Cuando la política se vuelve opinión
Cuando no hay práctica política, queda una batalla de opiniones: juicios sin responsabilidad. Hay práctica política cuando una comunidad articula una voluntad común sobre cómo vivir y organiza medios para realizarla. Allí aparecen responsables, fines discutibles y decisiones interpelables.
La política existe cuando esa voluntad se institucionaliza y se vuelve un dispositivo capaz de hacer efectiva una idea. Sin voluntad común y capacidad operativa, hay posicionamientos, no política.
El último momento de práctica
Hubo práctica política en Venezuela cuando la resistencia fijó un horizonte común —derrotar electoralmente al régimen— y lo tradujo en primarias, candidatura unitaria y elección, con la Plataforma Unitaria como instancia de decisión. Pero nació incompleta: el horizonte era negativo (salir del régimen) y nunca se convirtió en proyecto de transición. El después quedó reducido a consigna —«ganaremos y cobraremos»— sin definición de mecanismos, garantías ni secuencia de poder.
La transición nunca fue materia de debate público ni de explicitación programática. Sin instancia común ni proyecto compartido, el campo de la resistencia regresó a la dispersión y se fragmentó en tácticas incompatibles: participar o abstenerse, negociar o confrontar, esperar o forzar. Ninguna formuló ni trató de instituir un horizonte operativo sobre cómo realizar la transición. Así, mientras la resistencia se desgarraba en opciones inconexas, las mallas de poder permanecieron intactas. No faltaron tácticas: faltó la idea eficaz de cómo desplazar al régimen y reordenar el poder.
Decisiones venezolanas cuyo origen está fuera
Frente al vacío interno de práctica política, el centro efectivo de decisión se desplazó fuera del país. Cuando intereses geoestratégicos de una potencia entran en juego, el margen nacional se estrecha y las decisiones internas quedan subordinadas a una lógica externa.
Chile lo mostró recientemente: su proyecto de cable submarino transpacífico con China —concebido como infraestructura digital soberana hacia Asia— quedó atravesado por la rivalidad entre Washington y Beijing. La presión no fue retórica: incluyó sanciones y revocación de visas a autoridades chilenas vinculadas al proyecto bajo el argumento de seguridad hemisférica por parte de Estados Unidos. La señal fue inequívoca: la definición efectiva sobre un activo estratégico nacional no se resolvía solo en Santiago, sino en el marco de la disputa entre potencias. El patrón es claro: cuando el conflicto real se decide en otro nivel de poder, el campo político local administra efectos, no define cursos.
En Venezuela esa lógica opera hoy en grado extremo. Un ejemplo reciente lo ilustra: la discusión pública sobre por qué estuvo Enrique Márquez y no María Corina Machado en el discurso de la Unión se volvió un debate interno sin respuesta posible. Ningún actor político venezolano —ni siquiera los propios involucrados— puede explicarlo con autoridad, porque la decisión no se origina en el campo político nacional ni en su voluntad. La pregunta circula en Venezuela, pero la clave interpretativa está fuera. El único actor que podría esclarecer los criterios es Donald Trump, porque allí se define la secuencia efectiva de la transición.
Lo mismo ocurre en el otro polo del poder. Ninguna decisión del régimen puede leerse como voluntad autónoma de Delcy Rodríguez o de cualquier otra figura estatal: sus márgenes para endurecer o flexibilizar están condicionados por la misma racionalidad estratégica externa que ordena el conflicto. La política interna queda así reducida a adaptación dentro de un perímetro decidido fuera.
Un país sin instancia de decisión propia
La consecuencia es estructural: el conflicto venezolano ya no se organiza desde su propio campo, sino desde un marco estratégico externo. No compiten proyectos nacionales con capacidad de imponerse, sino actores cuyas posibilidades están previamente delimitadas. La política pierde espesor constituyente y se contrae a la administración de márgenes.
Comprender el país es reconocer esa condición: una sociedad que permanece en su territorio, pero cuya posibilidad efectiva de decidir su destino ha sido desplazada fuera de él.
Un país solo existe plenamente cuando recupera capacidad de decisión —o, en condiciones adversas, como la venezolana, cuando logra al menos incidir y negociar el curso de su propio destino. Pero esa posibilidad no surge de adhesiones dispersas ni de liderazgos sostenidos solo en opinión, sistematizadas en encuestas: requiere ideas compartidas, organización, coordinación y, sobre todo, una instancia reconocible que condense representación social y política real —empresarial, laboral, social, educativa y territorial—. Solo allí donde una sociedad logra presentarse como sujeto articulado, y no como suma de apoyos, puede ser tratada como interlocutora y no como objeto de decisión. Sin esa forma común, otros deciden y lo interno apenas administra. Todo depende, en último término, de algo previo a la estrategia: si persiste en la sociedad venezolana el deseo y la voluntad de existir políticamente como sujeto común.
Profesor Universitario
