Alfredo Joignant archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

No hay mejor frase, por su elocuencia, que la que fuese acuñada por Marx al inicio del 18 brumario de Luis Bonaparte: La historia ocurre dos veces, la primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. A través de ella, Marx buscaba comparar de modo paródico el verdadero golpe de Napoleón Bonaparte de 1799 que ponía fin a la revolución francesa, con ese otro golpe, formalmente parecido pero de estatus inferior, encabezado por su sobrino Napoleón III Bonaparte en 1851. Tratándose de una gran frase, no es fácil encontrar dos acontecimientos que se encuentren a su altura. Pues bien, el proceso de cambio constitucional chileno le viene como anillo al dedo a esta frase. En 2021, tras el estallido social de octubre de 2019, Chile inició un proceso de cambio constitucional (antecedido por un plebiscito de entrada en octubre de 2020, favorable al cambio de Constitución) cuyo primer episodio fue una elección de 155 convencionales constitucionales en el mes de mayo de dicho año. Esos comicios fueron ganados por diversas listas de izquierdas, en donde una de ellas, de características ultra (la Lista del Pueblo), junto a diversos convencionales provenientes de los movimientos sociales, se beneficiaron de una extraña decisión institucional adoptada por los partidos, la que les permitía a candidatos que no se conocían entre ellos y que no militaban en partidos inscribir listas como si fuesen partidos. Una verdadera rareza. Durante un año, redactaron una larga Carta Fundamental en la que se constitucionalizaban todo tipo de derechos (muchos de ellos vinculados a identidades de grupos que fueron humillados por décadas), pero también medidas programáticas: un verdadero árbol de Navidad redactado en medio de prácticas carnavalescas y charivaris varios, cuya reiteración terminó por aburrir a un electorado que volvía a sufragar de modo obligatorio. Innumerables intelectuales del norte global vieron en el texto constitucional todo lo que ellos habrían soñado para sus propios países, una Constitución virtuosa, así como muchos intelectuales chilenos tomaron posición de modo más romántico que textual. El resultado fue desastroso: el 62% de los 13 de casi 15 millones de votantes rechazó la propuesta de cambio constitucional. En mayo de 2023, fueron elegidos 51 consejeros constitucionales, quienes debían redactar una nueva Constitución a partir de un borrador elaborado por un comité compuesto por 24 expertos nombrados con el acuerdo de todos los partidos políticos. El resultado de la elección de mayo de 2023 fue el perfecto antónimo de las elecciones de dos años antes: la extrema derecha del Partido Republicano irrumpió con el 35% de los votos, una hegemonía a la que se suman como corderitos (la expresión no es mía, sino del empresario de derecha César Barros) una disminuída y aterrada derecha tradicional. El efecto de espejo con la anterior Convención Constitucional es perfecto: del mismo modo que la centroizquierda terminó siendo arrastrada por la extrema izquierda y los convencionales de los movimientos sociales hacia posiciones insensatas (a pesar de la resistencia de los socialistas, quienes fueron tildados de traidores en varias ocasiones), ahora es la centroderecha la que es cooptada por enmiendas constitucionales sumamente conservadoras que ya están siendo votadas por el pleno del Consejo Constitucional. Si bien el proceso aún no concluye y aún no tenemos a la vista el texto definitivo que volverá a ser abordado por el Comité de Expertos (en el que ya no observaremos la misma conducta aperturista de los juristas de derechas que hicieron posible consensuar un texto constitucional mínimo), el tono y fondo del asunto ya están instalados: el camino del rechazo está abierto, y por si fuera poco abrumadoramente apoyado por los chilenos según las encuestas. De nada sirve alegar, como lo hace el exconvencional Rodrigo Álvarez de la UDI, que es injusto comparar el primer proceso con el segundo: el objetivo es exactamente el mismo, aun cuando la metodología utilizada es distinta entre ambos procesos, en donde el payaseo de las formas de la primera convención se compara fácilmente con el primitivismo de las propuestas del actual Consejo Constitucional, en ambos casos a partir de un marcado énfasis en identitarismos y, en el caso actual, de formas nunca antes vistas de populismo constitucional. Todos los actores de este segundo proceso tienen conciencia de que el éxito está muy cuesta arriba. El problema es muy simple: nadie quiere realmente asumir el costo que supone adherir a la opción Apruebo para terminar siendo derrotado, y probablemente aniquilado en el plebiscito de salida de diciembre próximo. Son muchos los intereses en juego, especialmente para la derecha: desde conquistar la hegemonía electoral en las próximas elecciones locales de 2024 hasta apostar a ganador en las elecciones presidenciales de 2025 (en las que el líder de la extrema derecha José Antonio Kast dejó de encabezarlas, siendo superado por la eventual candidata de la derecha tradicional Evelyn Matthei). Esto bien podría traducirse en que pocos, tal vez nadie en la derecha se proponga encarnar la opción Apruebo, a pesar de tener los votos para aprobar cualquier texto. ¿Qué hacer ante tamaña anomalía estratégica? En primer lugar, todos los partidos políticos debiesen reconocer su enorme capacidad para naufragar dos veces ante el mismo roquerío: la primera vez fue trágico, la segunda vez será cómico. En segundo lugar, tomar en serio el hecho que Chile se está transformando en un país constitucionalmente excéntrico, a escala mundial: no conozco casos en donde un país que decidió incursionar en un proceso de cambio constitucional fracase dos veces en tres años. Todo un récord, pero de los malos. Pero la extravagancia no se detiene allí. Todavía existe la posibilidad, cada vez menos teórica, de que no haya plebiscito: ¿por qué razón? Pues porque bien podría darse la situación, tan cómoda como rarísima, en donde no exista un acuerdo sobre un texto a ser plebiscitado, recordando que el plebiscito ya tiene fecha y el órgano regulador de las elecciones (Servel) lo tiene completamente organizado. Esto significaría que un plebiscito que ya tiene fecha…no pueda tener lugar a falta de acuerdo sobre lo que tiene que ser plebiscitado. Si todo lo anterior termina siendo cierto, el alcance semántico de la palabra extravagancia quedará corto, y Chile dejará atrás sus pergaminos de país serio: será como salir último en una clasificatoria, o descender a una categoría inferior en cualquier competencia deportiva. El problema es que de lo que estamos hablando no es de deporte. ¿En qué momento Chile se fue al carajo? Una excelente pregunta que ya había sido planteada por mi colega Claudio Fuentes en 2016. Sociólogo y cientista político

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Alfredo Joignant: La tragedia, la comedia y la extravagancia del proceso constitucional chileno

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