El 15 de junio de 1813 fue firmado por el Libertador Simón Bolívar el Decreto de Guerra a Muerte en la ciudad de Trujillo, el cual tuvo como objetivos convertir una rebelión interna entre hermanos en una guerra internacional entre dos naciones distintas (Venezuela y España) y forzar a la población a tomar partido hacia la libertad de la patria.
En fin, el referido decreto fue una estrategia muy clara de Bolívar frente a la incertidumbre reinante en nuestra nación. Por un lado, la mayoría de los soldados que defendían al Rey de España eran venezolanos humildes (pardos, llaneros e indígenas) seducidos por el encanto y las promesas de los jefes realistas. El Libertador requería que esos venezolanos comprendieran que el verdadero enemigo era el imperio español, no sus compatriotas. Además, gran parte de la población se mostraba indiferente a apoyar alguno de los bandos, solo deseaban sobrevivir.
Bolívar eliminó los términos medios con una psicología radical. El decreto cierra con una célebre proclama: Españoles y canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aún siendo culpables. En pocas palabras significa que si eres español, mueres automáticamente a menos que luches activamente por la independencia de Venezuela. Si eres americano tienes el perdón garantizado, aunque hayas ayudado al enemigo, siempre y cuando te unas a la causa patriótica. No hay lugar a medias tintas.
Para Bolívar el decreto, también, fue una respuesta a la crueldad del ejército español, comandado por Domingo de Monteverde. Sus principales jefes violaron los acuerdos de paz, mataban, encarcelaban y robaban a los venezolanos que se habían rendido tras la caída de la Primera República. Esto obligaba al Libertador a usar la política del “ojo por ojo” para demostrar que el ejército patriota aplicaría el terror si los españoles no detenían las masacres.
A 213 años de su firma, el referido decreto encierra un gran significado metafórico en la Venezuela actual, degradada en sus principios morales. No pretende derramar sangre en la población, sino obligar a los ciudadanos y los políticos a tomar una postura firme: o se está al lado de la ética, la soberanía popular y la honestidad, o se es cómplice por indiferencia del fraude electoral, la corrupción, la persecución política y el transfuguismo. No podemos ocultar que la hoy devastada Venezuela es escenario de degradación institucional donde la corrupción cabalga a sus anchas, condena al ciudadano honesto y premia la complicidad.
Por otro lado, en los últimos tiempos “el salto de talanquera” se hace muy notorio. Ese fenómeno permea la psiquis del individuo no por convicción, sino por supervivencia financiera, prebendas o cuotas de poder. En fin, es una corrupción institucionalizada que opera como los antiguos ejércitos de la Corona Española: saquea las riquezas del territorio, empobrece a la población y protege los intereses de una élite desvinculada de la realidad social. Es hora de rememorar el célebre decreto en su nuevo aniversario y repensar en la reconstrucción moral e institucional de la república con ciudadanos idóneos y éticos.
Ellos deben promover un marco jurídico-institucional donde los transfugas políticos sean inhabilitados para ejercer cargos públicos y el embargo de bienes obtenidos ilícitamente por quienes subasten su ideología y los recursos del Estado. Es un “Decreto de Guerra a Muerte” esencialmente moral que permita extirpar el tumor de la corrupción y el transfuguismo para que Venezuela transite hacia su “Tratado de Regularización”, es decir, un Gran Pacto Nacional de Reinstitucionalización donde se respeten las reglas del juego democrático, la separación de poderes y la soberanía del voto ciudadano.
