Durante las últimas semanas he estado revisando las opciones o condiciones electorales mínimas que debe incluir un “acuerdo político” para continuar −o iniciar− un proceso de “transición” política en Venezuela. Resumiré a continuación los puntos más importantes que he desarrollado en artículos anteriores, con algunos comentarios. Reitero que no se trata de un examen exhaustivo del sistema electoral venezolano, sino solo de un sumario o guía práctica de aquellos puntos que no deben estar ausentes de cualquier acuerdo.
Supuestos necesarios
En el desarrollo del tema, procuré no inmiscuirme en los temas políticos implícitos en el proceso de “transición”, que son múltiples y muy complejos, y me referí solamente al tema electoral, al que considero un aspecto técnico −aunque sé perfectamente que no está exento de elementos políticos− que hay que resolver o, al menos, entender. Sin embargo, creo necesario partir de dos postulados políticos fundamentales, que son los únicos que mencionaré y a los que no renuncio; el primero es que el objetivo final es reconquistar y desarrollar la plena democracia, que, aun con todos sus defectos e imperfecciones, es el mejor sistema de gobierno; y el segundo supuesto político que mencionaré es que para alcanzar esa democracia es fundamental lograr también la mayor unidad política que sea posible entre factores opositores, que implica candidatos únicos para todas las posiciones y cargos en disputa. Establecidos esos supuestos, pasemos al tema electoral.
Vía electoral
La vía electoral es el único camino legítimo para una transición política en Venezuela, ya que un gobierno democrático debe surgir del voto popular y no de la fuerza, especialmente si ésta proviene de una potencia externa. Para este próximo proceso, del cual ya se empieza a hablar, no solo es importante, obviamente, el triunfo de la oposición democrática, sino también que ese triunfo surja de una gran movilización electoral que no deje ninguna duda acerca del apoyo popular a esta vía.
Acuerdo político
Cualquier proceso de transición al que se llegue requiere un “acuerdo político” amplio entre todos los actores relevantes, internos e internacionales, que defina claramente la fecha y las reglas del proceso electoral. Entiendo por actores relevantes, sin descartar otros, sobre todo los que han actuado a partir de los sucesos de enero de 2026: el gobierno nacional, la oposición democrática y el gobierno de los EE. UU.
Renovación del CNE
El CNE debe ser reformado de raíz y designado por consenso, respetando estrictamente la Constitución; es decir, sus miembros deben provenir de la sociedad civil, las universidades y el Poder Ciudadano −este último, también por consenso político− sin vínculos con organizaciones políticas. Pero la escogencia o designación de ese CNE —por consenso— debe darse una vez que se haya definido la fecha y la modalidad del proceso electoral, no antes; y de esa manera no será relevante cuál sea el modo formal con que se designe.
Alcance de la elección
El “acuerdo político” debe definir si las elecciones incluirán también la Asamblea Nacional y los cargos regionales y locales. Creo que es importante que se elija simultáneamente con el cargo de Presidente de la República, por lo menos, a la Asamblea Nacional, pues es necesario contar cuanto antes con un poder legislativo −reconocido y legitimado electoralmente− que pueda emprender de inmediato las modificaciones legales y jurídicas que el país necesita, y llevar a cabo la designación de los demás poderes del Estado restableciendo la legitimidad de los mismos.
Modalidad de la votación
El “acuerdo político” debe definir todas las modalidades del proceso; entre ellas, si el sistema de votación será manual o automatizado. Lamentablemente, esto ya ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en un tema político, sujeto, por tanto, a los vaivenes de la discusión y la polarización política.
Creo que la votación debe ser automatizada. El sistema automatizado demostró su eficacia y fortaleza en las elecciones del 28 de julio de 2024, pues permitió al sector opositor demostrar, con actas en la mano, los resultados que aseguraban su victoria, aunque esta nunca fue reconocida y el CNE nunca publicó resultados, ni diferentes ni creíbles. El problema no es, entonces, el sistema automatizado de votación, sino el manejo y control del mismo, y eso quedó ampliamente demostrado, como dije, en la elección del 28 de julio de 2024.
Concluyo este punto con un detalle importante, que no había tratado en los artículos anteriores, y es que, para tener acceso más rápido y seguro a los resultados, es importante que se restablezca el código QR en las actas emitidas por las máquinas; eso facilita la rapidez y exactitud en la recolección de la información, y fue eliminado sin ninguna justificación en las últimas elecciones de Asamblea Nacional, en 2025.
Rehabilitaciones políticas
Cumplido el objetivo de lograr la libertad de todos los presos políticos y regreso de los exiliados, con garantías suficientes a su seguridad y libertad de actuación, es imprescindible que el “acuerdo político” incluya la rehabilitación de los partidos intervenidos judicialmente desde 2012 y la habilitación de los más de mil dirigentes políticos que permanecen inhabilitados arbitrariamente en todo el país. De más está decir que deben ser rehabilitados todos los posibles candidatos o candidatas que podrían aspirar al cargo presidencial o a cualquier otro cargo.
Registro Electoral
El Registro Electoral, RE, debe depurarse y actualizarse, pues más de dos millones de jóvenes venezolanos mayores de 18 años no están inscritos; es también imprescindible que esa actualización comience de inmediato −en cumplimiento de la ley que establece que el RE es “continuo”− sin que sea necesario esperar a que se logre el “acuerdo político” al que me he referido. Del mismo modo, se deben dar las mayores facilidades para que los venezolanos en el exterior −que son más de 3.5 millones de electores ya inscritos en Venezuela− puedan cambiar su domicilio y ejercer su derecho al voto. A ese número hay que añadir, posiblemente, más de medio millón de jóvenes que están en el exterior, han cumplido 18 años y nunca han tenido las facilidades para registrarse como electores.
Voto en el exterior
El derecho al voto de los venezolanos en el exterior es innegable e irrenunciable, pero está obstaculizado por normas inconstitucionales que condicionan ese derecho a la situación migratoria del venezolano en el país de acogida. No me cansaré de repetir que renunciamos en la práctica a nuestra soberanía, supeditando un derecho político de los venezolanos a la legislación migratoria de otros países. No solo se deben eliminar esas normas inconstitucionales y arbitrarias, sino que también se debe modificar la modalidad restrictiva del RE en el exterior, que lo sujeta al horario y la disponibilidad de funcionarios diplomáticos y consulares. El modelo de registro telemático usado en la Primaria de 2023 demostró ser viable, económico y seguro, y debe replicarse a gran escala para registrar y actualizar a los venezolanos en el exterior. Debe permitirse, además −por vía excepcional− usar el pasaporte como documento válido para inscribirse y votar.
Campaña electoral
La campaña electoral debe estar libre de ventajismo gubernamental −utilización de recursos del Estado, de funcionarios, de acceso exclusivo a medios oficiales, etc. − y se deben eliminar por completo todos los mecanismos de intimidación física a electores y a candidatos opositores, así como las restricciones a su libre movilización por el país. Eso incluye plenas garantías para que periodistas y medios de comunicación puedan cumplir su tarea informativa, sin ser acosados y perseguidos por los organismos represivos del Estado, impidiendo la libertad de expresión.
Plan República
La FF. AA., que han venido participando en los procesos electorales, bajo el Plan República, en el próximo proceso deben limitarse, estrictamente, a lo que establece la ley: velar por la seguridad de los electores y de la mesa electoral, resguardar los materiales electorales, trasladarlos, mantener el orden público en el centro de votación y sus adyacencias, y velar por el orden general del proceso. Esa participación estrictamente apegada a la ley en el próximo proceso debe servir para prescindir de las Fuerzas Armadas en futuros eventos electorales y devolver al proceso electoral su carácter plenamente ciudadano.
Observación Electoral
La observación electoral, tanto nacional como internacional, debe ser plena y abarcar todo el proceso: desde la campaña electoral y el día de la votación hasta la proclamación de resultados y el seguimiento al cumplimiento de los mismos. Para ello es imprescindible que se invite con suficiente antelación a los organismos internacionales −OEA, UE, ONU− para que preparen sus Misiones de Observación Electoral (MOE).
Esa observación —nacional e internacional— debe abarcar y comprender también la posibilidad de realizar sondeos a “boca de urna” así como efectuar y divulgar “conteos rápidos” que permitan prever y reconocer rápidamente los resultados por parte de todos los involucrados en la elección.
Respeto de los resultados
El respeto a los resultados electorales es uno de los puntos críticos de cualquier “acuerdo político” al que se llegue en materia electoral; y en su negociación deben participar, como ya he dicho, todos los involucrados en la política venezolana desde los acontecimientos de enero de 2026; es decir: el gobierno venezolano, la oposición democrática y el gobierno de Estados Unidos. De nada nos sirve a los ciudadanos participar en procesos electorales si luego no tenemos los medios y la fuerza necesaria para hacer que se respeten los resultados.
Marco Jurídico
Todo el marco jurídico electoral debe ser revisado a fondo para modernizarlo y adaptarlo a la Venezuela que hoy vivimos, muy distinta de aquella en que se definieron sus normas en los principios de la democracia, después del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez y los años posteriores. Pero, por ahora, para este próximo proceso debemos concentrarnos en eliminar las normas que dificultan y limitan el Registro Electoral en el exterior y, sobre todo, las que sujetan el derecho a votar en el exterior a las normas migratorias de otros países. Habrá tiempo para una reforma profunda de la LOPE y la LOPRE con una nueva Asamblea Nacional.
Conclusión
De esta manera concluyo con las recomendaciones que creo que se deben tomar en cuenta para la negociación de un “acuerdo político” que permita la realización de un proceso electoral libre y democrático. Y cuando hablo de democracia, no puedo dejar de pensar en que las democracias se debilitan cuando fallan sus gobiernos, pero, sobre todo, cuando los ciudadanos se desentienden, y de esa forma comienza lentamente −o rápidamente− la decadencia. Tarde descubrimos que desentenderse tiene consecuencias, difíciles de ocultar, que nos afectan a todos, a pesar de las victorias electorales que se habían tenido, o las que se tengan.
