En Venezuela siempre se trata como sacrilegio la idea de que los estudiantes universitarios que pueden pagar, paguen. Como si proponerlo fuera traicionar a la patria, a la abuela, al perro y al santo patrono de la gratuidad eterna. Un pecado mortal académico. Pero el tabú no protege a los pobres: protege una fantasía. Una fantasía cómoda, repetida como mantra, aunque por debajo del altar haya goteras, cables pelados y profesores cobrando sueldos que no alcanzan ni para un cartón de huevos. Y hablo, para que no haya confusión, de universidades públicas, esas que fueron orgullo nacional y hoy sobreviven a punta de dignidad y terquedad.
La universidad pública se ha venido sosteniendo durante años a fuerza de sacrificio ajeno. Profesores que dan clase por terquedad, por amor, por dignidad, por vocación, por no dejar que el país se hunda del todo. Y mientras tanto, muchos estudiantes que sí pueden pagar estudian gratis. Gratis en un país donde nada es gratis, donde hasta el aire viene con recargo emocional. ¿Es eso justo?
Y aquí viene la parte que nadie quiere decir en voz alta: no sé cuántos estudiantes están realmente en posibilidad de pagar sus estudios en las universidades públicas. De veras no lo sé. No tengo el censo, no tengo la estadística, no tengo el Excel. Pero por elemental lógica —esa lógica que en Venezuela suele verse como anti patria — uno puede pensar que al menos todos aquellos que estudiaron en colegios y liceos privados. Si una familia pudo costear años de mensualidades, útiles, matrículas, uniformes y actividades extra curriculares, no es descabellado imaginar que también podría pagar algo por la universidad. No todo, no a precio de Harvard, pero, caray, algo. Hacer una contribución. Un reconocimiento al valor del conocimiento y al trabajo del profesor que está ahí, sosteniendo el país con tizas rotas y sueldos de miseria.
Y entonces hay que verbalizar la frase que nadie quiere escuchar porque duele y desnuda: no podemos tener estudiantes con una vida cómoda cuyos profesores vivan en la indigencia. No es ético, no es justo, no es sostenible. Es una obscenidad moral disfrazada de igualdad. Es la versión académica del “todos somos iguales”, dicho desde un carro con aire acondicionado mientras el profesor llega caminando porque no tiene para el pasaje. Lo siento, no me parece justo ni democrático.
Y si de verdad estamos en transición —si de verdad queremos reconstruir algo parecido a un país democrático — este es el momento para repensarlo todo. Incluyendo el modelo de financiamiento de nuestras universidades públicas. Y hacerlo con coraje y sin fruslería. Porque no existe ninguna duda de que invertir en educación es indispensable. No es un lujo ni un gesto simbólico: es la única inversión que multiplica, la única que no se devalúa, la única capaz de sacar a un país del hueco sin necesidad de milagros.
Ah, pero en Venezuela se instaló la idea de que cobrar matrícula era “elitista”, “burgués”, “neoliberal”. Una bobada con patas. Como si pedir que quien puede contribuir lo haga fuera un acto antipatriótico, una herejía. Y así terminamos con una igualdad de cartón piedra: todos “iguales”, sí, pero igualmente precarizados. Una justicia social que terminó siendo injusta con todos: con los profesores empobrecidos, con los estudiantes que necesitan becas reales, con las universidades que se fueron cayendo como casas viejas en temporada de lluvia.
La gratuidad absoluta sólo produce ruinas. Produce laboratorios sin reactivos, bibliotecas sin libros nuevos, aulas sin luz, profesores sin vida. Produce esa tristeza silenciosa de las instituciones que alguna vez fueron orgullo y hoy van camino a ser reliquias.
Lo que nunca nos gustó fue la conversación adulta: mira, si tú puedes pagar, paga; y con eso le pagamos a los profesores lo que merecen. Si no puedes, te becamos. Pero esa conversación siempre fue tratada como traición. Y así, por miedo a la palabra “matrícula”, dejamos languidecer la universidad pública. No de golpe, sino de a poquito, como se mueren las cosas que nadie quiere mirar de frente.
Por supuesto que hay que defender la autonomía universitaria. Pero lo primero que hay que defender es la educación universitaria pública. Y nuestras universidades necesitan que se abandone de una vez por todas la demagogia.
Un país que dice estar en transición no puede seguir repitiendo los dogmas que lo llevaron al abismo. No hay transición posible sin educación. Y para invertir en educación hay que asumir una verdad incómoda: la educación universitaria es costosa, aquí y en cualquier parte del planeta. Y no podemos seguir insistiendo en un sistema en el que algunos estudiantes viven con comodidad mientras sus profesores sobreviven en la indigencia. Esa asimetría, me perdonan, no es igualdad: es una forma muy poco elegante de crueldad y de inequidad. Un país que no se atreve a repensar su propia universidad está condenado a repetir su ruina. Y ya sabemos demasiado de ruinas.
Hay que reconstituir las universidades públicas. Sin demagogia, sin el maquillaje barato de los discursos fáciles, sin esa retórica de feria que promete milagros con presupuesto fantasma. Reconstituirlas de verdad: con seriedad, con rigor, con la honestidad incómoda de quien sabe que ya no basta con remendar ruinas.
Soledadmorillobelloso@gmail.com
