En el marco de la compleja realidad económica que atraviesa Venezuela, se hace indispensable retomar el debate sobre la legislación laboral, no desde la arbitrariedad, sino desde el estricto cumplimiento de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Cualquier propuesta que pretenda legislar en detrimento de los derechos adquiridos no solo es un error político, sino una violación directa a la Carta Magna.
La base de nuestra argumentación es clara y no admite interpretaciones que vulneren al trabajador y su salario. La Constitución es taxativa:
Artículo 89: Establece que el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Sus numerales prohíben cualquier medida que implique el retroceso o la renuncia a derechos laborales. La Intangibilidad, la progresividad y la irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Artículo 91: Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad. El salario es un derecho humano, y su estancamiento frente a la inflación es una deuda pendiente que el Estado debe saldar. El salario mínimo debe acordarse de conformidad con la canasta básica.
Artículo 92: Consagra el derecho a las prestaciones sociales que recompensen la antigüedad y cubran las contingencias. Estas son patrimonio del trabajador y cualquier intento de socavarlas en la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) es nulo de toda nulidad.
Consideramos que las propuestas que buscan flexibilizar estos principios en favor de intereses sectoriales —muchas veces tildadas de «necesidades del sector económico — son arbitrarias y contrarias a la ley. No se puede construir prosperidad sobre la base de la precarización del esfuerzo humano.
Legislar contra estos principios es ignorar que el motor de la economía no son solo las máquinas, sino la fuerza de los trabajadores, campesinos, pescadores y profesionales que, con su labor intelectual y manual, sostienen al país.
El Camino: Acuerdo Tripartito y Producción Petrolera
La recuperación de Venezuela es inseparable de la Justicia Social. Proponemos un rescate real del salario que acompañe el incremento de la producción petrolera. Si el país está proyectando un aumento en sus ingresos por hidrocarburos, esta riqueza debe tener una incidencia directa y proporcional en:
El poder adquisitivo de la clase obrera.
La reactivación del consumo interno.
La paz económica duradera.
Hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional, a las cámaras empresariales (Fedecámaras) y a las centrales de trabajadores para alcanzar un Acuerdo Político-Laboral de trascendencia. Solo a través de un diálogo honesto, que respete la LOTTT y la Constitución, podremos garantizar que la producción se traduzca en bienestar para todo el pueblo venezolano.
Sin justicia laboral no hay crecimiento sostenible. Es hora de cumplir la Constitución.
Diputado de la Asamblea Nacional por Nueva Esparta.
