La guerra es, probablemente, la actividad humana que más rechazo provoca. Las imágenes de ciudades destruidas, niños desplazados, soldados mutilados y economías arruinadas parecen suficientes para condenarla sin apelación. Y sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que los Estados continúan recurriendo a ella. La pregunta, entonces, no es por qué la guerra produce horror —eso es evidente—, sino por qué sigue siendo considerada una opción racional por quienes ejercen el poder.
Existe una tendencia contemporánea a interpretar los conflictos armados como simples irracionalidades, fruto de la locura de ciertos gobernantes o de errores de cálculo. Esa explicación resulta cómoda, pero insuficiente. Ningún Estado moviliza recursos gigantescos, compromete su estabilidad interna y arriesga su supervivencia por mero capricho. Detrás de toda guerra existe una lógica política, estratégica y geopolítica que trasciende las emociones y los juicios morales.
La confrontación entre Israel e Irán, con la participación directa o indirecta de Estados Unidos, constituye un ejemplo reciente. Más allá de las consideraciones éticas sobre las víctimas civiles, cada actor persigue objetivos concretos. Israel busca impedir la consolidación de un rival regional capaz de alterar el equilibrio estratégico de Oriente Medio. Irán intenta expandir su capacidad de influencia y reforzar su posición como potencia regional. Estados Unidos procura preservar un orden geopolítico favorable a sus intereses. Ninguno de estos objetivos puede comprenderse apelando únicamente a categorías morales.
Algo similar ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania. Para Moscú, la expansión de estructuras militares occidentales hacia sus fronteras constituye una amenaza estratégica que considera inaceptable. Para Ucrania, la resistencia es una cuestión de soberanía nacional y supervivencia estatal. Para las potencias occidentales, el conflicto representa una oportunidad para contener la proyección de poder rusa. Cada actor opera según cálculos de poder, seguridad y posición internacional.
Esto no significa justificar la guerra. Comprender no equivale a absolver. Significa reconocer que los Estados no actúan principalmente movidos por sentimientos, sino por necesidades objetivas derivadas de su propia existencia política. Un Estado que ignore las amenazas a su seguridad o renuncie sistemáticamente a defender sus intereses corre el riesgo de desaparecer como actor histórico.
La paradoja es incómoda. Mientras los ciudadanos contemplan legítimamente la guerra desde el sufrimiento humano que produce, los gobernantes están obligados a considerarla también desde otra perspectiva: La conservación del Estado, la defensa del territorio, el acceso a recursos estratégicos o el equilibrio de poder frente a adversarios potenciales.
Quizás por eso la guerra nunca ha desaparecido, pese a los avances tecnológicos, jurídicos o morales de la humanidad. Cambian las armas, cambian los discursos y cambian las alianzas. Lo que permanece es una realidad más antigua y menos sentimental: Allí donde existen Estados con intereses incompatibles, la posibilidad de la guerra sigue formando parte de la política por otros medios.
Y esa es una verdad que muchos consideran desagradable, pero que ningún dirigente responsable puede permitirse ignorar.
