una mutación confederal de la estructura del Estado. Hablar de un modelo u otro es importante pues nos procura un marco interpretativo para la política y proporciona una visión estratégica sobre la ordenación del territorio común. La lectura federal del modelo autonómico exigiría una forma de gobierno compartido, multilateral y descentralizado, y también una manera de hacer política orientada a producir confianza y pactos entre iguales. El federalismo y el europeísmo beben de la misma fuente. Pero el pacto de investidura es abiertamente confederal, pues profundiza en una negociación de carácter bilateral en algo que afecta a todos los demás territorios. Ambas partes operan, además, con vocabularios similares, sacados de los manuales nacionalistas. Quienes señalan los principales escollos del modelo federal culpan a una Madrid depredadora, y aun aceptándose esa premisa interesada, la solución no puede ser que el segundo motor del país pacte unilateralmente lo que concede al resto como moneda de cambio de una investidura. Una verdadera discusión federal implicaría debatir el nivel de suelo federal (los servicios que se comparten) y hablar de solidaridad y corresponsabilidad fiscal (que cada uno pague según tenga). Dar más poder a Cataluña no es ser más federal: hablamos de sacar a la segunda economía del país del régimen común. Si mañana Madrid o Andalucía pidiesen lo mismo, ¿con qué argumentos diríamos que no? Tras una década de tensión política, una declaración unilateral de independencia y las condenas del Supremo, el Gobierno de Sánchez concedió indultos, reformó la sedición y la malversación y aprobó la amnistía. Y ese círculo de concordia se cierra, al parecer, concediendo aquello que Artur Mas pedía en 2012. Una década de colisiones para un cierre insólito: conceder lo que se pedía al principio, y quizás también el referéndum. ¿Cómo saberlo? Dicen que en Cataluña la mayoría de la población piensa que están mal financiados y que los servicios públicos van mal, igual que en el resto de las comunidades. Mientras un catalán sufre el servicio de cercanías, a Jaén no llegan trenes. Un Gobierno central debería mirar al conjunto y velar por los intereses de todos. Pero lo que prima es una visión por pedazos. Piénsenlo así: ¿qué les parecería que los impuestos recaudados en los barrios deNeguri, Salamanca o Pedralbes fuesen para ellos, y lo mismo en San Francisco, Vallecas o Nou Barris? Para entender este desaguisado, sigan al dinero.

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