Si usted quiere entender el cangrejo eléctrico en Venezuela, vea la entrevista que César Miguel Rondón le hace a José María De Viana. No porque sea cómoda —no lo es— sino porque ahí está la verdad técnica, histórica y moral del apagón nacional.
De Viana —a quien bien conozco— habla con la serenidad y el aplomo del que conoce el sistema eléctrico como quien conoce su propia casa: sabe dónde cruje la madera, dónde se filtra el agua, dónde está la grieta que nadie quiso reparar. Y lo que cuenta es la historia de un país que dejó que su infraestructura se oxidara, mientras repetía consignas torpes.
Explica que el colapso no fue un accidente ni un evento súbito, sino un proceso lento, acumulativo, casi de degradación biológica: la desinversión sistemática, la sustitución de técnicos por militantes, la centralización absurda que convirtió a Corpoelec en un monstruo burocrático incapaz de tomar decisiones, la fuga de ingenieros que se fueron porque no podían trabajar con equipos dañados, presupuestos inexistentes y jefes improvisados. “Un sistema eléctrico no se improvisa; se construye durante décadas y se destruye en pocos años”, dice, y uno siente que esa frase debería estar tallada en piedra.
Cuando llega al tema del Guri, la conversación se vuelve quirúrgica. De Viana describe cómo la joya hidroeléctrica del país —orgullo continental, referencia mundial— terminó convertida en un punto de vulnerabilidad extrema. Turbinas sin mantenimiento, repuestos que nunca llegaron, líneas de transmisión que debieron renovarse hace veinte años, sistemas de protección desactivados. El país quedó dependiendo de un solo punto, como un organismo que solo respira por un pulmón. Si falla Guri, falla todo. Y falló. No por sabotaje, no por “guerra eléctrica”, sino por simple entropía: un sistema abandonado colapsa por su propio peso.
De Viana desmonta la narrativa oficial con datos, no con adjetivos. Explica que los apagones coinciden con fallas previsibles, que los sistemas de respaldo estaban inoperativos, que las plantas termoeléctricas —esas que anunciaron con bombos y platillos— nunca funcionaron como debían porque fueron mal instaladas, mal compradas o simplemente nunca terminaron de construirse. Habla de equipos comprados a sobreprecio que llegaron dañados, de contratos firmados para obras que quedaron en maquetas, de plantas que jamás se conectaron al sistema. La corrupción, dice, no fue un accidente: fue el modelo operativo.
La entrevista también muestra la fractura social que dejó la crisis eléctrica. Un país partido entre quienes tienen planta y quiénes no. Entre quienes pueden pagar diésel y quienes pasan noches enteras a oscuras. Entre ciudades que reciben racionamientos “administrados” y estados que viven apagones de ocho, diez, doce horas sin aviso. De Viana lo llama “pobreza energética”, pero en realidad es algo más profundo: es la sensación de que la vida cotidiana se volvió una ruleta rusa. La nevera que se daña, el niño que no puede estudiar, el anciano que no puede usar un nebulizador, el negocio que pierde mercancía, la calle que se vuelve territorio de nadie cuando cae la noche.
Y sin embargo, lo más duro de la entrevista no es el diagnóstico técnico, sino la dimensión temporal. De Viana no vende ilusiones. Dice que recuperar el sistema eléctrico venezolano tomará entre diez y quince años de inversión sostenida, planificación seria y autonomía técnica. No hay atajos. No hay discursos que enciendan turbinas. No hay cadenas que reparen líneas de transmisión. La luz no vuelve con propaganda; vuelve con ingeniería.
Y hay un punto en el que De Viana es especialmente frontal: la necesidad de privatizar, o al menos desestatizar la operación eléctrica. No lo dice por dogma ideológico, sino por simple constatación técnica. Explica que un sistema eléctrico requiere decisiones rápidas, inversión constante, mantenimiento riguroso y una cultura de eficiencia que el Estado venezolano —tal como está configurado— no puede garantizar. La politización convirtió a Corpoelec en un aparato inmóvil, incapaz de planificar, de ejecutar, de corregir. “La electricidad no puede depender de un ministerio que cambia cada año ni de un partido que usa la luz como herramienta de control”, viene a decir. Privatizar, para él, no es vender el país: es sacar la electricidad del pantano político, permitir que operadores profesionales gestionen con criterios técnicos, atraer capital, recuperar talento y crear un sistema donde la continuidad no dependa del humor del poder. En otras palabras: devolverle a la electricidad su naturaleza de servicio público, no de instrumento partidista.
Por eso digo que lo que muestra esa entrevista es la radiografía de un monstruo de mil cabezas: cada cabeza es un problema distinto —técnico, político, económico, institucional, humano— y todas se alimentan entre sí. La desinversión alimenta la corrupción, la corrupción alimenta la improvisación, la improvisación alimenta el colapso, el colapso alimenta la mentira, y la mentira alimenta la oscuridad. Es un ecosistema de fallas interconectadas.
Y sin embargo, la entrevista ilumina. No porque dé esperanza, sino porque da claridad. Y en un país donde la luz se volvió lujo, la claridad es un acto patriótico. Alivia escuchar a alguien que, como José María, no habla paja.
Soledadmorillobelloso@gmail.com – @solmorillob
