Jorge Roig, representante del empresariado, y Leida Marcela León, vocera de los trabajadores tienen visiones divergentes sobre la reforma laboral en debate, pero confían en que el diálogo dará frutos.
La primera semana de mayo ocurrieron dos eventos que parecieran el mismo y no lo son. En primer lugar, llegó la Organización Internacional del Trabajo a Venezuela para realizar unos foros de diálogo social. Es el quinto foro de diálogo social y teníamos dos años reclamando este encuentro, dijo Jorge Roig Navarro, representante de los empresarios ante la OIT.
La presión de la OIT y la petición que hicimos en el último Consejo de Administración de marzo coincidió con la llegada del nuevo ministro del Trabajo, quien mostró una voluntad muy diferente a la que se había tenido en tiempos anteriores y decidió convocar el foro para los días 28 y 29 de abril, lo cual se hizo prácticamente en dos semanas, cuenta el vocero.
Allí -aseveró Roig- se tocaron exclusivamente los temas que nos atañen con la OIT. Tenemos una queja bajo el máximo nivel de control que se llama Comisión de Encuesta, donde denunciamos tres desviaciones de los convenios que, de acuerdo con Fedecámaras y los trabajadores, el gobierno de Venezuela no está cumpliendo.
Sobre los salarios mínimos hemos venido discutiendo, así que el convenio 26 está bastante adelantado. Simplemente llegamos a algunos acuerdos específicos con la conformación de los de Consejos Productivos de Trabajadores (CPT)»: Jorge Roig, expresidente de Fedecámaeras.
Tres convenios no cumplidos
Estos son el convenio 26 que tiene que ver con la discusión de los métodos de fijación del salario mínimo. El convenio 87, que se refiere a la garantía de libertad sindical, de manera que no se persigan empresarios ni trabajadores por ejercer la defensa de derechos legales, y se permita desarrollar la actividad sindical libremente.
El convenio 144 que, en opinión de Roig, es medular en el contexto del debate, se refiere precisamente a la ausencia de un verdadero diálogo social.
Son tres temas que fueron tocados en profundidad durante esos dos días con la presencia de la OIT en Venezuela, inclusive con el director regional de la zona andina, el señor Ítalo Cardona y al final llegamos a unos acuerdos muy beneficiosos, asegura.
Sobre los salarios mínimos hemos venido discutiendo, así que el convenio 26 está bastante adelantado. Simplemente llegamos a algunos acuerdos específicos con la conformación de los de Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), que son figuras que están contempladas en la comisión de encuesta de la OIT. El acuerdo al que se llegó con el gobierno es que se reglamentaran y tenemos la mejor disposición de que eso pueda ocurrir en los próximos días.
Estas instancias -los CPT- representan un mecanismo de control institucional sobre los sistemas de producción de las empresas públicas y privadas, en función de garantizar que no existan prácticas de boicot o manipulación de precios. Tanto las organizaciones empresariales como sindicales independientes han cuestionado la existencia de estas entidades, sin regulación alguna.
Y por último, el foro de diálogo social se efectuó, con lo cual el gobierno está cumpliendo con lo propuesto por la OIT, ente que no es un mecanismo sancionador, no es vinculante, pero el gobierno venezolano finalmente está aceptando la ayuda técnica de la OIT y está en el proceso de cerrar unos casos que el sector empleador ha presentado a la organización en Ginebra.
En efecto, el pasado 28 y 29 de abril de 2026, se llevó a cabo en Caracas el Quinto Foro de Diálogo Social, con la participación de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado venezolano, organizaciones de empleadores y centrales sindicales.
Estos fueron los ejes Centrales de la Visita: La delegación técnica de la OIT, integrada por figuras como Corinne Vargha e Ítalo Cardona, se enfocó en el seguimiento de tres convenios fundamentales: Convenio 26 -Métodos para la fijación de salarios mínimos-; Convenio 87 -Libertad sindical y protección del derecho de sindicación-; y Convenio 144: Consulta tripartita.
Por su parte, Leida Marcela León es una destacada dirigente sindical venezolana, abogada especialista en derecho laboral y actual presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela). También ofreció sus criterios.
Para nosotros no es aceptable la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en un contexto país en el que nos han congelado por varios años el salario»: Leida Marcela León, central ASI Venezuela.
Sindicatos: No a la reforma de la LOTTT
Comienza por decir que no está sobre la mesa una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.
Para nosotros no es aceptable la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en un contexto país en el que nos han congelado por varios años el salario, los contratos colectivos, donde hemos perdido todos los beneficios socioeconómicos, soportado la inflación, la hiperinflación, la guerra económica, la crisis política, toda la pandemia y las sanciones que nos han pulverizado los derechos de manera brutal. La precariedad laboral es demasiado grande, enfatiza la dirigente sindical.
Y redondea: No pueden también pretender quitarnos los derechos adquiridos a tener ahorros para una vejez digna, como son las prestaciones sociales. Las tres reconversiones monetarias nos pulverizaron todos nuestros derechos laborales y, por ende, no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro en que nos pretendan quitar nuestras prestaciones sociales, que son un derecho intangible para nosotros los trabajadores, sentencia.
En otro orden de ideas, León dice que están debatiendo todo lo que se refiere a cómo dar sostenibilidad y financiamiento a un nuevo Sistema Seguridad Social ante la pérdida de las tres cuartas partes del Producto Interno Bruto (PIB) en Venezuela.
Estamos buscando mecanismos para que este sistema sea acordado mediante un debate constructivo, pero aspiramos a que se preserven los principios de universalidad, solidaridad, y cobertura intergeneracional, expone León.
Consultada sobre el tema de la inamovilidad laboral, apunta que nosotros no hemos debatido ese tema aún, porque es muy complejo. La Central ASI Venezuela sigue exigiendo que se respete la estabilidad absoluta en el caso de los funcionarios de carrera y funcionarios públicos, tal como lo establece la Ley del Estatuto de la Función Pública.
En los casos de inamovilidad que están establecidos vía decreto presidencial o por regulación especial, sea por discusión de contrato colectivo, fuero materno, sindical y todas los casos previstos de manera especial en la Ley Orgánica del Trabajo deben mantenerse y respetarse, indicó la entrevistada.
Y remató: Nosotros lo que pedimos es que haya fuerza ejecutiva y que los patronos públicos y privados respeten la inamovilidad y la estabilidad de los trabajadores, porque puede existir en la ley, pero en la práctica hemos visto miles de despidos, miles de jubilaciones forzosas.
Hoy el Ministerio del Trabajo no garantiza los derechos a los trabajadores, finalizó.
A pesar de que la buena noticia es el reinicio del debate, las posiciones sobre temas claves siguen encontradas, aunque Roig es optimista en cuanto a la consecución de acuerdos sobre temas específicos, especialmente en el ámbito de las remuneraciones.
Los empresarios han señalado que la excesiva presión fiscal y el costo inasumible del sistema de seguridad social previsto en la LOTTT hacen inviable ninguna reforma puntual, sino que es indispensable abordar el modelo regulatorio y someterlo a una reforma total que obligará a que todos cedan en algunas materias.
El Gobierno ha cambiado su perspectiva en esta etapa del proceso de diálogo, al estar más focalizado en la viabilidad fiscal del sistema, lo que lo acerca más a los empresarios, quienes insisten en que el sistema de seguridad social debe ser todo lo eficiente y útil para los trabajadores que se pueda pagar sosteniblemente.
Alejandro Ramírez Morón – Banca y Negocios
