Más tarde que temprano, Venezuela tenía que sentarse a negociar su deuda. Sin embargo, la gravedad del daño en las instituciones, la economía y la sociedad en general, exige que cualquier cambio se haga con gran cuidado legal y estratégico, integridad institucional, transparencia y enfoque en el interés nacional.
La sostenibilidad de un acuerdo no debe depender solo de factores políticos o del deseo de los bonistas de multiplicar exponencialmente sus ganancias a corto plazo. Debe basarse en la verdadera capacidad de pago a largo plazo, apoyada por un programa económico confiable y por la generación constante de superávit primario. Solo así se podrá lograr una reestructuración legítima, viable y alineada con normas internacionales de gobernanza, cumplimiento y estabilidad financiera, con el compromiso claro de todas las partes.
Y cuando ese momento llegue, el problema más grave no va a ser el tamaño de la quita ni la dureza de los acreedores. Va a ser otro, mucho menos visible: que hoy nadie puede decir con certeza jurídica quién debe qué, a quién, en qué condiciones y con qué prioridad de cobro. Sentarse a negociar sin ese mapa no tiene nada de audaz. Es una imprudencia, y la pagarán, como siempre, los que no estuvieron en la mesa.
Conviene partir de un dato que debería escandalizar: Venezuela no completa una Consulta del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional desde 2004. Veintidós años sin una evaluación macroeconómica seria, validada por alguien distinto del propio gobierno. El pasado 16 de abril el Fondo anunció que retoma las negociaciones con Caracas. Excelente noticia, sin duda, pero el anuncio no llena el vacío; apenas lo pone en evidencia. Sin un análisis de sostenibilidad de la deuda hecho bajo los estándares del FMI, no hay base técnica para una oferta de canje que resista en tribunales. La mayoría de los bonos de la República y de PDVSA se rigen por la ley de Nueva York, y esa ley obliga al emisor a revelar toda la información que un inversor razonable consideraría relevante antes de decidir. Difícil cumplir con semejante exigencia cuando ni el propio Estado conoce el cuadro completo de lo que debe.
Porque esa es la otra cara del asunto. Los instrumentos de la deuda venezolana están regados por varias jurisdicciones, publicados a medias o sencillamente nunca publicados. En más de un caso, la frontera entre lo que debe la República, lo que debe PDVSA y lo que deben las empresas del Estado se difuminó a propósito. Hasta hace poco no existía siquiera un repositorio público con los documentos fuente de esa deuda; tuvo que construirlo la academia, con la iniciativa #PublicDebtIsPublic de Georgetown y Queen Mary de Londres. Que unos profesores universitarios hayan tenido que armar ese archivo parcialmente, para que los venezolanos pudiéramos ver
nuestro propio expediente dice bastante sobre el punto de partida. El precedente iraquí ayuda a dimensionar la tarea pendiente: a Ernst & Young y Citigroup les tomó más de un año solo reconstruir el inventario de lo que Irak debía, en condiciones parecidas a las venezolanas, antes de que arrancara negociación alguna.
Y aquí asoma la tentación más peligrosa: reestructurar rápido y solo con los bonistas. Una operación así dejaría por fuera, la deuda bilateral con China y Rusia (firmada bajo acuerdos cuyos términos jamás se hicieron públicos). También dejaría por fuera los laudos arbitrales del CIADI. Varios de estos ya avanzan en procesos de ejecución contra activos venezolanos en el exterior, empezando por Citgo. Lejos de simplificar las cosas, esa exclusión las envenena. Un acuerdo armado sobre información incompleta puede ser impugnado por varios frentes a la vez. Por consentimiento viciado, si la deuda con China —estimada entre 10.000 y 17.000 millones de dólares— nunca fue divulgada en su totalidad. Por prelaciones ocultas, si los préstamos bilaterales tienen garantías sobre el petróleo que reducen lo que de verdad recuperará el bonista y por trato discriminatorio entre clases de acreedores.
Además, por incumplimiento de la regulación europea contra el lavado de dinero, que impide a los intermediarios financieros facilitar un canje sin verificar antes quién es el beneficiario final de cada instrumento. Estos riesgos no se excluyen entre sí. Se acumulan.
¿Y cuánto cuesta equivocarse? Aquí no hace falta especular, porque la factura ya la pagaron otros y está medida. Argentina dejó de pagar 100.000 millones de dólares en 2001 y tardó quince años en volver a los mercados internacionales. En el camino sufrió un segundo default en 2014, cuando un juez de Nueva York le prohibió pagarle al 93% de los acreedores que sí habían aceptado el canje mientras no les pagara completo a los fondos que litigaban. Para cerrar el capítulo, en 2016 el nuevo gobierno tuvo que salir a emitir 16.000 millones de dólares en bonos frescos. Esto fue en buena parte para financiar los arreglos: 4.650 millones solo para los cuatro fondos principales, equivalentes al 75% de sus sentencias judiciales. Además, más de 1.500 millones fueron repartidos entre holdouts menores. Elliott, el fondo de Paul Singer que lideró el litigio, había comprado buena parte de esos papeles a precios de remate después del default; sus retornos rondaron el 400%. Quince años de exclusión financiera, dos defaults, riesgo país por las nubes y una jurisprudencia que cambió las reglas para todos los deudores soberanos del mundo: ese fue el precio de negociar mal y de negociar tarde.
Y Argentina ni siquiera es el caso más cruel, porque al menos tenía espalda para resistir. Elliott había ensayado antes con Perú: en 1996 compró deuda por unos 11 millones de dólares, consiguió una medida judicial que bloqueaba los pagos al resto de los acreedores y terminó cobrando 58 millones, más del cuádruple. En Zambia, el fondo Donegal compró por menos de 4 millones una deuda vieja con Rumania, demandó 55 ante los tribunales británicos y obtuvo 15,5 millones, dinero que salió de un país que acababa de recibir alivio de deuda destinado a
salud pública. En Congo-Brazzaville, unos 10 millones comprados con descuento se transformaron en reclamaciones judiciales que multiplicaban por más de diez la inversión. Hasta Grecia, el canje considerado más exitoso de la historia reciente, tuvo su grieta: los tenedores de bonos bajo ley extranjera que se negaron a participar terminaron cobrando íntegro, porque Atenas no podía darse el lujo de pelear con ellos en cortes de Londres mientras renegociaba con Europa.
La academia le puso números al patrón general. El estudio de Juan Cruces y Christoph Trebesch examinó 180 reestructuraciones en 68 países entre 1970 y 2010. Encontró que un país tarda en promedio cinco años y medio en recuperar acceso parcial a los mercados de capital y más de ocho en recuperarlo del todo.. Los mercados, concluyeron, ni perdonan ni olvidan. Para un país que necesitará financiamiento masivo para reconstruir su industria petrolera, su sistema eléctrico y sus hospitales, cada año adicional de exclusión no es una estadística: es reconstrucción que no ocurre. Y Venezuela parte de un agujero que ningún otro deudor ha conocido, con un riesgo país que lleva años siendo el más alto del planeta y una credibilidad institucional que habrá que reconstruir pieza por pieza ante acreedores, multilaterales e inversionistas que ya fueron quemados una vez.
Los casos que salieron bien confirman la regla por contraste. Ecuador en 2020 y Uruguay en 2003 reestructuraron rápido y sin litigios porque llegaron a la mesa con la información completa, con un análisis de sostenibilidad validado por el FMI y dispuestos a negociar con todos sus acreedores a la vez. Venezuela hoy no cumple ninguna de esas condiciones.
Hay algo, además, que los tecnicismos no alcanzan a transmitir. Los venezolanos ya pagamos esta deuda una vez: en servicios públicos desfinanciados, en salarios pulverizados por la hiperinflación, en bienestar que se esfumó. Corremos el riesgo de pagarla dos veces más: una en los tribunales, si el canje nace impugnable, y otra en la década de exclusión financiera que seguiría a un proceso fallido. Una República que llega a esa mesa sin inventario propio de su deuda, sin Artículo IV y sin auditoría de titularidad no negocia; capitula con los documentos incompletos. Y los fondos que convirtieron 11 millones en 58 en Perú, y 4 en 15 en Zambia, saben perfectamente cuánto vale esa debilidad. Ya tienen posiciones en deuda venezolana. Están esperando.
Pero el costo final no se mide en puntos básicos ni en años de litigio. Se mide en algo mucho más frágil: la esperanza. Imaginemos el escenario por el que tantos venezolanos han luchado, votado y emigrado esperando volver: una transición democrática, un gobierno con mandato legítimo, un país dispuesto a empezar de nuevo. Ahora imaginemos que ese gobierno hereda una reestructuración fallida, impugnada en diez tribunales, con Citgo perdida y los activos de
la República embargados de Houston a Londres. No habrá programa económico que resista. La reconstrucción necesita crédito, inversión y confianza, y las tres mueren juntas cuando un canje colapsa. Un gobierno democrático que no pueda financiar ni la primera escuela, ni el primer hospital, ni el primer pozo verá cómo la ilusión se pudre en frustración, la frustración en rabia, y la rabia en el mejor argumento electoral de quienes destruyeron al país: ¿ven que con la democracia tampoco se come? Una reestructuración fallida no es un pleito entre abogados de Manhattan. Es la sepultura anticipada de la única oportunidad de reconstrucción nacional que Venezuela tendrá en una generación.
Por eso callar hoy no es prudencia: es complicidad. La evidencia está escrita, con cifras, sentencias y años contados, en la historia de Argentina, de Perú, de Zambia, de todos los países que negociaron a oscuras y lo pagaron por década y media. Quien conociendo esa evidencia no se rebele ahora contra la improvisación, contra el canje exprés, contra la negociación sin mapa, tendrá que responder mañana ante un país al que se le prometió futuro y se le entregó otro default. La ventana es estrecha y no se repetirá. La prisa siempre fue el mejor negocio de los acreedores oportunistas. A Venezuela lo único que le queda como escudo es la transparencia, y la transparencia, esta vez, hay que exigirla a gritos: antes de firmar, no después de fracasar.
Economista y especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Riskoff España-Europa.
