Desde su designación como secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh) en noviembre de 2012, la campaña anticorrupción ha sido el eje de la política interna del presidente Xi Jinping. Esa ha sido una de las mayores operaciones políticas y disciplinarias de la historia contemporánea del gigantesco país.
Lanzada tras el XVIII Congreso Nacional del PCCh, la iniciativa no solo prometía combatir la corrupción endémica dentro del aparato estatal y partidista, sino también reforzar la autoridad del liderazgo central y reordenar las estructuras de poder del régimen.
Generalmente se admite que desde que comenzaron las reformas y la apertura promercado en 1978, la corrupción estatal en China aumentó significativamente. El intercambio de sobornos por favores políticos, en empresas locales que intentan obtener grandes contratos gubernamentales o subordinados que buscan ascensos a cargos, se generalizó.
En su primer discurso como líder del país, Xi aseguró que la corrupción amenazaba la supervivencia misma del partido, y prometió perseguir tanto a los “tigres” —los altos dirigentes— como a las “moscas”, es decir, los funcionarios de bajo rango. La frase se transformó rápidamente en el lema de una campaña que, con el paso de los años, adquirió dimensiones sin precedentes.
En ese sentido propuso eliminar los «Cuatro Malos Estilos de Trabajo» de «formalismo, burocratismo, hedonismo y extravagancia» (los dos últimos refiriéndose a tipos de corrupción) dentro del partido, aprobando “El Reglamento de Ocho Puntos”. Este incluía la prohibición del uso privado de vehículos públicos, la reducción y simplificación de las reuniones oficiales, así como de comidas costosas y viajes oficiales ostentosos.
El principal instrumento de la ofensiva fue la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), encabezada inicialmente por Wang Qishan. Este organismo, encargado de supervisar la disciplina interna del partido, recibió poderes extraordinarios para investigar a funcionarios, militares y ejecutivos de empresas estatales. Su influencia se expandió aún más en 2018, cuando el gobierno creó la Comisión Nacional de Supervisión, una superestructura anticorrupción con rango constitucional equivalente al del Consejo de Estado y el Tribunal Supremo.
La magnitud de la campaña fue asombrosa. Hasta 2023, alrededor de 2,3 millones de funcionarios habían sido procesados o sancionados. Entre los investigados figuraban miembros del Politburó, generales del Ejército Popular de Liberación, altos ejecutivos de conglomerados estatales y líderes provinciales. Nunca antes, desde la Revolución Cultural (1966-1969) el aparato disciplinario chino había alcanzado semejante amplitud.
El caso más sonado ocurrió con la caída de Zhou Yongkang, antiguo zar de la Corporación Nacional de Petróleo de China, ex ministro de Seguridad y miembro del poderoso Comité Permanente del Politburó. Su investigación rompió una regla tácita de décadas: la inmunidad política de los integrantes de la máxima cúpula del partido. Zhou fue acusado de abuso de poder, sobornos y filtración de secretos de Estado. Expulsado formalmente del partido en diciembre de 2014, después de que el Politburó revisará las conclusiones de su caso, por «graves violaciones disciplinarias», su caída simbolizó que ningún dirigente estaba completamente a salvo. Ese fue un momento decisivo en la consolidación del poder de Xi Jinping.
La campaña también alcanzó a figuras militares de primer nivel. Los ex vicepresidentes de la Comisión Militar Central, Xu Caihou y Guo Boxiong, fueron acusados de vender ascensos dentro del Ejército Popular de Liberación. Recientemente, la ofensiva ha alcanzado a otros altos mandos, incluidos el ministro de Defensa Li Shangfu y varios generales investigados entre 2024 y 2026. En abril de 2025, el Financial Times informó que el vicepresidente de la Comisión Militar Central, He Weidong, había sido arrestado, sometido a investigaciones anticorrupción y destituido de su cargo.
En redes sociales china se llegó a afirmar que un general de 71 años, que estaba recibiendo tratamiento médico por cáncer de vejiga en el Hospital Militar 301 de Pekín, fue sacado de su lecho de enfermo en marzo de 2014 para ser investigado.
A nivel regional, algunas provincias fueron prácticamente desmanteladas políticamente. Shanxi, centro neurálgico de la industria carbonera, se convirtió en el ejemplo más dramático. Las investigaciones revelaron una vasta red de colusión entre empresarios del carbón y autoridades locales. En apenas unos meses fueron destituidos dirigentes provinciales, alcaldes y miembros del comité permanente del partido regional. La prensa china llegó a hablar de un “terremoto político”.
En Guangdong, una de las provincias más ricas de China, la campaña alteró viejas redes de poder cantonés. Dirigentes considerados intocables, como el popular jefe del partido en Guangzhou, cayeron en desgracia. Lo mismo ocurrió en Jiangsu, Sichuan y otras regiones donde el clientelismo había echado raíces profundas desde la apertura económica iniciada a finales de los años setenta.
Además de perseguir casos individuales, Xi impulsó cambios institucionales. Los llamados “equipos centrales de inspección” comenzaron a recorrer provincias, ministerios y empresas estatales con autoridad para auditar, interrogar y recomendar sanciones. El objetivo era evitar que las estructuras locales protegieran a sus propios cuadros.
La ofensiva estuvo acompañada de una intensa campaña en los medios oficiales. Documentales televisivos, reportajes y series como “En nombre del pueblo” mostraban funcionarios corruptos confesando delitos y lamentando públicamente sus actos. Paralelamente, toda ostentación entre los cuadros del partido, viajes innecesarios y celebraciones excesivas quedaron bajo escrutinio.
Los efectos económicos y sociales también fueron visibles. Las ventas de artículos de lujo se desplomaron y disminuyeron prácticas antes comunes, como los costosos banquetes oficiales o el intercambio ostentoso de regalos. En algunos lugares, la campaña produjo incluso vacíos administrativos: en Shanxi llegaron a quedar cientos de cargos públicos sin ocupar debido a las investigaciones.
Pese a la naturaleza autoritaria del régimen, la campaña generó intensos debates dentro y fuera de China. Para sus defensores, se trató de un intento genuino de salvar al PCCh de una corrupción que amenazaba su legitimidad. El historiador Wang Gungwu sostiene que Xi heredó un partido debilitado por redes clientelares y corrupción sistémica, y que la campaña buscó restaurar disciplina y cohesión interna.
Otros analistas, en cambio, interpretaron la ofensiva como una gigantesca purga política. Diversos observadores, principalmente en el exterior, señalaron que muchos de los caídos pertenecían a facciones rivales o a redes asociadas con antiguos líderes como el expresidente Jiang Zemin. Para críticos como el escritor Murong Xuecun, la campaña recordó métodos estalinistas, donde las acusaciones de corrupción servían para neutralizar adversarios políticos y consolidar el liderazgo personal de Xi.
En 2014, The Economist escribió en su columna «Banyan»: «Es difícil no ver las acusaciones de corrupción como el arma predilecta de hoy en día en las luchas de poder donde el ganador se lo lleva todo que el partido siempre ha sufrido».
La controversia también alcanzó el terreno jurídico. El mecanismo de investigación interna por parte de los órganos disciplinarios del partido, conocido como shuanggui —posteriormente reformado— permitía detener e interrogar a funcionarios fuera del sistema judicial ordinario. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales cuestionaron la falta de transparencia y las garantías procesales.
Cuando un funcionario es detenido para una investigación se le impone un arresto domiciliario y se le aísla del mundo exterior. El sujeto a menudo debe soportar días de interrogatorios extenuantes.
No obstante, el gobierno chino ha defendido estos métodos como necesarios para combatir una corrupción profundamente arraigada.
@PedroBenitezF
