Desestatizar, desmilitarizar, poder al nuevo liderazgo, Estado de derecho y País de propietarios. A estos cinco eslabones debería dirigirse la nueva democracia que pudiera surgir en Venezuela después de las recientes confrontaciones contra la dictadura y la defenestración de un presidente ilegítimo.
Estas son las quejas de un ciudadano común, pero el tema clave sería cómo lograr que el poder pase de manos del Estado a una legítima representación ciudadana, tal como sucede en las verdaderas democracias. Se trata no solo de un Estado que no se meta donde no debe, por ejemplo, en imponer medidas económicas contracorriente que al corto plazo se desdoblan contra el ciudadano. Aplicar medidas a la economía, tales como los controles de precios sobre productos alimentarios sin consultar a los productores, desconociendo las realidades de quien produce, sin saber cuánto tiempo resiste el productor con el precio impuesto arbitrariamente. La consecuencia, el producto desaparece porque nadie puede producir a pérdida ¿Saben los diseñadores de estas políticas qué harán los consumidores, cómo llenarán el vacío, si es que pueden siquiera intentarlo? El régimen desconoce a las organizaciones que representan a los productores y sustituye sus propuestas por imposiciones arbitrarias de ministros como el de Agricultura y el elefante burocrático del Ministerio de la Alimentación.
El sistema eléctrico e hidrológico muestran el desacierto del gobierno en su conducción, desplazan a los expertos en esta materia e imponen funcionarios del partido o militares. Nunca han existido tantas fallas, tanto sufrimiento en nuestro pueblo, en los hogares, las escuelas, hospitales por las enormes fallas de estos servicios básicos. “En los últimos 5 años (2021-2026), Venezuela ha experimentado una crisis eléctrica crónica con racionamientos diarios y apagones generales, destacando la inestabilidad constante tras el megaapagón de 2019. Zonas como el estado Zulia han sufrido cortes de más de 12 horas diarias, mientras que apagones nacionales recientes han dejado a gran parte del país sin servicio”.
Otro caso, han obligado a los colegios a disminuir el precio de la matrícula escolar. Los colegios como una institución más del país están azotados por la inflación, la pérdida del valor del salario de los maestros, el aumento de los equipos y materiales pedagógicos, los costos del local en el cual funcionan. El gobierno obliga a bajar el precio de matrícula y a muchas escuelas no les queda más salida que cerrar. Algo muy triste en especial para aquellas instituciones que han tenido larga trayectoria en el ámbito de la educación. “Aproximadamente 1.200 colegios privados han cerrado en Venezuela en los últimos seis años, según estimaciones de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep). Este cierre masivo es consecuencia de la crisis económica, la migración, la baja matrícula y la regulación de matrículas por parte del gobierno, poniendo en riesgo la educación privada”.
Otro campo de la cotidianidad, el Estado se mete como elefante en cristalería en los medios de comunicación. En los últimos 20 años, más de 400 medios de comunicación han cerrado en Venezuela, siendo las emisoras de radio las más afectadas (cerca de 285), seguidas por periódicos (87), canales de TV y medios digitales, según reportes de ONG como Espacio Público, en un contexto de restricciones a la libertad de prensa”. Se proponen aislar al ciudadano, que no oiga, no lea, buscando tal vez que deje de pensar y actúe en automático. Que vea las luces de colores de la Navidad y crea que todo se está arreglando. Estos son simples ejemplos de lo que significaría desestatizar.
El Estado no tiene que meterse en la economía, imponiendo políticas destructoras y generadoras de desconfianza, tampoco atropellar las instituciones dedicadas a educar y a informar, al contrario, debe protegerlas y respaldarlas y por último, jamás debe interferir en los servicios básicos para la estabilidad de las familias, en la libertad de información, expresión, comunicación. El ciudadano tiene la suficiente responsabilidad para escoger qué leer, qué ver. Nadie puede ponerle un bozal o taparle los ojos, eso se llama esclavizar y a la antigua.
La desmilitarización, un tema álgido porque se trata de la gente armada, aquella que puede liquidarte si se lo propone. Pues bien, en este campo, cualquier proyecto de país tiene que hacer valer un dogma muy sencillo: los hombres armados están allí y el ciudadano les paga con sus impuestos para que los defiendan y los protejan, no para que lo dominen y se apoderen de oportunidades que no les corresponde, para cuyo ejercicio carecen totalmente de formación. El peor ejemplo: Venezuela tiene más generales y almirantes (2.000) que el ejército más poderoso del mundo (900 Estados Unidos). Con este superávit de oficiales de la más alta graduación el gobierno hace un negocio redondo. Los coopta como apoyo de sus políticas, los asciende al último nivel del escalafón y los sienta a que esperen el momento del retiro. Cuando esto sucede por arte de birlibirloque los transmuta en altos gerentes, presidentes, financieros, expertos en agua, alimentos y etc. Los envían a las instituciones con la misión de dirigir asuntos totalmente desconocidos para ellos, pero con la orden de obedecer al régimen. Estados Unidos cuenta actualmente con aproximadamente 800 a 900 oficiales generales y almirantes en servicio activo entre todas sus ramas militares (Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Marines y Fuerza Espacial). Aunque el número fluctúa, la estructura limita estrictamente los altos mandos, con cerca de 38 a 40 generales/almirantes de cuatro estrellas.
Cualquier encuesta hoy en Pdvsa dice que su peor presidente fue un general de apellido Quevedo. Creo que con estos cientos de altos oficiales en retiro se podría intentar como premio a su fidelidad al régimen poder crearles alguna oportunidad de recapacitación en el INCE, por ejemplo. Los programas País deben plantear cómo desmilitarizar y qué solución crear para estos cientos de generales y almirantes que aceptan cargo en áreas totalmente desconocidas y meten a las instituciones que dirigen en problemas mayúsculos, como vivimos a diario.” En julio de 2024, se ascendieron a 101 generales del Ejército y la Guardia Nacional, con un alto número de generales activos. En julio de 2025, se reportó el ascenso de cerca de otro centenar de «generales de comando».
En cuanto a darle poder al liderazgo civil, se trata solo de que los ciudadanos sean los que gobiernen y no los militares o los representantes de un Estado que se cree dueño de nuestras vidas, nuestras propiedades y nuestra libertad.” Durante las últimas dos décadas, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se ha registrado una participación masiva de militares en la administración pública, superando los 1.600 cargos de alto nivel y gerencia, incluyendo ministerios, empresas públicas, y sectores estratégicos como alimentos, energía y banca. Aunque el periodo abarca 110 años, la «cívico-militar» instaurada desde 1999 ha concentrado la inmensa mayoría de estas designaciones, consolidando un «Estado cuartel»”.
Reconstruir el Estado de derecho sería una magna tarea pues se trata de corregir entuertos de muchas décadas, convertirnos en una sociedad fundada en la libertad y en la responsabilidad individual y no en el poder de un Estado que opera como un pulpo, comete errores garrafales y no sabe corregirlos, o expropia y luego tiene que devolver bienes dañados en los que hay que invertir fortunas para recuperar. O, le roba la vida a la gente como a los directores de medios de comunicación, presos sin juicio. O, los cientos de ciudadanos inocentes privados de libertad, torturados, en las peores condiciones de trato y en la oscuridad.
En cuanto al País de Propietarios, es obvio que no queremos un País de mendigos.
Seria magnifico que los “Proyectos País” planteen algunas ideas respecto a la desestatización, desmilitarización, el poder al nuevo liderazgo, Estado de derecho y País de Propietarios. Esperemos que así sea y pronto.
