En un nuevo episodio de la exasperante política troll que nos ha tocado vivir, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió la semana pasada responder a la ruptura de negociaciones comerciales con Canadá firmando un decreto en el que ordenaba a las autoridades renombrar el lago Ontario como “lago América”. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, populista de derechas como Trump (de hecho, tiempo ha estuvieron mucho más cercanos que ahora) ha respondido a la altura, inaugurando un cartel gigante a orillas del lago con su nombre original.
El complicado sistema legal estadounidense hace que todo decreto presidencial (o, para usar el nombre oficial, orden ejecutiva) sea recibido con cierta confusión —para empezar, la tribu séneca ha argumentado que el nombre “lago Ontario” está reconocido por Estados Unidos en un tratado firmado en 1794, por lo que el presidente no tiene poder para revertirlo— pero Google no ha dudado: a las pocas horas, en la versión estadounidense de su aplicación de mapas, Google Maps, el nombre ya aparecía como “lago América”.
El gigante tecnológico ha recordado que esta es su política habitual: en cada país en el que opera la aplicación se muestran las fronteras legales y nombres usuales en ese país. De hecho, Google Maps es, quizás, demasiado efectivo en su empeño en traducir todos los nombres de todas las ciudades: por ejemplo, s’Hertogenbosch (Países Bajos) aparece como Bolduque, lo cuál es útil si estás leyendo una novela ambientada en los tercios de Flandes pero no tanto en casi cualquier otra situación de la vida.
En realidad, Google ha ido en paralelo a la Junta de Nombres Geográficos, la comisión dependiente del Gobierno federal que se encarga de aconsejar a los distintos poderes públicos estadounidenses el uso de una forma en concreto. Sin embargo, es natural que la prestancia de la empresa de Mountain View haya sido vista como una demostración más de la voluntad de las grandes tecnológicas de plegarse a cualquier ocurrencia del trumpismo.
La reacción no se hizo esperar. Los movimientos de “desgooglización”, una comunidad con 475.000 usuarios en Reddit, han aprovechado la ocasión para recomendar alternativas, como también lo ha hecho la competencia. MapQuest, que dominó el mercado estadounidense de los mapas online hasta que Google entró y —como es su costumbre— arrasó con la competencia, avisó que no iba a cambiar el nombre del lago en su aplicación y lanzó una página en la que pide a los usuarios que lo bauticen como quieran.
Si hay algo que enseña este episodio es que hay en ciertos sectores de la sociedad un hartazgo visceral; contra el dominio de las grandes tecnológicas, su cercanía con las posiciones de ultraderecha y sus comportamientos poco éticos. El acuerdo al que llegó la semana pasada Meta por lo que pueden ser más de 16.000 millones de dólares (una cifra pasmosa para el común de los mortales, pero diminuta en la escala de beneficios en la que opera la firma de Mark Zuckerberg) no hace sino reforzar a los que quieren distancia de los tecnogigantes.
Uno esperaría de los poderes públicos que fueran conscientes de esa marea que va subiendo poco a poco. Pero en Europa, salvo raras excepciones, estamos siendo excesivamente timoratos, quizás porque, para muchos países, el problema no es que haya grandes tecnológicas, sino que no sean europeas.
Cada vez hay más gente que rechaza que toda su vida esté en manos de empresas pendientes de la voluntad de Donald Trump. Lo mínimo exigible a los gobiernos de la UE y de la Comisión Europea es una señal de que, por lo menos, saben de su existencia.
