Las víctimas del terremoto en Venezuela tienen el derecho —jurídico y moral— de buscar y de ser buscadas, y de exigir que los restos de sus seres queridos sean tratados con dignidad, antes que la lógica de la demolición borre sus huellas bajo la maquinaria pesada.
Un mes después del doble terremoto que devastó La Guaira y Caracas, la cifra oficial habla de miles de muertos y decenas de miles de heridos, pero el dato que desgarra el tejido social es el de los desaparecidos. En este sentido, plataformas ciudadanas como Desaparecidos Terremoto Venezuela o Venezuela te busca, registran decenas de miles de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, mientras Naciones Unidas estimó hasta 50.000 desaparecidos. La desaparición en un desastre no es solo un problema estadístico; es una violación prolongada del derecho de las familias a la verdad. El Sistema Interamericano y la práctica de Naciones Unidas reconocen que, incluso en emergencias, “subsisten los derechos a la vida, a la integridad, a la verdad y a la participación”.
Desde una perspectiva de derechos humanos, las víctimas tienen tres derechos básicos, a saber: primero, el derecho a la vida y a la integridad, que obliga al Estado a agotar los medios razonables de búsqueda y rescate mientras exista alguna posibilidad de encontrar supervivientes. Segundo, el derecho a la verdad sobre el destino de sus familiares, que no se satisface con partes oficiales fragmentarios, sino con información verificable, accesible, actualizada y centralizada. Tercero, el derecho a participar en las decisiones que afectan la búsqueda. Las familias no pueden ser meros espectadores cuando se decide demoler el edificio donde sospechan que aún yacen sus seres amados.
En La Guaira han comenzado ya las demoliciones de edificios dañados, mientras miles de familias continúan apostadas alrededor de las estructuras, esperando una noticia, una confirmación, un cuerpo. La remoción de restos de edificaciones sin preservar posibles restos humanos no es un detalle técnico; es una forma de violencia institucional. Supone priorizar la “normalización” urbana sobre el duelo y la verdad, tratar los escombros como basura y no como escenas de muerte donde deben aplicarse estándares forenses, y disolver pruebas materiales que permitirían identificar cuerpos y reconstruir responsabilidades —incluyendo posibles fallos estructurales, corrupción urbanística o negligencia en la respuesta estatal.
Al hilo de estas ideas, es valioso recordar que en el derecho internacional se han consolidado principios aplicables también a los desastres, a saber, la dignidad de las personas fallecidas —que comprende su cuerpo y partes de su cuerpo—, que exige su búsqueda, recuperación, identificación, documentación y entrega digna a sus familiares. Los Principios rectores para una gestión digna de las personas fallecidas en emergencias humanitarias y para la prevención de las desapariciones recuerdan que, en todas las etapas del proceso (búsqueda, recuperación, análisis forense, conservación y disposición final), los cadáveres y sus efectos personales deben ser gestionados conforme a derecho internacional y prácticas idóneas, evitando su maltrato o despojo. A ello se suma la obligación de investigar y esclarecer los hechos, incompatible con registros incompletos y cifras contradictorias, y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, que incluye conocer el paradero de los restos de sus seres queridos. Ese derecho a la verdad tiene una dimensión individual y colectiva, y se vincula estrechamente con la participación efectiva de las víctimas en las decisiones que afectan directamente su acceso a la información y a la reparación.
En este escenario, el Estado no puede refugiarse en la idea de que “la naturaleza” es la única responsable. La responsabilidad pública puede operar en varios planos, internacionalmente, por violar derechos humanos reconocidos en tratados y en la práctica de sistemas como el interamericano; constitucionalmente, por falla del servicio en la gestión del desastre, cuando la administración actúa de forma tardía, desordenada o negligente en la prevención, la atención y el manejo de los muertos, y, en casos graves, penalmente, cuando la demolición apresurada y sin protocolos se convierte en una forma de desaparición secundaria, al destruir restos humanos y pruebas y al negar a las familias la posibilidad de verdad e identificación.
La respuesta social ha sido elocuente puesto que periodistas, activistas y ciudadanos han creado plataformas digitales que cruzan datos de desaparecidos, hospitalizados, localizados y fallecidos, y que hoy constituyen la principal referencia para entender la magnitud de la tragedia. Esa proliferación de herramientas colaborativas revela una profunda desconfianza en la capacidad o voluntad estatal de centralizar la información. El heroísmo ciudadano —el crowdsourcing de la emergencia— no exime al Estado de su obligación de garantizar la búsqueda, preservar restos humanos y construir un registro fiable.
¿Qué habría que exigir ahora? En primer lugar, la suspensión inmediata de toda demolición en estructuras vinculadas con reportes de desaparecidos, hasta que se certifique técnica y de manera pública que no hay cuerpos por recuperar. En segundo lugar, la adopción de protocolos de gestión de cuerpos en desastres, alineados con estándares internacionales, que hagan obligatoria la preservación de restos humanos, su rastreo forense y la documentación detallada de cada hallazgo. En tercer lugar, la creación de un registro oficial unificado de desaparecidos, nutrido por las plataformas ciudadanas y sometido a auditoría independiente. Finalmente, la instalación de espacios formales de participación de familiares y organizaciones de derechos humanos en las decisiones sobre demolición, reconstrucción y manejo de restos.
El derecho de las víctimas del terremoto en Venezuela no se reduce a reclamar que se busque a sus seres amados. Es también el derecho a que el país se niegue a reconstruirse sobre la amnesia. Antes que levantar nuevas edificaciones, hay que levantar la verdad desde los escombros. Solo entonces la reconstrucción podrá aspirar a ser algo más que un paisaje urbano renovado puesto que será, al menos, una tentativa de justicia.
