Jan-Werner Müller archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Hasta hace poco, el espectro de una alianza internacional de partidos populistas de extrema derecha en las democracias de todo el mundo era precisamente eso: cualquier apariencia de cooperación era una forma de autopromoción, más que una expresión de verdadera solidaridad. Pocas figuras de extrema derecha han hecho sacrificios unos por otros o han interferido seriamente en los asuntos internos de otros países para apuntalar a los aliados. Y los esfuerzos por unir a la extrema derecha en el Parlamento Europeo se han quedado cortos. Pero eso puede estar cambiando. La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles punitivos a Brasil, con el objetivo explícito de proteger a su expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, de una "caza de brujas", marca un cambio significativo en las tácticas. Es más, la intromisión de Trump en otras democracias en nombre de la "libertad de expresión" sirve a poderosos intereses en Estados Unidos: empresas tecnológicas que no quieren ser reguladas por gobiernos extranjeros. A menudo se dice que la extrema derecha internacional es una contradicción en los términos. Al fin y al cabo, todo líder de extrema derecha es nacionalista, lo que parecería excluir, por definición, una alianza internacional. Pero este punto de vista muestra poca sofisticación filosófica o, para el caso, conciencia histórica. En la Europa del siglo XIX, liberales como Giuseppe Mazzini se ayudaron mutuamente en sus diversas luchas por la libertad y la independencia de las potencias imperiales. En ese momento, nadie se quejó de que había una profunda contradicción incrustada en una alianza internacional liberal dedicada a la autodeterminación nacional. De la misma manera, los populistas de extrema derecha de hoy pueden afirmar que forman un frente unido contra los "globalistas" y las "élites liberales" supuestamente ilegítimas. Esta retórica –y las teorías conspirativas que la acompañan, a menudo teñidas de antisemitismo– ha cruzado fácilmente las fronteras. Los políticos de extrema derecha también se han copiado unos a otros lo que los académicos han llamado "peores prácticas" para socavar las democracias. Basta pensar en la proliferación de leyes que obligan a las organizaciones de la sociedad civil a registrarse como "agentes extranjeros" u otras tácticas represivas apenas veladas. La extrema derecha también tiene una infraestructura ideológica transnacional. Sin duda, no hay una Comintern populista que emita interpretaciones vinculantes de la doctrina. Pero la colaboración es real: por ejemplo, los institutos húngaros generosamente dotados por el gobierno de Viktor Orbán ahora están aliados con la Heritage Foundation en Estados Unidos. Hasta ahora, sin embargo, ha habido una falta de solidaridad concreta entre los líderes populistas. Cuando Trump afirmó fraudulentamente que había ganado las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, sus aliados internacionales, desde el primer ministro indio Narendra Modi hasta el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, podrían haberse negado a reconocer a Joe Biden como presidente. En cambio, felicitaron a Biden por su victoria, eligiendo el pragmatismo sobre la afinidad ideológica. Pero Trump está cambiando eso en su segundo mandato, adoptando un enfoque ideológico para enfrentar a otros países que obviamente socava las normas internacionales de larga data. En el caso de Brasil, está utilizando la amenaza de un arancel del 50% para presionar al gobierno para que ponga fin al juicio penal federal contra Bolsonaro por intentar diseñar un golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales de 2022. A diferencia de Trump, que nunca rindió cuentas por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, a Bolsonaro -a menudo llamado el "Trump de los trópicos"- ya se le ha prohibido presentarse a las elecciones hasta 2030. En su carta al gobierno brasileño anunciando el gravamen, Trump también lo acusó de "ataques insidiosos contra... Los derechos fundamentales de libertad de expresión de los estadounidenses", incluida la censura de las "plataformas de redes sociales de EE. UU.". Esto pone de relieve otra dimensión del acoso económico de Trump: la cruzada de su administración contra los esfuerzos para prohibir el discurso de odio y regular la esfera digital. En febrero, el vicepresidente J.D. Vance reprendió a los europeos por su supuesta falta de respeto a la "libertad de expresión". Mientras tanto, el Departamento de Estado ha apuntado al destacado juez brasileño Alexandre de Moraes, quien en un momento bloqueó la X de Elon Musk en Brasil y está tomando la iniciativa para responsabilizar penalmente a Bolsonaro por su conducta. Las grandes tecnológicas están claramente descontentas con las extensas regulaciones que la Unión Europea y Brasil han impuesto a su industria. Al igual que en otras áreas, en particular sus ataques a la educación superior, los trumpistas están utilizando la libertad de expresión como arma para ejercer poder sobre supuestos adversarios políticos. La hipocresía es evidente: mientras aboga por la desregulación de las plataformas aparentemente para proteger la libertad de expresión, el gobierno de EE.UU. está husmeando en las cuentas de redes sociales de los extranjeros en busca de discursos que no le gusten (y luego niega una visa o entrada por este motivo). El discurso piadoso de defender la democracia como un valor occidental compartido se siente incómodo con la abyecta falta de respeto por el derecho de otros países a determinar su propio enfoque de la regulación de plataformas. Mientras que los líderes de extrema derecha de los países más pequeños están limitados por la realpolitik, Trump puede usar el poder de Estados Unidos para avanzar en su agenda punitiva y populista a voluntad. Después de todo, un Partido Republicano dócil no cuestionará su abuso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. Es cierto que los tribunales pueden decidir en última instancia que su deseo de venganza política difícilmente constituye una "emergencia", pero el daño ya está hecho. Al igual que en otras áreas en las que su administración ha tomado medidas claramente ilegales, muchos de los que están en la mira buscarán un acuerdo en lugar de una pelea. La solidaridad es costosa, pero no para Trump. (Project Syndicate) Profesor de Política en la Universidad de Princeton, es el autor, más recientemente, de Democracy Rules (Farrar, Straus y Giroux, 2021; Allen Lane, 2021).

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