En julio de 1994, el gobierno de Irán convocó al embajador de Venezuela en Teherán para protestar formalmente por la expulsión de cuatro de sus diplomáticos en Caracas.
El gobierno venezolano de la época (Rafael Caldera II) había acusado a los funcionarios de estar implicados en el intento de retener y trasladar por la fuerza, en territorio venezolano, a un refugiado político iraní y a su familia, y declaró persona non grata al embajador de ese país en Caracas, Seyyed Reza Hadj Zargarbashi.
Manouchehr Moatamer, un exdiplomático iraní convertido en opositor al régimen islámico, había pedido asilo en Venezuela tras huir de Irán. Él y su familia salieron de ese país en 1993 con pasaportes falsos y tenían como objetivo llegar a Estados Unidos vía terceros países.
El 9 de julio de ese año, durante su tránsito, él, su esposa y sus hijos, fueron interceptados por funcionarios iraníes en el aeropuerto de Maiquetía, donde los abordaron y los condujeron (bajo amenaza y con armas) a vehículos diplomáticos, con la aparente intención de trasladarlos de regreso a Irán vía Roma.
Cerca de un parque en Caracas, la familia fue agredida físicamente y, al ser llevados a un hotel de lujo bajo custodia, Moatamer logró escapar brevemente y pedir auxilio en la recepción.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) corroboró posteriormente su situación de asilado y solicitó apoyo a las autoridades venezolanas.
Estas, alertadas por la denuncia y tras las investigaciones, intervinieron y separaron a la familia de los funcionarios iraníes.
Los funcionarios expulsados de Venezuela fueron: Hashemi Fard Mohamad Hossein, agregado político; Shabani Abolfath, tercer secretario; Faridi Ali Reza, traductor; y Fekri Mohamed Hosein, cónsul.
El gobierno iraní rechazó las acusaciones que consideró injustificadas.
El incidente diplomático entre ambos gobiernos no escaló a una ruptura de relaciones y rápidamente desapareció de la primera plana de los medios venezolanos, puesto que la crisis bancaria de aquel año ocupaba casi todo el interés nacional.
Sin embargo, ese episodio ocurrió en un momento en el cual varios servicios de inteligencia y tribunales de distintos países estaban investigando el atentado terrorista ocurrido contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y, muy poco antes de otro atentado todavía más sangriento, contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido también en Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994. Es decir, entre el incidente en Caracas y el atentado en Buenos Aires transcurrieron apenas nueve días.
Este fue el mayor ataque sufrido por la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial. En 2006, la justicia argentina acusó al gobierno iraní de planificar el atentado y a Hezbollah de ejecutarlo, y en noviembre de 2007 Interpol expidió orden de captura contra seis ciudadanos iraníes acusados por su participación en el atentado terrorista. La respuesta de Irán consistió en pedir, a su vez, la captura del juez y del fiscal argentino del caso.
Esta situación llevó a una crisis diplomática entre los dos países, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner denunció a Irán ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los actos terroristas también dieron pie a una amarga disputa en la república austral acerca de la responsabilidad del expresidente Carlos Menem, bajo cuyo gobierno ocurrieron, e incluso fue acusado judicialmente por presunto encubrimiento.
Desde que establecieron relaciones diplomáticas en 1947, los vínculos entre Irán y Venezuela habían sido distantes pero respetuosos, con un interés común, puesto que los dos países eran socios y miembros fundadores de la OPEP. Por su parte, el único interés iraní en Argentina, como la justicia de ese país demostró, era contar con la mayor comunidad judía de Latinoamérica.
Así, resulta bastante revelador de la naturaleza del régimen de los ayatolás iraníes que este se tomara la molestia de interferir en la soberanía de dos países ubicados a miles de kilómetros de distancia, con los cuales nunca había tenido problema alguno y que jamás se habían prestado para una agresión en su contra.
Como se sabe, aquella no fue una conducta aislada. Tal vez el amable lector recuerde el caso del escritor indio-británico Salman Rushdie, cuya representación satírica del islam y del profeta Mahoma en una de sus novelas fue considerada blasfema por muchos sectores musulmanes y provocó, en 1989, que el ayatolá Ruhollah Jomeini, de Irán, emitiera una fatua (orden religiosa) pidiendo su ejecución, lo que le obligó a vivir bajo protección policial durante años. En 2022 Rushdie volvió al primer plano informativo mundial cuando fue objeto de un intento de asesinato que lo dejó ciego de un ojo durante una conferencia en Nueva York.
La cuestión es que, desde la revolución de 1979, Irán (o más bien sus gobernantes) ha estado casi todo el tiempo en conflicto con sus vecinos árabes (y hermanos en la misma fe) y con el Estado de Israel, a quien han bautizado como el “Pequeño Satán”, siendo su destrucción un propósito nacional.
Hezbolá (Líbano), Hamás y la Yihad Islámica Palestina (Gaza), el movimiento hutí (Yemen), así como milicias en Irak y Siria, son algunas de las organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, a las que el régimen iraní lleva años dando financiamiento masivo, armamento avanzado y entrenamiento.
Veamos como otro ejemplo las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, que se han caracterizado por una profunda rivalidad geopolítica y religiosa que ha fluctuado entre la hostilidad abierta, períodos de distensión y una lucha por el liderazgo del mundo musulmán. La llegada al poder de Jomeini en 1979 fue vista como una amenaza por la monarquía saudí debido al deseo de aquel de exportar su revolución, tensiones que llevaron a la ruptura formal de relaciones en 1988.
En 1991 las restablecieron, pero en lo que va de siglo ambos países han apoyado bandos opuestos en guerras por delegación (proxy) en Siria y Yemen. Arabia Saudita rompió nuevamente relaciones diplomáticas en enero de 2016 tras el asalto a su embajada en Teherán, aunque se restablecieron una vez más en marzo de 2023, bajo la mediación de China. A pesar de los acercamientos, persisten los recelos por el programa nuclear iraní y la presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región, que algunos países árabes ven como una garantía de seguridad frente a Teherán.
En resumidas cuentas, Irán es lo que cierta literatura ha denominado como un “estado rebelde” o “estado canalla” (rogue state), término político usado mayormente en Estados Unidos para describir aquellas naciones que desafían las normas internacionales, apoyan el terrorismo, buscan armas de destrucción masiva y son agresivas con sus vecinos. Se caracterizan por ser gobiernos no cooperativos, inestables o que violan los derechos de sus ciudadanos, y que actúan en contra de los intereses de la comunidad internacional.
Por supuesto, el planeta está repleto de regímenes autocráticos y que, comparativamente hablando, en no pocos casos son menos democráticos que el iraní según los criterios occidentales. Por citar tres: China, Vietnam y Arabia Saudita.
No obstante, ocurre que estos últimos intentan cooperar con el orden mundial y hasta se benefician del mismo. Como vemos, no es lo que ocurre en Irán. Donald Trump y Benjamín Netanyahu no han emprendido esta nueva guerra por restaurar la democracia y la libertad allí; lo hacen porque el régimen iraní es problemático, fuente constante de conflictos y una amenaza a sus vecinos.
Tal vez se estén equivocando en el remedio, pero no en el diagnóstico.
Pues bien, en su incansable esfuerzo por desafiar el orden político internacional y hacer de Venezuela una base de resistencia antiestadounidense, el expresidente Hugo Chávez tejió estrechas relaciones con mandatarios como Aleksandr Lukashenko, de Bielorrusia; Robert Mugabe, de Zimbabue; Muamar el Gadafi, de Libia; y, en especial, con Mahmud Ahmadineyad, de Irán. Inclinado por las “relaciones peligrosas”, parece que con quien tuvo mejor química fue con el iraní.
Durante el mandato de Ahmadineyad, Irán estuvo al borde de la guerra con Estados Unidos e Israel por el asunto de su programa atómico; eso, junto con sus provocadoras declaraciones antisemitas —por relativizar el Holocausto— y su apoyo a Hezbollah en el Líbano, lo fueron aislando internacionalmente.
Fiel a su estilo, el excomandante-presidente expresó su apoyo público al programa nuclear iraní y abrió las relaciones de ese país con América Latina, que firmó numerosos acuerdos económicos con Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y hasta con Brasil. El agente promotor fue el jefe de Estado venezolano.
Chávez viajó nueve veces a Irán y Ahmadineyad cinco veces a Venezuela, y este llegó a decir: “Siento que he encontrado un hermano y un compañero de trinchera luego de haberme encontrado con Chávez”. Cuando el presidente venezolano falleció, Ahmadineyad causó un escándalo en su país al besar el féretro de su amigo y abrazar a su madre. Y remató afirmando que Chávez regresaría con algunos de los profetas del islam.
Un trabajo de la revista brasileña Veja del 14 de marzo de 2015, firmado por Leonardo Coutinho, aseguraba que tres ex altos funcionarios del gobierno de Chávez le habrían confirmado que fue el expresidente venezolano quien en 2007 intercedió por Irán ante el presidente Néstor Kirchner para que, a cambio de dinero para la campaña presidencial de su esposa Cristina Fernández de Kirchner, Argentina aceptara compartir su tecnología nuclear con los iraníes y suspendiera la solicitud ante Interpol de los sospechosos de estar detrás del atentado contra la AMIA.
El 27 de enero de 2013 (Néstor Kirchner falleció en octubre de 2010), el gobierno argentino anunció la firma con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad del Memorándum de Entendimiento argentino-iraní, que debería ser refrendado por los parlamentos de ambos Estados. El acuerdo generó una intensa polémica en Argentina: la comunidad judía argentina exigió su derogación y recurrió a los tribunales.
En mayo de ese mismo año, el fiscal Alberto Nisman acusó formalmente al gobierno de Irán de organizar, fomentar y patrocinar grupos terroristas en Sudamérica. Dos años después, el 14 de enero de 2015, denunció a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman por “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán”.
Cinco días después apareció muerto en el baño de su apartamento de un tiro calibre 22.
En esa trama, el punto de encuentro entre Argentina e Irán no fue otro que Chávez.
Como esto se está haciendo muy largo, no vamos a repetir aquí otros detalles bastante conocidos de la estrecha alianza establecida entre los dos gobiernos, pero sí recordar que la misma sobrevivió al fallecimiento del expresidente venezolano, siendo un símbolo de ella aquellos tanqueros con gasolina gestionados por el exministro Tareck El Aissami (pieza clave en esas relaciones) que en 2019 y 2020 Irán envió a los puertos venezolanos, en abierto desafío a las sanciones comerciales de la primera administración Trump.
En resumidas cuentas, la pieza principal de los vínculos de Irán en América Latina fue Venezuela, mucho más que Cuba. Sin eso no se explica la decisión de la Casa Blanca de ordenar la operación militar estadounidense sobre Caracas en la madrugada del 3 de enero del presente año. Las cosas se ven más claras si apreciamos el bosque en su conjunto.
El chavismo decidió que el país entrara a jugar como una pieza más en el ajedrez de esa disputa geopolítica.
Si bien esas relaciones, que ya venían afectadas por la defenestración de El Aissami y la caída del régimen de la familia Al-Assad en Siria, la citada operación terminó de sellar su fin.
@Pedrobenitezf
