Los empresarios solicitaron reforma de la Ley Orgánica del Sistema Eléctrico Nacional. Carteles en Venezuela
El presidente de Consecomercio José Gregorio Rodríguez, alertó sobre la crisis energética y que Lara es uno de los ocho estados con más cortes eléctricos y de mayor duración, que afecta el 55% de la operatividad de los comercios y servicios. Sus declaraciones se dieron en medio de la instalación 56 Asamblea Anual de Consecomercio este 21 de mayo.
Crisis energética en Lara impacta al 55% de los comercios y servicios, denunció Consecomercio.
El sector planteó al Gobierno propuestas para abordar la crisis energética, ya que es un «cuello de botella» para la recuperación de la economía.
Según informes técnicos de Consecomercio, los estados Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Trujillo, Yaracuy, Lara, Mérida y Táchira, es donde la suspensión eléctrica se da con mayor agudeza, debido a que hay un funcionamiento restringido de las plantas termoeléctricas del Occidente y Andes.
«El Ejecutivo nacional debe comprender que si bien los grandes comercios como centros comerciales, farmacias y supermercados pueden tener capacidad para comprar y tener generadores que suministren electricidad, esas cadenas sólo abastecen al 27 y 30% de la población. La demás masa, como bodegas, abastos y pequeños negocios en sectores populares, son muchos más pero no pueden adquirir generadores y su servicio se ve interrumpido cuando hay cortes. Entonces, tienen que permitirles a ese sector acceder a créditos blando, a través de condiciones excepcionales», exclamó.
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Alegó que la crisis eléctrica no se resolverá en Venezuela a corto plazo, porque requiere de una cantidad importante de recursos, tiempo, dedicación y capacidad técnica. Considera que los recursos de los Derechos Especiales de Giro (DEG), en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha solicitado Venezuela, para acceder a $4.900 millones, sean invertidos en pagar la deuda que el país tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), y que estos organismos multilaterales tras una negociación, puedan financiar proyectos de electricidad.
Más del 50% de los comercios afectados por la crisis
Precisó que el sector eléctrico necesita unos $15 mil millones para recuperarse. «Estamos proponiendo una reforma urgente de la Ley Orgánica del Sistema Eléctrico Nacional, que permita al sector privado generar electricidad, que el tema eléctrico se vea como un negocio de prestación de servicio a la población, a los mayores consumidores», argumentó.
Sobre este tema, José Vicente Ríos, presidente de la Cámara de Comercio del estado Lara, considera que el Estado debe ver el ejemplo de cómo el sector privado logró resolver el problema de un servicio público deficiente, como el internet.
«Tienen que permitirle a los inversionistas locales y extranjeros que puedan introducirse de manera privada en el negocio eléctrico. Existe ya una experiencia exitosa: hasta el 2021, el Internet que lo mantenía prácticamente de manera monopólica el Estado, a través de Cantv, pasó a un proceso de apertura en el que entraron diversas operadoras a competir y a ofrecer el servicio de Internet. Venezuela pasó de tener uno de los peores servicios de internet en el mundo, a en dos años estar forrada de fibra óptica, con cientos de megabits y eso fue un logro de la empresa privada», resaltó.
Competitividad privada
Por su parte, Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, aseguró que el mayor reto que tiene el país es trabajar en la competitividad de sus empresas.
«En este momento Venezuela, lamentablemente, en materia de producción es competitiva en muy pocos rubros…Pero decir esto, implica llegar al punto de partida donde debemos comenzar a hacer cambiar la situación, a ser competitivos…Tenemos problemas que limitan nuestra productividad: el tema eléctrico limita nuestra productividad, nuestra eficiencia y la capacidad de producir a mayor escala, de aumentar los volúmenes disponibles no solamente para nuestro mercado interno, sino poder proyectar volúmenes disponibles para la exportación», resaltó.
Alegó que para atender este tema, el sector privado debe lograr grandes consensos con el Gobierno y que se cambie el marco jurídico de Venezuela.
«Necesitamos avanzar en cuatro pilares fundamentales: Formación a largo plazo, implementar planes robustos y sostenidos de capacitación para el talento humano y los trabajadores. Actualización e igualación tecnológica, que facilite el acceso y la adopción de nuevas tecnologías en las empresas para cerrar la brecha con el resto del mundo. Visión e incentivos a la exportación, hay que diseñar una política económica que deje de priorizar las importaciones (frenando la apreciación de la moneda) y estimule la colocación de productos venezolanos en el extranjero», manifestó Capozzolo.
Ana Uzcátegui – La Prensa de Lara
