La Ley de Amnistía que el régimen presentó como un gesto de reconciliación hoy enfrenta su mayor cuestionamiento: no todos los casos están siendo tratados bajo los mismos parámetros.
A semanas de su aprobación, lo que debía traducirse en alivio para detenidos por razones políticas ha derivado en decisiones inconsistentes que abren dudas sobre la imparcialidad del sistema.
El caso del abogado Perkins Rocha por ejemplo, expone esa fractura con claridad. Aunque este solicitó formalmente el beneficio, su petición fue rechazada y permanece bajo arresto domiciliario, con un grillete electrónico como símbolo de una libertad restringida. La decisión contrasta con la situación de otros involucrados en procesos similares que ya han recuperado plenamente su libertad.
Más allá de los argumentos jurídicos, lo que empieza a evidenciarse es un patrón de aplicación desigual, donde los criterios no parecen sostenerse con la misma firmeza en todos los casos.
En el entorno de Rocha —familiares, colegas y sectores políticos— la reacción ha sido inmediata La indignación crece frente a lo que consideran un trato selectivo, que no solo afecta un expediente puntual, sino que pone en entredicho la credibilidad de toda la medida.
A esto se suma la falta de información oficial verificable. Sin listas públicas ni datos claros sobre quiénes han sido beneficiados, la opacidad termina profundizando la desconfianza.
Esa incertidumbre ya se trasladó a las redes sociales, donde comienza a tomar fuerza una campaña impulsada por ciudadanos, familiares y activistas que exigen transparencia en la aplicación de la ley. Bajo etiquetas como #PubliquenListasDeAmnistiados y #PubliquenListasDePresosPoliticosAmnistiados, el reclamo apunta directamente a la necesidad de rendición de cuentas.
En medio de ese ruido creciente, la discusión deja de ser jurídica y se vuelve estructural: cuando una ley que promete igualdad termina aplicándose de forma diferenciada, la justicia deja de percibirse como un derecho y empieza a verse como una decisión.
