No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Montesquieu.
El análisis del sistema de justicia en Venezuela exige trascender la coyuntura mediática, así como las innecesarias diatribas y examinar las estructuras que sostienen el control institucional. En su obra “Los juristas del horror”, Ingo Müller – traducido al español hace muchos años por el amigo Carlos Armando Figueredo- documenta cómo el estamento judicial en la Alemania nazi fue desmantelado desde adentro hasta convertirse en un engranaje central de la represión. Guardando las distancias de los contextos históricos y sin caer en simplificaciones, la analogía resulta insoslayable al examinar el siniestro recorrido de la justicia venezolana: una sórdida pasarela donde la independencia del juzgador ha sido sustituida por la subordinación o la grosera y servil genuflexión política.
Hoy, en el centro del debate estratégico nacional, persiste una atención mediática y ciudadana enfocada casi de forma exclusiva en las condiciones electorales y en la conformación del CNE. Sin embargo, la realidad institucional demuestra que, sin la reconstrucción e independencia del Poder Judicial, cualquier acuerdo político o electoral carece de piso de sustentación.
La paradoja del CNE: El árbitro sometido al juez
Priorizar la renovación e independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde la primera fase de una negociación no es un capricho legalista ni una demanda teórica; representa una garantía de supervivencia para los pactos que de allí surjan. El TSJ actúa como la instancia con poder absoluto sobre las reglas del juego.
Las intervenciones institucionales de los últimos años han demostrado que el control sobre la Sala Constitucional y la Sala Electoral otorga al poder público facultades desmedidas que se han ejercido sin contrapesos:
Capacidad de veto: Inhabilitación de candidaturas políticas sin juicio previo ni debido proceso.
Intervención partidista: Judicialización y reestructuración de las directivas de las organizaciones políticas opositoras.
Anulación institucional: Invalidación de decisiones de otros poderes públicos o suspensión de procesos electorales ya avanzados.
Si una negociación se limita a equilibrar la directiva del CNE o a ajustar garantías técnicas de votación, el acuerdo permanece expuesto a la arbitrariedad del TSJ. Un tribunal cooptado conserva la facultad jurídica de desmantelar, mediante sentencias inapelables, cualquier avance negociado. Por ello, la reforma de la justicia no es el resultado lejano de una transición exitosa, sino el prerrequisito sine qua non que la hace viable.
Historia de un desmantelamiento: El “Efecto Afiuni” y la provisionalidad
Esta vulnerabilidad del sistema responde a una estrategia calculada. Un hito decisivo en la erosión de la autonomía judicial ocurrió en 2009 con el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Su detención arbitraria —ocurrida tras aplicar una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para otorgar libertad condicional a un procesado— fijó un precedente inhibitorio para todo el estamento judicial. El mensaje fue inequívoco: el apego a la ley acarrearía persecución y cárcel para los propios jueces.
A partir de allí, la cooptación se consolidó mediante la designación masiva de jueces provisionales, al margen de los concursos públicos de oposición previstos en la Constitución. Un caso representativo de este esquema es el de la abogada Alejandra Verónica Romero Castillo. Tras ingresar a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en 2014 a los 21 años de edad, ascendió en 2023 a la titularidad del Tribunal Tercero de Juicio con competencia nacional en materia de Terrorismo. Desde esa magistratura se han tramitado numerosos expedientes de índole política, imponiendo penas máximas de hasta 30 años de prisión contra civiles bajo acusaciones genéricas de terrorismo y conspiración. Refiriéndose a los jueces del régimen, hace cierto tiempo la recordada Paulina Gamus apuntó: “Ninguno llegó a ese cargo por sus conocimientos y competencias, todos son jueces del más alto tribunal de la República por su carencia absoluta de escrúpulos y decencia…”
La raíz del problema
El uso del derecho penal como herramienta de persecución evidencia la urgencia de actuar sobre la raíz del problema. Resulta imprescindible dar prioridad absoluta al nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, seleccionado con el rigor técnico, la transparencia y los méritos que exige la Constitución. Restituir un Poder Judicial independiente no es solo una tarea pendiente de reinstitucionalización, sino la condición indispensable para dar garantías reales a cualquier transición y recuperar la democracia en nuestro carajeado país.
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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor y no reflejan necesariamente la posición de El Carabobeño sobre el tema en cuestión.
Sociólogo de la Universidad de Carabobo. Director de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad de Carabobo.
