Manuel Aaron Fajardo, la “pieza” de Zapatero en Venezuela, ha tenido un viaje turbulento por el mundo de los negocios del régimen chavista. Socio de un empresario cercano a los hermanos Granko Arteaga y adversario en las cortes de los hermanos De Grazia, el joven canario hizo negocios en sectores tan diversos como el mercado de valores, el transporte masivo de pasajeros y el empaquetado de alimentos.
A inicios de 2019 un desconocido joven español de 30 años llegó a Caracas con el extravagante proyecto de establecer un mercado de valores “descentralizado” a través del creciente y entonces muy novedoso mercado de los activos digitales en la Venezuela controlada por el chavismo.
La propuesta era, como mínimo, heterodoxa. La economía venezolana atravesaba una de las peores hiperinflaciones en el mundo y su autoritarismo político, sazonado con años de fuertes controles económicos y medidas antimercado, espantó hasta a los inversionistas más optimistas.
Sin embargo, este amasijo en el que se fundían el colapso económico y la crisis humanitaria no espantó a Manuel Aaron Fajardo García, quien disponía de una poderosa carta de presentación bajo la manga. En las últimas semanas el joven, nacido en Sevilla, pero criado en el territorio canario de Lanzarote, ganó una notoriedad transatlántica por la aparición de su nombre en el auto de la acusación que el juez español José Luis Calama le sigue a José Luis Rodríguez Zapatero.
En un contundente texto de 85 páginas, el juez expone el funcionamiento de una presunta red de tráfico de influencias liderada por el expresidente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que el joven canario es calificado como la “pieza” en Venezuela de Zapatero.
Hijo de la jueza María Jesús García Hernández, y del exsenador del PSOE en Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea (éste último amigo personal de Rodríguez Zapatero), es considerado en las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional como parte del “segundo nivel” de la trama y ubicado en el primer eslabón de la cadena que permitió a la aerolínea Plus Ultra recibir una ayuda financiera del gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia del Covid-19, esto, sin cumplir los requisitos para ello.
La Gran Aldea investigó los registros empresariales y judiciales en Venezuela del “lugarteniente” de Zapatero, como también le identifican en el auto judicial. Estos papeles dibujan una febril actividad empresarial que incluyen la promoción de una bolsa de valores con activos digitales, inversiones en turismo, transporte masivo, negocios de empaquetadoras de comida y contactos con altos funcionarios gubernamentales.
La red que tejió Fajardo, reconocido por su habilidad para idear novedosos mecanismos financieros, pasó por países como Estados Unidos, España, Panamá y Venezuela, naciones que coinciden con el entramado denunciado en las investigaciones de Madrid.
Entre sus variadas actividades destacan la alianza inicial que sostuvo con el empresario del estado Bolívar, Pablo Eduardo Pérez García, socio comercial del hoy presidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), Luis Ignacio Granko Arteaga (hermano del coronel Alexander Granko Arteaga), así como la inclusión en sus empresas de exfuncionarios del régimen o empresarios cercanos a Maduro. También sobresale la pugna judicial que lo enfrentó a los hermanos De Grazia, ahora detenidos por el cuestionado caso que la justicia chavista denominó “Pdvsa-Cripto”.
La “pieza” se mueve en el tablero
La aventura caribeña de Fajardo empezó el 28 de enero de 2019. Ese día se abrieron las operaciones de Interban Exchance, C.A una empresa que ofrecía a los consumidores venezolanos algo insólito: la posibilidad de comprar y ofrecer dólares de forma legal a una tasa definida por esa sociedad mercantil. La operación, considerada ilegal hasta hace pocos meses, ahora no solo contaba con el aval de las autoridades venezolanas, sino que le habían dado a la empresa de Fajardo todos los permisos requeridos de manera exprés.
Como reportaron medios venezolanos, Interban se constituyó a toda carrera y con un presupuesto de apenas 400 dólares. La empresa estableció, en la práctica, una especie de sistema cambiario paralelo pero legal y en apenas 10 días obtuvo las autorizaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), la Superintendencia del Sector Bancario (Sudeban) y el Ministerio de Finanzas para ofrecer sus servicios. ¿Cómo logró esto un joven extranjero recién llegado al país?
La respuesta llegó seis años y medio después, cuando el diario español El Debate publicó una información en la que reveló que Rodríguez Zapatero presentó a Fajardo como su “sobrino” ante las autoridades venezolanas. Reportaje que ahora se ve confirmado por el auto del juez Calama. La vida de Interbank fue fugaz. Cuatro meses después de su puesta en marcha fue cerrada por su propio dueño quien adujo que esta “ya había cumplido su función”.
Pero Fajardo no se fue de Venezuela, sino que siguió usando la generosa carta de presentación que le tendió Zapatero para profundizar sus negocios. En septiembre de 2020 volvió a la carga, esta vez con unos aliados conectados con los altos jerarcas chavistas. El 25 de ese mes el español constituye la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, S.A, (BDVE) con un capital de Bs 3 millones (unos 8.300 dólares para ese momento).
La bolsa es el proyecto más ambicioso del lanzaroteño. La idea era crear un mercado de valores que sustituyeran a los corredores y la infraestructura física por las plataformas y los activos digitales. El proyecto tenía un piquete atractivo para el Gobierno, que en ese momento buscaba alternativas para evadir las crecientes sanciones de Estados Unidos. En una entrevista en el canal Globovisión en julio de 2021, Fajardo dijo que la BDVE había llegado a manejar hasta 100 millones de dólares, aunque admitió que, hasta la fecha, no había logrado los resultados esperados. “Yo preveía que el volumen iba a ser muchísimo mayor”.
Lo más destacado, no obstante, de ese inicio fue el socio con el que constituyó la compañía. De acuerdo con documentos que obtuvo La Gran Aldea para esta investigación, Fajardo fundó esa sociedad junto con Pablo Eduardo Pérez García, un empresario de 40 años de edad, oriundo del estado Bolívar. Pérez García tiene apenas una aparición simbólica, pues sólo es dueño de un 1% de las acciones, en contraste con el 99% restante que quedó en manos de Fajardo.
Pero su principal aporte no era el de su capital, sino el de sus conexiones. Una muestra de esto es una empresa que Pérez constituyó en febrero de 2024, de nombre Transporte Pavic 2023, C.A. que tiene sede en Bolívar y que se dedica al transporte de productos derivados de los hidrocarburos como gasolina, gasoil, kerosene o fuel oil.
Entre los otros accionistas de esa compañía destaca Luis Ignacio Granko Arteaga, hermano menor del coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a quien organismos internacionales acusan de ser uno de los principales responsable de las torturas en el país. Medios como Armando.info y El Pitazo han profundizado en la fase empresarial de los hermanos que abarca compañías relacionadas con transporte, metalurgia, autopartes, almacenamiento, reciclaje, supermercados y hotelería.
El 4 de octubre de 2024, 10 meses después de la constitución de Transporte Pavic, Luis Ignacio Granko Arteaga fue designado como presidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Antes se desempeñó como gerente general de la dirección de Registro de Tránsito y de Oficinas Regionales en el organismo. Este nombramiento le caía muy bien al nuevo emprendimiento, pues el INTT es el ente que otorga los permisos para que las empresas de carga de mercancías, como Transporte Pavic, puedan operar en las carreteras nacionales.
Desde Venezuela hasta Dubai
Las investigaciones de la UDEF interceptaron comunicaciones que también revelan la presunta participación de Zapatero como comisionista para dar acceso a negocios con el gobierno de Maduro en áreas como petróleo, minería y turismo. La red de empresas se extiende por países como España, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Estados Unidos.
Fajardo García cumple en buena medida con este esquema. Desde 2014 ha formado decenas de empresas, buena parte cerradas poco después de su inscripción. Pérez García, el socio de García Fajardo y del menor de los Granko Arteaga, tiene, a su vez, compañías, socios y suplidores que también pasan por estos países. Por ejemplo, su empresa Transporte Cable registra importaciones de vehículos a Venezuela, un exclusivo negocio para el que se requiere el registro de los automóviles importados ante el INTT, controlado por el propio Granko Arteaga.
Registros de bases de datos de transporte comercial como Import Genius y Kirchner revelan que entre julio y agosto de 2025 esta empresa recibió más de 40 autos en siete envíos. La mayoría de los vehículos importados son camionetas pickup de alta gama de la marca Toyota Hilux, año 2025. La empresa que hace los envíos se llama Farago Motors FZCO y está ubicada en Los Emiratos Árabes Unidos, aunque los carros salen desde Arabia Saudita.
Aparte de este vínculo con Dubai, Perez García también tiene una empresa en Panamá, inscrita el 19 de febrero de 2020, de nombre Inversiones Sur Metales, S.A. En el estado Florida de Estados Unidos, Pablo Pérez García aparece como directivo en tres empresas fundadas entre 2017 y 2019 que fueron disueltas poco tiempo después de su fundación. Estas son: Pinttosoft LLC, Network Systems LLC y South Metals, INC, esta última homónima de la sociedad panameña.
Pérez García es hijo del empresario del estado Bolívar, Sergio Pérez, dueño de TV Zamora, una empresa de televisión por suscripción con 30 años en el mercado. Su hijo ha hecho su propia carrera en la región. En octubre de 2021, un año después de constituir la BDVE, fundó Servicios Navales del Sur, C.A, una compañía con sede en Puerto Ordaz, dedicada a la reparación y mantenimiento de buques y que cuenta con su propio dique flotante con capacidad para recibir barcos de hasta 1200 toneladas métricas.
De la bolsa de valores a la bolsa de comida
Una de las conversaciones más reveladoras, de las interceptadas por la UDEF, fue la que sostuvieron Fajardo y Julio Martínez Martínez, el presunto testaferro de Zapatero, el 26 de junio de 2020. En el intercambio de mensajes el joven canario actualiza a Martínez sobre los negocios en Venezuela. “Solo hacerte saber que hoy he firmado una alianza con una institución del estado para operar una planta empaquetadora. Estaré generando para la boutique entre 6-10k mensuales”, dice al final refiriéndose a una cifra que oscila entre 6.000 y 10.000, aunque sin especificar la moneda.
El comentario es llamativo, sobre todo si se repara en uno de los nombres de la primera junta directiva de la BDVE, fundada apenas tres meses después de esa conversación. Se trata de Luis Miguel Malaspina Manuitt, designado como director suplente de la compañía en sus inicios. Malaspina Manuitt es un conocido empresario en el llanero estado Guárico, en donde está ubicada su empresa el Maizal, C.A. dedicada al empaquetamiento de alimentos y que, de acuerdo con Transparencia Venezuela, ha sido encargada de distribuir y comercializar productos de las cajas, CLAP.
Un reportaje de Armando.info añade que fuentes de la región señalan a Malaspina como una persona muy cercana a Maduro. El gobierno del depuesto mandatario solía entregar los contratos de las conocidas bolsas de comida a sus aliados más cercanos, como lo fue el ahora detenido Alex Saab.
Aquí no termina la lista de directivos del BDVE conectados con el gobierno de Maduro. En la plantilla también figura Yany Alcris Pérez González, nombrada como directora principal en septiembre de 2021 y que venía de ser miembro de la comisión de contrataciones del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). Esta institución estatal fue acusada por organizaciones que defienden el derecho a la información de estar vinculada a la vigilancia de las comunicaciones y redes sociales en el país. Aunque el régimen que preside Delcy Rodríguez eliminó el ente un mes después de los sucesos del pasado 3 de enero, organizaciones como Espacio Público alertaron que las funciones del organismo fueron transferidas a otras instituciones.
Empresas con lingotes
Antes de fundar la BDVE, e incluso de las conversaciones telefónicas con los dueños de Plus Ultra, Fajardo García constituyó Inversiones MIDVEN. La compañía fue registrada el 06 de septiembre de 2019 y entre su objeto está la compra y venta de títulos en la Bolsa de Valores de Caracas, así como “realizar cualquier tipo de inversión, comprando o vendiendo cualquier tipo de activo económico, indistintamente su naturaleza”. La compañía empezó con un capital de 70 millones de bolívares, unos 3.300 dólares al cambio de la época.
La empresa experimentó, sin embargo, un cambio significativo en su patrimonio el 01 de junio de 2020. Ese día la compañía aumentó su capital a 19.500 millones de bolívares, equivalentes a cerca de 100 mil dólares para la época, pero lo más llamativo fue que como respaldo, de casi la totalidad de ese capital, se utilizó un lingote de oro de 2,1532 kilogramos, que fue clasificado como inventario de la empresa.
La comprobación del valor del lingote, hecho por una contadora contratada para la ocasión, arrojó que este tenía un valor de Bs 19.499.300.000, que representaban unos 97.000 dólares para ese momento. La tasadora añadió que el bloque registra el número de serie CVM33-004.
A la presunta trama de Zapatero se le ha vinculado también con el negocio del oro en Venezuela. La prensa española informó de la confiscación de dos lingotes, estos más modestos (uno de 100 gramos y el otro de 50 gramos), en la casa en España del empresario holandés Simón Verhoeven, quien gestionó varias de las sociedades implicadas en la acusación.
El informe policial de la UDEF cita mensajes con referencias al «Proyecto MINERVEN», la empresa estatal que explota el oro en Venezuela y a «los planes de LOS DEL DESIERTO», que se traduce, según la UDEF, en «oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de EAU (Emiratos Árabes Unidos) en Venezuela».
Las conversaciones también se refieren al “Proyecto La Tortuga” relacionado con la Isla La Tortuga, el territorio insular en donde el chavismo desarrolla la construcción de hoteles y una plataforma turística de lujo. Una foto en las redes sociales confirma aquellos planes. El 02 de julio de 2025 Ali Padrón, a quien Maduro otorgó el cargo de Autoridad Única de la Zona Económica Especial La Tortuga, publicó una imagen suya en Instagram junto a Fajardo García en la sede de la BDVE en Caracas. En la leyenda informó que conversó con el español sobre “las ventajas de las nuevas opciones de financiamiento para los inversionistas que hacen vida en La Isla La Tortuga”
El “Grupo Fajardo” y sus enemigos
Pero no todo fue amigos y puertas abiertas para Fajardo García. En octubre de 2022 el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la juez Carolina García Cedeño, admitió la demanda que Compass Bank & Trust, un banco con sede en Dominica y que opera de forma internacional, introdujo contra Inversiones MIDVEN y la Bolsa Descentralizada de Valores.
Los dueños del Compass Bank en esa época eran los controvertidos hermanos Carmelo y Daniel De Grazia, quienes hoy están en prisión acusados por delitos relacionados con la cuestionada trama “Pdvsa-Cripto” y que, de acuerdo con las mismas autoridades, representó un desfalco a las arcas públicas de más de 5.000 millones de dólares.
En la demanda el Compass Bank explicó que en diciembre de 2020 suscribió un contrato con Inversiones MIDVEN por el cual le entregó a esta empresa 1 millón de dólares. Este monto debía ser pagado a través de la cesión que haría la empresa de Fajardo de los derechos de un crédito que su compañía tenía sobre la sociedad Interamericana de Cables Venezuela, S.A.
Estos derechos fueron cedidos a MIDVEN por un ente público: El Banco de Comercio Exterior (Bancoex), la entidad financiera creada por el chavismo para financiar las exportaciones de bienes nacionales. Coincidencia o no, Ramón Gordils, expresidente de esa institución entre 2013 y 2015, fue la persona que aparece en las transcripciones de la UDEF enviando el número de teléfono de Manuel Fajardo a los empresarios de Plus Ultra y precisando que el canario es “la pieza” de Zapatero en Venezuela.
Los demandantes añaden que el 11 de junio de 2021 Fajardo García le informó al banco que había rescindido el contrato con Bancoex por lo que ya no podría cederles los derechos sobre la deuda, cuyo monto ascendía a 1,25 millones de dólares. Los abogados del Compass Bank señalaron, igualmente, que el tribunal debía considerar los intereses por la mora en el pago, daños y perjuicios, así como las costas y procesos y pidieron un pago de casi 2,2 millones de dólares.
También solicitaron que se diera a conocer el conjunto de empresas de lo que denominaron “Grupo de sociedades Fajardo”, indicando que este también es representante de otras compañías y productos financieros y remataron alertando del “altísimo riesgo” que representa Fajardo “tomando en cuenta su experiencia financiera”.
Los juristas plantearon sus temores de que Fajardo transfiera sus fondos en Venezuela a cuentas en el exterior y denunciaron que tenían conocimiento de que ya intentó hacer esto con una cuenta de la BDVE en Bancamiga, un conocimiento, sin duda, certero pues ese banco también pertenecía a los De Grazia.
La juez García Cedeño accedió a prácticamente todas las peticiones del banco y, el 24 de octubre de 2022 decretó un embargo sobre las cuentas nacionales de Inversiones MIDVEN, la Bolsa Descentralizada de Valores y el propio Fajardo, incluyendo la mencionada cuenta en Bancamiga en la que la empresa tenía $293.974,40. También ordenó un embargo preventivo por 3.580.431,01 dólares, monto que representa el doble de lo solicitado por la banca, menos los fondos ya congelados en la cuenta de Bancamiga.
La medida fue levantada poco después. El 7 diciembre de ese año el mismo juzgado acordó aceptar un convenio suscrito entre las partes en el que la Bolsa Descentralizada de Valores se comprometió a pagar cerca de 1,5 millones de dólares en un plazo de dos años. Se mantuvo, sin embargo, una medida por la que la BDVE accedió a no convocar asambleas de accionistas en las que se tratara puntos como aumentos o disminución del capital, cesión de activos, y cambios en las facultades de administración de la empresa sin previa “autorización expresa y por escrito” del banco.
Esta última previsión fue consecuencia de la venta de acciones que hizo Fajardo a una persona de nombre Álvaro Soto Chaparro y que el Compass Bank interpretó como un intento de usar un testaferro para evadir el pago de la deuda. De acuerdo con las sentencias, lo mismo ocurrió en MIDVEN Inversiones. De Chaparro es poco lo que se sabe, salvo que figura junto a Fajardo como directivo en varias compañías y que está asociado a empresas de calzado.
La suerte del español cambió cuando los dueños del Compass Bank y de Bancamiga cayeron en desgracia. En abril de 2023 fueron detenidos por funcionarios del régimen de Maduro bajo acusaciones de lavado de dinero a través de sus bancos. Los De Grazia estaban vinculados al grupo del exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien también fue apresado bajo la misma causa. Armando.info también reveló que el Compass Bank ayudó al régimen de Maduro a evadir las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos.
Sin embargo, su arresto es atribuido a una purga política liderada por Maduro y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, hoy a la cabeza del poder, en contra del sector de El Aissami. Buena parte de los más de 60 acusados por esta causa han denunciado que se les violó su derecho a la defensa, que fueron despojados de sus bienes y que sufrieron malos tratos y torturas.
Desde prisión, los hermanos De Grazia denunciaron que fueron coaccionados por agentes de la Dgcim y por el empresario José Simón Elarba, socio y amigo de Carlos Malpica Flores extesorero de la Nación y sobrino de la exprimera dama Cilia Flores, para que vendiera sus acciones al empresario Ibrahim Velutini, un asesor financiero que ahora preside el Compass Bank.
Aquí reaparece otra persona cercana a un socio de Fajardo. El dirigente político Américo De Grazia, primo hermano de los detenidos, aseguró que el coronel Alexander Granko Arteaga fue el encargado de presionar a sus familiares para que se produjera la venta. Como se recordará, el coronel es el hermano de Luis Ignacio Granko Arteaga, socio de Pablo Pérez García, quien fundó la Bolsa Descentralizada de Valores junto a Fajardo.
Velutini, por su parte, introdujo una demanda en contra de los De Grazia en Miami por 150 millones de dólares acusándolos de utilizar el banco como “vehículo para financiar sus emprendimientos personales en EE. UU. y Canadá”, de acuerdo con lo reportado por el portal Cuentas Claras.
Lo cierto es que las nuevas autoridades del Compass Bank dieron por terminado el pleito judicial con Fajardo. La Gran Aldea tuvo acceso a un documento fechado el 05 de octubre de 2024, a cuatro meses de que se venciera el plazo para pagar la deuda, en el que se indica que las empresas de Fajardo habían cancelado lo adeudado y que se daba por concluida la controversia.
Fajardo se montó en la Wawa
El rastro empresarial del “hombre de Zapatero” en Caracas también lleva hasta una novedosa y exitosa compañía: La Wawa. Se trata de una empresa de transporte masivo que surgió en Venezuela y que usa una plataforma totalmente digitalizada a través de la cual los clientes pueden reservar sus asientos en los buses o camionetas de la empresa. La compañía ha tenido una buena acogida, especialmente en el ámbito corporativo, ante el caótico y desvencijado servicio de transporte de las principales ciudades venezolanas.
Los registros de esta compañía revelan que Fajardo García, representado por su compañía Inversiones Midven, fue una de las personas que inscribió la entidad jurídica La Wawa Venezuela 2021, C.A. el 19 de febrero de 2021. Los otros dos nombres que aparecen en el acta constitutiva son los de Juan José Pocaterra y Daniel Felipe Cisneros, dos jóvenes empresarios provenientes de la clase alta caraqueña.
La empresa se inició con un capital de Bs 9.000 millones (casi 5 millones de dólares de la época), dividido en 9 millones de acciones, cada una con un valor de Bs 1.000. Fajardo se hizo con 3 millones de acciones (33,33%) y la sociedad de Pocaterra y Cisneros de los 6 millones restantes (66,66%). Como directores principales de la empresa fueron escogidos Fajardo, Pocaterra y Cisneros, este último como presidente.
El proyecto de financiamiento inicial de La Wawa es una clara demostración de las habilidades de Fajardo para crear estructuras financieras. El 14 de julio de 2021 la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) recibió un certificado de inversión de la empresa firmado por Stefano Alisseti, quien en ese momento presidía la sociedad Invierte en Venezuela.com, C.A., dedicada a dar asesorías financieras. Sin embargo, detrás de aquella propuesta también estaba el propio Fajardo, y su socio de confianza Álvaro Soto Chaparro, quienes entraron como accionistas de Invierte en Venezuela.com cuatro meses antes de que la Sunaval recibiera el mencionado certificado.
El documento consta de 25 páginas y, en resumen, detalla el mecanismo utilizado por la Wawa para financiarse. Invierte en Venezuela.com expuso que esa empresa haría de “listador” de un Certificado de Inversión (CEI) con un valor de 100.000 dólares. Cada CEI, que en esencia es un título de valor digital, fue dividido en 100.000 unidades con lo que la inversión mínima de los interesados quedó en 1 dólar. Con su inversión los compradores adquirían el derecho a recibir 15% de las ventas de los pasajes de los autobuses.
Los CEI, de acuerdo con el documento, debían ser ofrecidos a través de la Bolsa Descentralizada de Valores. Esto quiere decir que para el momento en que se presenta la propuesta, Fajardo era accionista de las tres compañías involucradas en el proceso: La Wawa, Invierte en Venezuela.com y la Bolsa Descentralizada de Valores. La venta de series de CEI estaba prevista hacerse hasta que alcanzara un millón de dólares y los recursos se destinaría para la compra de nuevas unidades de transporte, así como la infraestructura e insumos para la compañía.
Poco después de la edificación de esta compleja estructura, el 13 de septiembre de ese año, Fajardo vendió sus acciones en La Wawa y renunció a su puesto en la junta directiva, lo propio hicieron en diciembre Fajardo, y Álvaro Soto, en Invierte en Venezuela.com.
La Wawa, a su vez, pasó a ser regida por una sociedad matriz denominada La Wawa Holding Co creada en 2022 en Delaware, Estados Unidos, con sucursales en Colombia, Ecuador y Guatemala, además de Venezuela. Entre los directivos de la compañía resaltan varios de los apellidos de las élites financieras caraqueñas como Carlos Escotet e Ibrahim Velutini, este último el mismo que terminó controlando el Compass Bank tras el arresto de los hermanos De Grazia.
Un socio tras las rejas
Pocos meses antes de salir del entuerto con el Compass Bank, un nuevo terremoto judicial sacudió al entorno de Fajardo. Además de Álvaro Soto, el joven español tuvo otro socio cercano que lo acompañó en varias empresas: el venezolano Néstor Luis Betancourt Reyes. Contador público de 41 años de edad, Betancourt fue presidente ejecutivo de la BDVE desde septiembre de 2021 y presidente de Liquid Peer Casa De Bolsa, S.A.
Este último fue un emprendimiento con sociedades en varios países en los que aparecen los nombres de Betancourt y del propio Fajardo. Por ejemplo, Fajardo figura como directivo en las empresas Liquid Peer International Inc., inscrita en Panamá el 12 enero de 2022 y Liquid Peer Digital SL, registrada en su Lanzarote natal, en España, un mes después.
Entre julio y agosto de 2024 se produce una renuncia masiva de la junta directiva de la BDVE que incluye a Betancourt. Estos cambios son avalados por las nuevas autoridades del Compass Bank que todavía tenía la prerrogativa de aprobar o rechazar estas modificaciones. El documento que da el visto bueno está firmado por el director de la institución bancaria, Alfredo Luis Porteles, a quien los De Grazia también acusan de participar en el traspaso irregular de la entidad.
En diciembre de ese año, Betancourt fue detenido por funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El contador fue acusado de una larga lista de delitos que incluyen: legitimación de capitales, apropiación y distracción de patrimonio público, incremento de patrimonio y hurto informático. El 15 de febrero de 2025 la Sunaval canceló la autorización de Luiquid Peer para actuar como sociedad de corretaje de valores.
Los documentos disponibles en la base de datos pública del Poder Judicial venezolano no puntualizan las pruebas o actuaciones que llevaron a la detención. Sólo en uno se hace referencia a que el fiscal que lo imputó “indica que existen contratos suscritos entre Álvaro Soto, Néstor Betancourt Reyes y Alfredo Alejandro García Parra, presidente de la empresa Seguros Horizonte S.A”.
Seguro Horizonte es una aseguradora estatal encargada de dar cobertura para los gastos médicos de los militares en Venezuela. Algunas publicaciones en internet apuntan a que García Parra, general de división, está detenido por delitos relacionados con corrupción en esa empresa. Se desconoce si Soto Chaparro también corrió la misma suerte.
Fajardo ha sido visto en actos públicos luego del episodio y la BDVE sigue operando en Venezuela. No obstante, después de estos incidentes los ojos de los entes reguladores se posaron sobre la BDVE. A la junta directiva de la empresa entraron personas que a su vez ocupan cargos en la Sunaval, lo que apunta a un mayor control de las operaciones de la sociedad. Este es el caso de la gerente de control de oferta pública Tivisay Marcano y de la consultora jurídica de la institución, Fluvia Romero, quienes ahora también son directoras en la BDVE.
Fajardo que, con apenas 37 años de edad, ya se encuentra en la mira de las autoridades españolas, venezolanas y estadounidenses, ha logrado sortear, hasta ahora, las turbulencias de las pugnas que se desarrollan de manera cíclica en el chavismo. Hoy, tras el operativo militar estadounidense del 3 de enero y episodios como la “deportación” de Alex Saab a Estados Unidos, el joven de Lanzarote se enfrenta a la encrucijada de si debe seguir con sus múltiples negocios en Venezuela, bajo el mandato tutelado de los hermanos Rodríguez, o de si debe regresar España, en donde están en plena ebullición las investigaciones en contra del expresidente español.
