Cuando se discute cómo rescatar la educación venezolana, la conversación suele girar en torno a lo visible: los currículos, la formación de los docentes, las aulas que se caen a pedazos. Todo eso importa, y mucho. Pero hay una palanca silenciosa que casi nunca aparece en el debate y que, sin embargo, determina si todo lo demás funciona: la manera en que el país financia sus escuelas. No solo cuánto dinero se destina a la educación, sino cómo ese dinero llega —o no llega— a cada niño.
En Venezuela, ese “cómo” está profundamente averiado. El gasto público en educación ronda el 1,3 por ciento del PIB, el más bajo de América Latina y muy lejos del 6 por ciento que recomiendan los expertos de la región. Pero el problema no es únicamente la escasez. Es que el dinero se reparte de la peor manera posible: de forma centralizada, opaca y por insumos. No existe una fórmula pública que asigne recursos según el número de estudiantes que cada escuela atiende. El presupuesto se convierte, además, en la primera partida que se recorta cuando caen los ingresos petroleros. El financiamiento no sigue al estudiante; el estudiante depende de un financiamiento que fluctúa según prioridades ajenas a él.
Precisamente porque la crisis es tan profunda, una transición democrática ofrecería una oportunidad poco común: la de rediseñar el sistema desde sus cimientos. Y rediseñar no significa solo gastar más, sino gastar distinto, guiados por cuatro principios que hoy brillan por su ausencia: suficiencia, equidad, eficiencia y transparencia.
La idea central es sencilla de enunciar y transformadora en sus efectos: el dinero debe seguir a cada niño. En lugar de financiar insumos que se entregan a un proveedor fijo, el Estado asignaría un subsidio por estudiante —un monto público que se paga a la escuela en la que cada familia decide inscribir a su hijo, sea pública o privada, laica o religiosa—. La condición es absoluta: ninguna de esas escuelas podría cobrar matrícula ni cuota alguna. La educación seguiría siendo enteramente gratuita. Lo que cambia no es quién paga, sino cómo se financia: los recursos se moverían con los estudiantes, y las escuelas competirían por ofrecerles una mejor educación.
Conviene despejar de entrada un malentendido. Un subsidio por estudiante bien diseñado no es un mercado librado a su suerte, donde las escuelas de los barrios más pobres quedan condenadas a recibir menos. Es exactamente lo contrario: una herramienta para invertir más donde más se necesita. El subsidio no sería un monto plano e igual para todos, sino diferenciado, con un valor más alto para los estudiantes del 40 por ciento más pobre de la población, para las escuelas rurales o aisladas, y para los niveles de preescolar y de educación media, que requieren grupos más pequeños y docentes más especializados.
Aquí la experiencia de Chile es instructiva. Su primer sistema de subsidio, lanzado en 1981, amplió el acceso pero profundizó la segregación, porque trataba a todos los niños por igual sin importar sus condiciones. La reforma de 2008, la Ley de Subvención Escolar Preferencial, corrigió el rumbo: entregó un subsidio mayor por los estudiantes más vulnerables y exigió resultados a las escuelas. Los estudios que la evaluaron muestran que el rendimiento mejoró y que las brechas entre estudiantes ricos y pobres se redujeron. La lección es clara: la forma en que se financia la educación no es un tecnicismo contable, sino un instrumento poderoso de calidad y equidad.
El subsidio por estudiante no puede caminar solo. Debe complementarse con un Fondo Regional Focalizado que sostenga a las escuelas donde los costos fijos son altos y los estudiantes, pocos. Pensemos en una escuela de apenas cuarenta niños en un caserío de Apure: el subsidio por estudiante no alcanza para mantener sus puertas abiertas, y por eso necesita un aporte adicional que cubra los costos de operar en zonas remotas. Sin ese fondo, “que el dinero siga al niño” se convertiría en un abandono de los niños que viven donde hay pocos.
Nada de esto es creíble sin dos condiciones más. La primera es una arquitectura de calidad independiente del ministerio que financia: una agencia con el mandato de fijar estándares, medir los aprendizajes y auditar el uso de los fondos, apoyada en un sistema de información educativa que hoy no existe y sin el cual gobernaríamos a ciegas. La segunda es blindar el sistema frente a la política. Proponemos que la asignación de plazas se realice mediante una matrícula digital centralizada, en la que las familias expresen sus preferencias y una plataforma con reglas transparentes asigne los cupos. Esto impide que las escuelas seleccionen a los estudiantes que les convienen y —crucial tras dos décadas de politización— cierra la puerta a que las redes clientelares decidan quién estudia dónde.
La educación tiene, en medio de la polarización venezolana, una virtud política singular: es de los pocos temas capaces de convocar a adversarios en torno a un interés común. Un sistema en el que el dinero sigue al niño, las cuentas son transparentes y las familias eligen, es la antítesis del aparato centralizado y opaco que nos falló. Debería poder unir a quienes rara vez coinciden: el Estado y el sector privado, los gremios docentes y las asociaciones empresariales, el gobierno y la oposición. Todos tienen algo que ganar si la próxima generación aprende.
No será sencillo. Construir estas instituciones en un país golpeado por el colapso económico, la migración y la erosión de la confianza pública es una tarea enorme. Pero la peor decisión sería postergarla hasta “después” de la crisis. Los mecanismos de financiamiento no se improvisan en un año; se diseñan, se prueban y se corrigen. El momento de sentar sus bases es el comienzo de una transición, no su final.
La verdadera pregunta que enfrenta Venezuela no es solo cuánto invertir en educación, sino cómo hacerlo llegar a cada niño. Podemos reabrir todas las escuelas y aun así fallarles a los estudiantes si el dinero sigue repartiéndose como hasta ahora. Que cada bolívar destinado a la educación siga a un niño y llegue con más fuerza a quien más lo necesita: en esa decisión, aparentemente técnica, se juega si los venezolanos que hoy son niños heredarán un país más justo, más libre y más próspero.
