Laurence Thieux archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Los procesos electorales que han tenido lugar en Argelia –presidenciales del 7 de septiembre– y Túnez –6 de octubre– revelan la deriva autoritaria de los regímenes vigentes sin que ello suscite la preocupación de sus principales socios europeos. Así, la desconexión normativa entre la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, por una parte, y la evolución política de los países del Magreb, por otra, es cada vez más flagrante. Las menciones o advertencias concernientes a la democracia y el Estado de derecho casi han desaparecido de las agendas diplomáticas europeas en lo que atañe a las relaciones bilaterales o multilaterales. Asimismo, se ha excluido la posibilidad de enviar misiones internacionales de observación que podrían, en cierta medida, frenar los abusos y fraudes que han enturbiado una serie de ejercicios electorales que podemos tachar de histriónicos. El espectáculo de las elecciones argelinas muestra que a los dirigentes cada vez les preocupa menos esconder los mecanismos autoritarios que caracterizan su gestión política, entre los cuales podemos señalar unas tasas de participación vergonzosamente hinchadas o la reelección del presidente con el 94,5% de los votos, hecho que no puede ocultar la mayoría silenciosa que, al abstenerse, ha prolongado la protesta pacífica del Hirak –la tasa de participación real se estima en un 20%. En un contexto internacional marcado por el declive del orden occidental liberal y la pérdida de influencia de Europa en un mundo multipolar donde las estrategias de alineación múltiple se despliegan desde todos los ángulos, los regímenes magrebíes se van liberando poco a poco de las coerciones normativas y cada vez hacen menos concesiones, ni siquiera formales, a la democracia y los derechos humanos. Argelia, un escenario político cada vez más cerrado El bloqueo previo del proceso electoral para asegurar la elección del candidato oficial es una señal del nerviosismo que invade a las élites en el poder, muy conscientes de la fragilidad de su legitimidad. En Argelia solo pudieron participar tres candidatos: Abdelaali Hassani Cherif por el partido islamista Movimiento de la Sociedad por la Paz, Youcef Aouchiche por el Frente de Fuerzas Socialistas y Abdelmayid Tebún. Este hecho traduce una voluntad claramente militar de imponer orden en el escenario político. Muchos candidatos fueron rechazados, y algunos de ellos incluso perseguidos por la justicia por fraude y compra de firmas necesarias para poder presentarse a las elecciones. Otros tres aspirantes tuvieron que someterse a procesos judiciales, como Saida Neghza, de la Confederación General de Empresas Argelinas, Belkacem Sahli, de la Alianza Nacional Republicana, y Abdelkrim Hamadi, independiente. Entre las condiciones necesarias para poder ser candidato está la de recoger 600 firmas de representantes electos o bien 50.000 de electores inscritos y repartidos por 29 wilaya (gobernaciones). Otros candidatos, como Luisa Hanún, se habían negado a participar en el escrutinio, alegando que estaba amañado de antemano y no tenía garantías de libertad y transparencia. Tal y como estaba previsto –la segunda vuelta ni siquiera aparecía en la agenda–, Abdelmayid Tebún salió reelegido para un segundo mandato con un 84,3% de los votos, cifra revisada a la baja por la Corte Constitucional tras un primer anuncio que declaraba una victoria del 94,65% de los votos. El enredo en torno a las cifras de participación no ha hecho más que reforzar el desprestigio de unas elecciones bajo control y sin sorpresas. Los tres candidatos a la presidencia del 7 de septiembre de 2024 denunciaron, además, «las ambigüedades, imprecisiones, contradicciones e incoherencias que salieron a la luz cuando la Autoridad Nacional Independiente de las Elecciones (ANIE) anunció los resultados provisionales». Esta polémica permitió ocultar la cifra más significativa del escrutinio, esto es, una tasa de participación muy baja, inferior al 25%, tras haber anunciado una cifra del 48,3% basada en las tasas de participación divididas entre el número de wilayas, 58. La mayoría silenciosa infligió, como durante los sucesivos escrutinios llevados a cabo tras las protestas populares del Hirak en 2019, una grave derrota al sistema político argelino, que pretendía asentar o reforzar la frágil legitimidad del régimen vigente. El contraste entre las fórmulas adoptadas por los medios de comunicación oficiales para celebrar la victoria de Abdelmayid Tebún, por un lado, y la expresión popular en los estadios y las redes sociales sobre el proceso electoral, por otro, dan cuenta de una creciente desconexión entre el discurso oficial y la realidad popular. En el estadio de Orán, el público entonaba: «Wallah que no votaremos, seremos clandestinos en barcos». El canto desesperado de los hinchas de la selección nacional argelina aludía a la única perspectiva migratoria en un Estado que sigue descuidando a su juventud. La farsa electoral organizada en septiembre corre el riesgo de ahondar la brecha entre el poder y la población, pero también de fracturar el lado civil de un escenario político argelino controlado por el ejército. Este último ha reforzado su influencia sobre el sistema político y también se preocupa cada vez menos por ocultarlo. La Constitución de 2020 le confió la misión de preservar «los intereses vitales y estratégicos del país» (artículo 30, párrafo 4), como señala el jurista Messensen Cherbi, y su presencia se ha reforzado en el seno del Alto Consejo de Seguridad, que supervisa el proceso de decisión política. En la víspera del lanzamiento de la campaña presidencial, el decreto presidencial número 46 volvió a reforzar sus prerrogativas en el escenario político, permitiendo a los altos rangos militares ocupar funciones importantes en los sectores estratégicos y de soberanía del Estado. La visibilidad del ejército también ha aumentado de un tiempo a esta parte: el jefe del Estado mayor del ejército, Said Chengriha, acompaña al presidente en numerosos actos públicos, como por ejemplo la inauguración del estadio de fútbol Tizi Uzu durante la campaña electoral. Desde la revuelta popular del Hirak, la creciente militarización de la gestión política ha venido de la mano de una represión cada vez más arbitraria y severa de la oposición: más de 200 prisioneros políticos, un fuerte acoso judicial a los militantes que se expresan en las redes sociales; el cierre total del espacio mediático con la desaparición de diarios importantes como Liberté, y periodistas encarcelados como Ihsane el Kadi ((liberado el 1 de noviembre por indulto presidencial); la disolución de medios de comunicación independientes como Maghreb émergent o Radio M en abril de 2023, y de organizaciones de la sociedad civil como Rassemblement Action Jeunesse en 2021 y la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (LADDH) en 2022. Asimismo, estas medidas de represión han apuntado hacia partidos políticos como el Partido Socialista del Trabajo (PST) y el Movimiento Democrático y Social (MDS), suspendidos por un período indeterminado. Incluso han apuntado al cine desde marzo de 2024, con la adopción de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que prevé penas de prisión para los profesionales del cine que no respeten los valores y las constantes nacionales y religiosos, la soberanía nacional, los intereses supremos de la nación y los principios de la revolución nacional. Desde 2020, las autoridades han restringido el derecho a manifestarse, e incluso en el contexto marcado por los ataques de Hamás del 7 de octubre y la guerra genocida contra el pueblo palestino en Gaza, las manifestaciones de solidaridad con Palestina fueron prohibidas. Solo se autorizó una protesta que tuvo lugar el 19 de octubre de 2023 bajo el férreo control de las autoridades. La represión sistemática de las voces de la oposición se ha visto facilitada por la adopción de medidas legales como la revisión del Código Penal en junio de 2021 y el artículo 87 bis, que permite perseguir por terrorismo o sabotaje a todo aquel que reclame un cambio de gobernanza por medios no constitucionales. Todo ello adolece de una terminología lo bastante vaga como para poder usar la justicia con el fin de criminalizar a la oposición. Esta voluntad de controlarlo todo, así como el necesario despliegue de toda una panoplia de instrumentos políticos y legales para hacer callar a la oposición, supone una confesión de la propia debilidad y del agotamiento de los recursos de la resiliencia del sistema, según señala Louisa Dris-Aït Hamadouche, así como una desconexión entre las élites en el poder y las demandas y expectativas de la sociedad argelina. Comprar la paz social, aun cuando los beneficios del gas en el contexto de la guerra de Ucrania han permitido reactivar algunos de sus mecanismos, ya no es suficiente para los jóvenes, que siguen sufriendo los altos índices de desempleo, el desprecio de sus dirigentes y la ausencia de perspectivas de futuro. La mejora de la situación económica gracias a los crecientes beneficios de la renta de los hidrocarburos desde el inicio de la guerra en Ucrania –en 2022, alcanzaron los 60.000 millones de dólares frente a los 35.000 de 2021, lo cual supone un inesperado aumento del 70%– ha permitido que el PIB argelino crezca el 4,2% y las reservas de divisas alcanzan los 70.000 millones de dólares. Sin embargo, hay otros indicadores que empañan el cuadro y muestran los débiles atractivos de su economía: el volumen de inversiones extranjeras directas se redujo de 1.100 millones en 2020 a 870 millones en 2021 y 89 millones en 2022. Las regiones periféricas siguen descuidadas y los déficit de gobernanza cada vez son más evidentes a medida que las consecuencias de los retos globales como el cambio climático se acentúan. Una grave sequía provocó manifestaciones y cortes de carreteras en Tiaret en junio de 2024 ante la ausencia de una respuesta por parte del Estado. La falta de atractivo económico en Argelia sigue siendo una carga para la economía del país, que aunque no tiene deuda externa –y se jacte de ello la televisión argelina comparándola, por ejemplo, con la deuda francesa–, cuenta con una capacidad limitada para atraer inversiones extranjeras y diversificar su tejido económico. La gran dependencia de los hidrocarburos es otro punto de vulnerabilidad, y las fluctuaciones de las cotizaciones pueden amenazar la sostenibilidad de estos frágiles equilibrios en cualquier momento. La renta energética permite al Estado adoptar unas medidas sociales que, sin embargo, apenas son capaces de compensar la inflación galopante y los escándalos recurrentes en torno a los precios de ciertos productos básicos como las sardinas. El caso tunecino Como en Argelia, la deriva autoritaria se agrava en Túnez, por más que este país estuvo a la vanguardia de los procesos revolucionarios de 2011. En pocos años se produjeron significativos avances en el ámbito institucional pese a todas las dificultades experimentadas tanto en el plano económico como de seguridad; entre ellos, la celebración de unas elecciones libres y pluralistas, la puesta en marcha de instituciones públicas y privadas capaces de garantizar su buen funcionamiento y la adopción de la Constitución de 2014, una de las más progresistas del mundo árabe que se inscribe, tal y como afirma su preámbulo, en «los objetivos de la revolución de la libertad y la dignidad, la revolución que tuvo lugar entre el 17 de diciembre de 2010 y el 14 de enero de 2011», y que garantiza los derechos y las libertades individuales. El desencanto posrevolucionario y el hecho de que estos progresos institucionales no se hayan traducido al ámbito social, así como la persistencia de profundas desigualdades, han fomentado la consolidación del populismo alrededor de la figura de Kais Said. Cuando fue elegido presidente en 2019 gozaba de una fuerte popularidad entre una juventud decepcionada por la ausencia de perspectivas económicas y el desprestigio de unos partidos políticos cuya legitimidad se vio muy pronto enturbiada por la corrupción y la incapacidad de responder a las expectativas de la población. A partir de una interpretación populista de la experiencia revolucionaria tunecina y de la reivindicación del espíritu del 17 de diciembre de 2010 –en referencia a la inmolación del joven Buazizi en Sidi Buzid, que desencadenó las protestas populares–, el presidente ha ido desvitalizando poco a poco las instituciones creadas desde 2011, acusando a los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil de todos los males políticos y económicos del país. La disolución del Parlamento el 25 de julio de 2021 apoyándose en el artículo 80 de la Constitución y la adopción en 2022 de una Constitución muy presidencialista han marcado el giro autoritario orquestado por el presidente. No obstante, cinco años después de su elección, la fórmula populista del presidente no ha conseguido sacar al país del marasmo económico, y el «soberanismo» económico no ha permitido resolver el desempleo y la inflación que, cada vez en mayor medida, empujan a la juventud tunecina a tomar el camino de la inmigración. En este contexto marcado por el desmoronamiento de su popularidad, Kais Said ha intentado garantizar una reelección sin sorpresas por todos los medios. El primer medio desplegado y reforzado con el lanzamiento de la campaña electoral fue la adopción de medidas que menoscababan los derechos, las libertades de expresión y asociación e intensificaban el acoso a los opositores políticos. Así, 97 miembros del partido islamista Ennahda fueron detenidos los días 12 y 13 de septiembre. Como en Argelia, la represión se ha vuelto arbitraria, tanto en lo que respect a los objetivos (defensores de los derechos humanos, periodistas, migrantes, abogados), como a los cargos, que se basan en la vaga noción de conspiración contra la seguridad del Estado. La abogada y cronista Sonia Dahmani fue condenada en septiembre a ocho meses de prisión firme por una serie de comentarios juzgados hostiles con respecto al presidente. La criminalización de los candidatos potencialmente peligrosos para la reelección de Said también se ha utilizado con el fin de reducir su número. Las autoridades electorales de Túnez solo acabaron aceptando a tres candidatos para las presidenciales del 6 de octubre: el presidente saliente, el antiguo diputado de la izquierda panárabe, Zouhair Maghzaoui, y Ayachi Zammel, un industrial poco conocido a la cabeza de un pequeño partido liberal. Este último fue interrogado por sospechas de falsos patrocinios de su candidatura y condenado a 12 años de prisión. Abdellatif Mekki, antiguo dirigente del movimiento islamoconservador Ennahda, Mondher Zenaidi, antiguo ministro del régimen de Ben Ali; e Imed Daimi, consejero del expresidente Moncef Marzuki y también próximo a Ennahda, a quienes el Tribunal Administrativo había readmitido, fueron definitivamente excluidos pese a las peticiones de varias ONG tunecinas e internacionales, así como de juristas que apelaron a la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) a respetar las decisiones del Tribunal Administrativo. Así, la ISIE, ahogados en el poder, ya no estuvo en condiciones de garantizar la transparencia del escrutinio. Otras instituciones privadas surgidas después de 2011 como Mourakiboun o I Watch no recibieron autorización para participar como observadoras del proceso electoral. Unos días antes del escrutinio, el 27 de septiembre, la Asamblea de Representantes del Pueblo Tunecino adoptó una nueva ley que priva al Tribunal Administrativo de su competencia en materia electoral, con el fin de neutralizar la autonomía de esta institución. Las manifestaciones que reunieron un millar de personas para protestar contra la deriva autoritaria del presidente indican, no obstante, que el miedo no se ha instalado por completo en la sociedad, que todavía tiene cosas que decir. Hoy, muchos jóvenes de 20 o 25 años que rondaban los 10 años en 2011 y han vivido toda su adolescencia en un contexto marcado por la libertad de expresión. El uso de la retórica conspirativa para señalar a chivos expiatorios de intereses externos como responsables de los males que sufre a diario la población tiene una eficacia limitada. Después de cinco años en el poder y tres en plenos poderes, el día a día de la población tunecina no ha mejorado, con una tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años del 41% en el segundo trimestre de 2024, y con una tasa de inflación del 7,2% en 2024. En un contexto tan nocivo como este, el peso del ejército en la ecuación política tunecina se ha reforzado. Aunque hasta ahora el ejército ha apoyado al presidente, algunos observadores indican que dicho apoyo podría estar agrietándose y no ser unánime. El giro autoritario de Kais Said, como señalan Riccardo Fabiani y Michael Ayari, se asienta sobre bases frágiles y el uso de la represión constituye también, como en el caso argelino, un indicador de la menor eficacia de sus sistemas de control y vigilancia de la sociedad, al haber destruido gran parte de las instituciones intermediarias que permitían la transmisión de información: «Esta falta de conocimiento granular también limita la capacidad del sistema para identificar las redes de clientelismo, redistribuir los fondos entre los grupos clave y comprar la paz social y la lealtad política». Tanto en Argelia como en Túnez encontramos la misma contradicción entre la retórica soberanista populista y nacionalista y la importancia estratégica de las relaciones exteriores, de las que dependen cada vez más para garantizar la continuidad de sistemas políticos debilitados por la protesta popular. La baja participación sin precedentes en las elecciones presidenciales argelinas y tunecinas es también un indicador de la debilidad de la legitimidad de los presidentes electos. En Túnez, la participación del 28,8% fue la más baja desde la llegada de la democracia en 2011. Profesora en el departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global, Universidad Complutense de Madrid.

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