Jesús María Aguirre – Emisora Costa del Sol 93.1 FM

¿Cómo se construye una verdad oficial? El doctor en Ciencias Sociales y experto en materia de comunicación Jesús María Aguirre S.J, recuerda un artículo que publico en la revista Comunicación a propósito de cómo se gesto la “verdad oficial” del caso de El Amparo. Contextualizando el caso de la llamada “Matanza de El Amparo” recordamos como fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en una operación denominada “Anguila III”, con el argumento que se luchaba contra grupos subversivos colombianos. Tal y como relataron los sobrevivientes, los que murieron y ellos mismos eran pescadores. Vamos al artículo: Según una visión simplista los Estados autoritarios de diverso signo recurren a la represión física para mantener su estabilidad y fundamentalmente su legitimidad. En cambio, los Estados democráticos realimentan su legitimación principalmente por la persuasión simbólica, posibilitada por un ámbito de libre expresión que recubre desde la información hasta la propaganda y eI, voto. Esta diferenciación, no obstante, elude la ubicuidad de la violencia simbólica, que es el poder de imponer la vigencia de un significado a otros, y de definir la realidad a partir de unas reglas comunicativas unilaterales. El Estado democrático en situaciones de crisis incrementa precisamente estrategias de violencia simbólica a través de los medios de difusión, determinando Io que tiene que ser ignorado, Io que puede ser pasado por alto y Io que no es permitido omitir. Las reuniones del Presidente con los directores de los medios en Miraflores, el secretismo de algunos procesos de decisión y las transmisiones en cadena no son sino algunos indicadores sintomáticos de esa estrategia. De vez en cuando, además asoman tácticas de carácter totalitario que bien merece la pena analizar, ya que revelan la fácil disolvencia de un sistema en otro. El caso de “la masacre de 14 pescadores en Eł Amparo” —ya sin eufemismos— y su tratamiento a nivel de la comunicación pública reviste por Io que hemos dicho anteriormente un interés más que casuístico, pues un proceso tan largo, y en el que han intervenido la mayor parte da los actoras sociales significativos, transparenta algunas estrategias discursivas de carácter totalitario entre el poder y los ciudadanos. Se ha dicho que el desenlace ha demostrado la consistencia de los procedimientos democráticos. A nuestro juicio, más bien ha descubierto las incongruencias que la empañan (manejos de los cuerpos de seguridad, mediatización de los jueces, manipulación informativa…), pues de no haber sido por factores fortuitos como la fuga de los dos sobrevivientes o la circunstancia del cambio de gobierno, la seudo realidad construida por una lógica violenta, hoy hubiera sido contundente e irrebatible. En una palabra la única realidad “válida” para el conjunto social venezolano. Las resistencias de un grupo de periodistas y penalistas más bien han demostrado que el poder actual, tal como está organizado, es capaz de construir un simulacro de verdad, destruyendo pruebas de objetividad, fingiendo situaciones e intencionalidades, amedrentando o comprando testigos; y desviando interpretaciones. Un conjunto de actores se han confabulado para construir una estrategia perversa en que los datos objetivos han sido forzados, su pertinencia distorsionada y su validez manipulada. Estos procedimientos hoy se han maximizado con las nuevas tecnologías de la difusión, pues hacen que la mayor parte de la información que poseemos sea una información mediada, de la que no hay posibilidad alguna de contrastación. El cierre del caso sin responsabilidades (¿acaso tiene ya sentido preguntarse par la verdad de los 14 muertos, cuando ya en la agenda del 27 de febrero hay más de 200†), será otra quiebre más de la credibilidad ciudadana en las autoridades legítimas y en las instituciones garantes de la democracia. La recuperación moral del pueblo no sa hará sobre la base de consíderaciones patrióticas ambiguas o proclamas democráticas vacías. Creer que el caso de “El Amparo” es una anécdota más constituye un error grave de percepción, pues la confianza y la credibilidad se construyen, sobre todo, en estas pruebas decisivas, cuando la ciudadanía advierte cómo se desatan los mecanismos para subvertir la verdad. En la sindéresis del pueblo está la convicción de que la comunicación verdadera, aquella que funda “democracia”, radica en la legítima atribución de datos de referencia, en su selección significativa respecto al criterio de uso formal y en la validez, derivada de la amplitud de los datos. Quienes atentan contra la democracia son aquellos que subvierten la verdad, aunque la violencia simbólica del poder llame subversivos a quienes la buscan incondicionalmente. Hipótesis sobre la estrategia discursiva oficial Sobre la posible teorización científica de los discursos o textos con función política, hoy no es recomendable afirmar lo que R. Barthes apuntara de una semiología general en construcción, y es que tales sistemas de signos no podrán ser tratados didácticamente hasta que no hayan sido reconstruidos empíricamente. El impasse del análisis de las informaciones de tipo frecuentativo y contingencial, fue superado en parte por los análisis estructurales que consideraban la información como relato secuencial en el tiempo, al que podían aplicarse los modelos actanciales de Greimas. Tal aporte, sin duda, no puede ser desdeñado desde el punto de vista semántico. Sin embargo la lingüística ha llegado a reconocer que las “manifestaciones”del lenguaje no son simplemente alguna clase de”objetos lingüísticos”, sino también y al mismo tiempo “acción”, es decir “actos del habla”. En el contexto político de las comunicaciones públicas, en donde se producen las informaciones según diversos géneros expresivos estas no son simplemente palabras, frases o textos relatados, sino que al mismo, tiempo realizan actos específicos en una situación determinado como afirmaciones, peticiones, promesas, amenazas o prohibiciones. Esta pertinencia macro-estructural del análisis pragmático reviste una particular complejidad en los medios masivos, porque resulta problemático determinar las unidades y reglas de un nivel en que los actores se cruzan dentro de unos mismos textos, o actúan inter-textualmente, e incluso efectúan transacciones discursivas entre medios de difusión distintos. Así, por ejemplo, una misma información compleja recoge afirmaciones contrapuestas de varios actores, o una misma página establece un contrapunteo de unidades redaccionales, o un mensaje de televisión es replicado por uno de prensa y viceversa, etc. Este nivel de pertinencia no puede desligarse de la pregunta sobre su coherencia. De hecho, como explica, Teun Van Dijk, gran parte de lo que llamamos “coherencia” deriva de lo que ya sabemos acerca de la “situación” sobre la que trata el discurso. Y puesto que la comprensión y la producción son”procesos”, no basta con un análisis estructural (codificación y decodificación de estructuras en varios niveles), sino hace falta detectar las estrategias convenientes para la clase de discursos específicos dentro de un contexto socio-cultural determinado y una situación definida. En ese sentido, sólo se hará justicia al lado pragmático, siempre presente en el comportamiento comunicacional público, si se ve más allá del análisis de las informaciones referidas a los juicios que están contenidas en el texto. Se debe seguir un segundo paso de indagación en el que se analicen los intereses comunicativos (verbalizados o no) ligados a la utilización de determinados juicios o prejuicios dependientes de intereses de posición. De ahí, pues, que en la reconstrucción empírica del discurso oficial sobre El Amparo, al servicio de la “comunicación práctico-vital”(Habermas), hayamos tenido en cuenta una doble criteriología: la referida al contexto pragmático (conexión de la acción lingüística y nolingüística vinculada a la capacidad de distancia critica frente a los juicios), y la relativa a la dirección de interacción de posición (relación entre intereses o fines de la acción y determinados juicios o prejuicios, ligados a determinados grupos u organizaciones). Bernhard Badura ha elaborado algunas tipologías básicas de direcciónalidad, de las que extraemos una fundamental para guiar nuestra reconstrucción empírica: “Respecto de la dirección de tales intereses de posición, pueden suponerse dos posibilidades generales: a)Un interés (defensivo) en el mantenimiento de determinadas posiciones y/u organizaciones; y más allá de este, b) un interés (agresivo) en la maximización de influencia, es decir. en la ampliación del poder de determinadas posiciones y/u organizaciones” (Sociología de la Comunicación, p. 86). Dado que toda comunicación pública masiva es mediada, para nuestra verificación hemos seleccionado la prensa de difusión nacional, que realizó un seguimiento más acucioso del caso, tanto desde el punto de vista de la indagación periodística crítica (“El Nacional‘, “El Diario de Caracas”) como de la justificadora, que compraron la versión oficial, sin el menos atisbo de distancia critica (“El Universal”, “El Nuevo País”). Nos limitamos, por otra parte, a las estrategias oficiales y oficiosas emanadas de los organismos políticos del Estado, vinculados directamente al Ejecutivo. Una reconstrucción más compleja requeriría también ampliar el corpus a otras instancias políticas Congreso, Municipio…) y a la opinión pública reflejada por los medios (opiniones de periodistas, juristas…), desde el inicio de los acontecimientos (3 de octubre de 1988) hasta que la Corte Marcial revoca los autos de detención de los indiciados (6 de abril de 1989). A continuación exponemos secuencialmente las fases fundamentales de la estrategia discursiva oficial, derivadas de las transformaciones contextuales. Por razones expositivas, esta primera parte sintética, está acompañada después da una serie gráfica que sirve de apoyatura de verificación, pero tan soIo con fines ilustrativos, pues razones de espacio nos impiden presentar los resultados de toda la muestra. Según nuestra hipótesis reconstructiva la estrategia discursiva oficial ha adoptado cuatro direcciones, adaptándose a las situaciones pragmáticas planteadas por la muerte de los pescadores a manos del CEJAP, la aparición de los sobrevivientes, y el cuestionamiento del CEJAP 1-Dirección defensiva de los juicios de Interés derivados de la posición del CEJAP (Comando Específico José Antonio Páez) Se trata básicamente de discursos (informaciones, declaraciones…) guiados por la táctica de bloquear la información y justificar la acción armada. Es el momento de adelantarse a controlar las informaciones que determinen los juicios hipotéticos y provisionales de quienes no tendrán informaciones de primera mano. Se construya un escenario con datos incompletos, imprecisos y aun falsos que aseguren una decodificacion e interpretación unívocamente defensiva de la acción del CEJAP. Esta táctica es reforzada por el uso persuasivo de palabras y fijaciones emocionales que responden a prejuicios difícilmente reversibles de la cultura venezolana. En resumen se plantea que unos patriotas venezolanos, integrantes de diversos organismos de defensa y seguridad del Estado, cuidadores de nuestras fronteras y protectores de nuestros hacendados han liquidado un contingente de enemigos colombianos, guerrilleros, agentes de la subversión, dispuestos a secuestrar a unos ganadores y sabotear unas instalaciones petroleras. 2 -Dirección defensiva de los juicios de Interés derivados de la posición del Gobierno de Lusinchi. Se producen discursos guiadoś por los intereses del Gobierno en una coyuntura electoral, próxima a las votaciones, recurriendo a la razón de Estado. Ante la constrastación de los testimonios de los sobrevivientes surgen los juicios tácticos orientados a descalificar cualquier sinceración del caso, que arroje dudas sobre la versión del CEJAP, refrendada por el mismo Presidente de la República. Toda duda o dato divergente de periodistas, juristas o miembros de la ”oposición política, es lesiva para los intereses del Estado democrático, y expone a la sindicación de subversivo. Se pone en duda la presencia de los sobrevivientes en dicho escenario, se escarban sus antecedentes, se cuestionan sus intenciones, con tal de rio corregir juicios cuya inconsistencia e inexactitud son demostrables. La utilidad práctica política antepone la cohesión de los juicios del grupo y el prestigio abstracto de la autoridad a la búsqueda de la verdad. 3-Dirección agresiva de los juicios de Interés derivados de las alianzas político-económicas Hay un cambio de dirección en el que aparecen los discursos agresivos, guiados a ampliar la influencia en los públicos externos. En esta fase se suman nuevos emisores, aliados al CEJAP —particularmente hacendados y algún sacerdote para atacar a los defensores de los sobrevivientes y desviar la atención central en las averiguaciones del caso. Se abren, además, nuevas agendas para distraer la atención hacia otros tópicos colaterales, ofrecidos por la coyuntura electoral. La agresividad es tanto mayor cuanto la red de apoyo institucional se ve resquebrajada por factores como la posición táctica del nuevo presidente electo, la divergencia expresada por el director de la DIM, y el cambió de ritmo impuesto en la comisión parlamentaria. La dirección de los ataques no va orientada a refutar las averiguaciones difundidas (por ejemplo por los parlamentarios) sino a socavar la dignidad de los sobrevivientes y sus defensores. 4-La negociación de los juicios de interés y el simulacro de verdad La revocación de los autos de detención a los indiciados del CEJAP, que fue seguida de expresiones patrióticas jubilosas, abre otra etapa de disolución de responsabilidades y difuminación del caso ante la nueva agenda de los sucesos trágicos del 27 de febrero. Cabría, pues, hablar de una cuarta fase con otro cambio de dirección, en el que privan las transacciones negociadas dentro de un juego para imponer un simulacro de verdad. Pero ya no es objetivo nuestro analizar cómo la razón dela fuerza con toda su violencia simbólica ha sometido a la fuerza de la razón democrática, ni cómo las presiones exógenas han mediatizado la verdad verdadera y la verdad judicial, para producir una unificación imaginaria, valiéndose del poder de los medios de difusión. Ello nos remitiría a nuestro primer punto de partida, el de la construcción social de la realidad, ya que, como bien ha demostrado E. Verón”el acontecimiento se impone en la intersubjetividad de los agentes sociales” y “los medios informativos son los lugares en donde las sociedades industriales producen nuestra realidad (Construir el acontecimiento p. 11). Ahora bien, dudamos que la demolición del supuesto implícito de que la comunicación puede ser verdadera, como ha ocurrido en el caso de El Amparo, sea favorable para la profundización de la democracia en la conciencia de los venezolanos. Primera fase Dirección defensiva de los juicios de interés derivados de CEJAP 30-10-1988 Segunda fase Dirección defensiva de los juicios de interés derivados del Gobierno. Tercera fase Dirección agresiva de los juicios derivados de las alianzas político económicas. Cuarta fase La negociación de los juicios de interés y el simulacro de la verdad. (La parodia de justicia concluye con la liberación de los 19 funcionarios y la invitación de la abogada Darcy Rosales para rendirles“homenaje a esos efectivos militares, a esos funcionarios policiales, injustamente detenidos por el Consejo de Guerra”. La táctica de señalar en las primeras fasesa todos culpables y ahora a todos sin responsabilidades, deja abierta una coartada de apariencia democrática para imponer una seudo-verdad negociada desde el poder). La estrategia global del poder, aún en condiciones democráticas, y más si estas están en crisis, tienden hacia el totalitarismo informativo por la vía de la violencia simbólica impuesta a los medios masivos, y, en general, a las comunicaciones públicas. Su lógica argumentativa confunde los juicios de interés derivados de posiciones distintas (privadas y públicas, institucionales y estatales). Toda información que cuestione los abusos de poder de un funcionario o un grupo de ellos, es calificado de atentatorio contra el honor debido a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad y de traición contra la Patria. Más aún es una subversión legal que desestabiliza el sistema democrático. Referencias. Bibliográficas. Van Dijk, Teun A.: Texto y contexto, Ed. Cátedra, Madrid, 1980. Estructuras textuales de las noticias de Prensa .En : ANALISIS 7/8, Marc, 1983, Barcelona, pp. 77-104. Badura, Bernhard: Sociología de la Comunicación, Ariel, Barcelona, 1979. Pross, Harry: Estructura simbólica del poder, Gili,’Barcelona,1980. Verón, Eliseo: Construir el acontecimiento, Gedisa, Bs. As., 1983. Monteforte, Mario (coord.): El discurso político, Nueva Imagen,Móxico, 1980. Martín, B.J.: Comunicación Masiva, Discurso y poder, Intiyan, Quito, 1978. Parenti, Michael: Inventing Reallty, St.Martin’s Press, N.Y., 1986. Doelker, Christian: La realidad manipulada, Gili, Barcelona, 1982. Martín Serrano, M.: Análisis metódico de la verdad en la comunicación.En :DIALOGOS DE LA COMUNICACION, No 20, abril, 1988.

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Jesús María Aguirre: El Amparo, la subversión discursiva de la verdad

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