La reforma del sistema de justicia penal en Venezuela, promovida por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, avanza en medio de profundas dudas sobre su alcance real y su falta de transparencia institucional. Casi seis meses después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero que sacó del poder a Nicolás Maduro, el proceso de reestructuración —que incluye la renovación exprés del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y una polémica ley de amnistía— se enfrenta a la resistencia de los propios tribunales chavistas, que mantienen casi intactas las prácticas de persecución y sumisión al Ejecutivo denunciadas por Naciones Unidas.
Reglas opacas y desconfianza: la reforma judicial venezolana nace bajo sospecha.
Estoy que corro, admitió hace unos días la defensora del pueblo de Venezuela, la abogada Eglée González Lobato, al tomar la palabra en una reunión de la Comisión de la Revolución Judicial presidida por Diosdado Cabello. La frase, espontánea pero sintomática, resumía la envergadura de la transformación del sistema de justicia penal prometida por el Gobierno. Es una situación de una complejidad y una vulnerabilidad que solo puede resolverse si se cuenta con coordinación y puertas abiertas. Nosotros tenemos que atender a todos con independencia y autonomía, añadió. Sus palabras, sin embargo, reflejan una realidad incómoda: la reforma avanza sin reglas claras y despierta profundas dudas sobre sus verdaderos alcances.
Tras la intervención militar estadounidense, las nuevas autoridades anunciaron un giro drástico respecto a la política represiva que durante años dejó miles de perseguidos, encarcelados y exiliados. En ese engranaje, los tribunales desempeñaron un papel clave, tal como documentaron los informes de Naciones Unidas. Casi seis meses después, la reforma parece avanzar en dos planos paralelos y contradictorios: el de los anuncios oficiales y las consultas públicas, y el de las viejas prácticas que continúan enquistadas en los juzgados.
La dualidad de la amnistía
La ley de amnistía, considerada el primer paso en el camino de la transición, expuso de inmediato esta dualidad. El alcance político de la norma chocó pronto con jueces que se negaron a firmar excarcelaciones o que aplicaron medidas restrictivas de forma selectiva. La ley de amnistía pudo haber sido un paso muy importante, pero se quedó muy corta. No todas las personas han sido favorecidas; hay quienes siguen sometidas a procesos judiciales y ahí se ven las debilidades de la falta de autonomía. Con jueces garantistas se hubiese interpretado una ley que es corta de una forma diferente, señala la abogada penalista Magaly Vásquez.
A la amnistía le han seguido los nombramientos de nuevas cabezas en los poderes del Estado. El nuevo fiscal general, Larry Devoe, ya venía operando en un sistema cooptado por el Ejecutivo. Por su parte, la defensora González Lobato fue propuesta por la minoritaria bancada opositora en la Asamblea Nacional, una designación que algunos sectores ven como una concesión limitada dentro de un proceso totalmente controlado por el chavismo.
En paralelo, la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) arrancó plagada de irregularidades. El comité de postulaciones se instaló sin saber cuántos cargos debía llenar. Luego, con el proceso ya en marcha, se reformó la ley del TSJ para modificar la conformación de las salas y aumentar el número de jueces de 20 a 32. El nombramiento se ha prorrogado dos veces y sigue en suspenso. Uno como abogado celebra que se pueda hacer una reforma, pero solo cuando las reglas están claras y no se modifican sobre la marcha. No hay transparencia. Así quieras confiar en el proceso, no hay razones para hacerlo, añade Vásquez.
El chavismo ha tenido que reconocer públicamente los vicios sobre los que por años sostuvo el sistema. El ministro Cabello aseguró haber depurado de los cuerpos policiales a 22.000 agentes incursos en casos de corrupción. Hemos visto que se politiza la justicia penal. Jueces que cobran extorsiones por liberaciones. Quiero hacer justicia para los funcionarios honestos de Venezuela y quiero acabar con la ‘matraca’ y la extorsión, reconoció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la apertura de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal en Caracas, donde ordenó crear una línea telefónica de denuncia (0800-Extorsión). Se trata, no obstante, de problemas estructurales denunciados sistemáticamente por organizaciones de derechos humanos.
En el trajinar diario de los pasillos judiciales se perciben cambios que los litigantes atribuyen al viraje político posterior al 3 de enero, más que a la reforma misma. Por primera vez en años, algunos abogados han podido juramentarse para defender a perseguidos políticos —a quienes antes se les imponía defensa pública— y han logrado sacar copias de los expedientes. El trato también es diferente, antes eran groserísimos, apunta Omar Tosta, defensor de miembros del equipo político de la líder opositora María Corina Machado, como Dignora Hernández, Henry Alviárez y Víctor Castillo.
Sin embargo, Tosta denunció el desmantelamiento silencioso de los cuatro tribunales de terrorismo con competencia nacional que funcionaban en Caracas. En el caso de los activistas de Machado, la defensa fue informada de que los expedientes fueron trasladados a juzgados ordinarios en Barinas, a más de 500 kilómetros de la capital. Al acudir a la ciudad llanera, les notificaron que los documentos no estaban allí.
No entendemos por qué están haciendo esto, pero este limbo también es una forma de indefensión, sostiene Tosta. El argumento oficial es el descongestionamiento de los juzgados, pero estas instancias arrastran una falla de origen: no fueron creadas por ley, sino por resolución administrativa. Son tribunales ad hoc, todas sus decisiones son írritas y las causas deberían ser cerradas.
La maniobra no es nueva. Durante las masivas protestas de 2014 y 2017 se utilizaron tribunales militares para juzgar a civiles. Ahora, en los tribunales de terrorismo se han institucionalizado las violaciones al debido proceso. Todos los países tienen legislación sobre terrorismo, pero no tienen terroristas. Acá parece que tenemos demasiados, porque cualquier acto es terrorismo, añade Joel García, otro penalista activo en la defensa de presos políticos. Basta con ser disidente para que te acusen de una serie de hechos sin individualizar la participación (cómplice, coautor o partícipe). En estos juzgados se volvieron comunes las audiencias telemáticas de madrugada —sin defensores— y la estampa de jueces con gorras cuyo lema reza: Dudar es traición, una consigna adoptada por el chavismo tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
El efecto Afiuni y la sumisión judicial
Para la abogada Magaly Vásquez —cuyo nombre fue promovido por sectores académicos para la Fiscalía General sin obtener el visto bueno del chavismo—, cualquier reforma real debe empezar por la estabilidad de los jueces. Desde 2003 se abandonaron los concursos de oposición para la carrera judicial y la mayoría de los cargos pasaron a ser provisionales. A esto se suma el llamado efecto Afiuni: el precedente del encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni en 2009, tras dictar una decisión que contrariaba las órdenes de Hugo Chávez. El resultado es una generación de magistrados que aprendió que su permanencia depende de su sumisión al Ejecutivo.
La paradoja del proceso actual se hizo evidente esta misma semana. Mientras el Gobierno anuncia mesas de diálogo y reformas, Afiuni fue citada de nuevo a los tribunales. A pesar de haber cumplido hace años la pena de un lustro que le fue impuesta por el delito inexistente de corrupción espiritual, se le notificó que debe continuar bajo el régimen de arresto domiciliario que arrastra desde 2019. Ha perdido 16 años de libertad por fallar conforme a la ley. Una prueba de que, mientras en los despachos oficiales se debate el futuro de la justicia, en los pasillos de los tribunales el viejo sistema viciado sigue operando.
Florantonia Singer – El País de España
