La reducción de impuestos constituye uno de los caballos de batalla –quizás, el más relevante– en la política económica de los partidos conservadores, tanto del espectro de la derecha como de la ultraderecha. A esta propuesta se añade otra, de igual calado e íntimamente relacionada con la anterior: la flexibilización de los factores de producción, en especial el trabajo. Pero esa flexibilización abraza, a su vez, otros vectores: exigencias de mayores laxitudes normativas –tanto laborales como ambientales–, así como la defensa de las desregulaciones en el mercado de capitales, entre otros. La visión escolástica de un mercado aparentemente libre de intromisiones es la que domina esa doctrina económica, extendida a movimientos y partidos que la adquieren como guía para su actuación en políticas públicas. Todas estas proposiciones se han podido contrastar con la realidad económica, toda vez que dirigentes conservadores, llegados al poder, las pusieron en práctica: los casos, bien conocidos, de Ronald Reagan en Estados Unidos, y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, son los ejemplos –y modelos– más divulgados. Los corolarios: un incremento meridiano de la desigualdad, aspecto demostrado empíricamente por los sólidos trabajos de Branko Milanovic y de Thomas Piketty; y la caída del crecimiento económico, con la implantación de las políticas neoliberales, tal y como se recogen en las contribuciones de Angus Maddison.
El debate sobre los impuestos es recurrente en política económica. No desaparece, ni se diluye. Se van publicando artículos de divulgación y otros de investigación sobre el tema, desde perspectivas distintas. La controversia se ha generado con más intensidad a raíz de la propuesta del economista Gabriel Zucman: gravar con un 2% el patrimonio de las rentas multimillonarias (superiores a 100 millones de euros). Zucman lleva años trabajando sobre este tema, junto a sus investigaciones relativas a la evasión fiscal de los más ricos y su refugio en paraísos fiscales (Gabriel Zucman, La riqueza oculta de las naciones, Pasado&Presente, Barcelona, 2014). Este trabajo analiza cómo funcionan los paraísos fiscales, al tiempo que anota una cuantificación: 6 billones de euros, el 8% del patrimonio financiero global. He aquí el monto considerable y concreto. La contribución de Zucman se sustenta sobre fuentes oficiales, y se confronta con las estimaciones de Tax Justice Network, que cifra en 29 billones esa evasión. El dato de Zucman es un punto de partida, por tanto, muy plausible para trabajar esta cuestión. El economista francés plantea tres medidas concretas para enfrentarse a esa lacra fiscal: crear un catastro mundial de activos financieros, agilizar al máximo las informaciones e intercambiarlas y concretar un impuesto global sobre el capital. Para acabar con las resistencias de los paraísos fiscales que no aplicaran las medidas descritas, el autor recurre a una herramienta que se ha puesto muy en boga últimamente: la política arancelaria. Por ejemplo, si Francia, Alemania e Italia se pusieran de acuerdo, podrían doblegar a Suiza –un nodo neurálgico de la evasión fiscal– con una tasa arancelaria del 30%. Para atacar enclaves offshore como Bahamas e islas Caimán, sería clave con que Estados Unidos y Canadá les aplicaran una tasa arancelaria del 100%. Zucman concluye que el tema es político, de manera eminente. Mucho más que técnico. Está sobre la mesa de la Asamblea francesa, y no es arriesgado pensar que pueden estar esta u otras propuestas similares en otros países.
Las tesis de Zucman, reverdecidas con este proyecto de un impuesto del 2% sobre patrimonios multimillonarios, tiene defensores no solo en las fuerzas de izquierdas; también sectores de rentas acomodadas no ven con malos ojos un proyecto que grave a aquellos que disponen de mayores capacidades en renta y patrimonio, y que no están cotizando en clave de fiscalidad progresiva. Por otra parte, los detractores de Zucman enlazan sus protestas a un axioma harto reiterado –y fallido–: que subir los impuestos a los más ricos es un error en política tributaria, que conducirá a una menor recaudación. Para algunos analistas y profesores de economía enmarcados en las coordenadas de la economía neoclásica, una subida de impuestos a esa franja de la población llega incluso a constituir una afrenta a la propia libertad económica, y un peligro para la estabilidad de los capitales al atacar el ahorro, la inversión, la acumulación de capital y la creatividad empresarial. Sin prueba empírica alguna. El debate, de gran interés, se ha abierto con fuerza.
Pero es cansina esta monserga de la reducción de impuestos, como gran panacea económica. Porque es falsa, y existe una bibliografía abundante que lo ratifica. Fijémonos que las promesas que se van conociendo por parte de los partidos conservadores –sobre vivienda, por ejemplo– significan un incremento del gasto público en el marco de una reducción de los ingresos públicos al bajar los impuestos: algo que es matemáticamente imposible, y que forma parte más bien de principios teológicos y dogmáticos que de la observación de los casos científicos. A título de muestra: en un reciente estudio de David Hope y Julian Limberg, “The economic consequences of major tax cuts for the rich”, publicado en el prestigioso Socio-Economic Review de Oxford (vol. 20, abril 2022, pp. 539-559, con amplia bibliografía de apoyo) se analizan, para un período que va de 1965 a 2015 (¡cincuenta años, nada menos!), el impacto de las bajadas de impuestos a 18 países de la OCDE. Tres son las importantes conclusiones, entre otras, que se desprenden de la investigación: la renta per cápita no aumenta con esa política tributaria, el desempleo no se reduce y lo que se sí se incrementa es la desigualdad de renta.
Establecer impuestos a las rentas más elevadas constituye una herramienta clave en política tributaria, con un objetivo básico: mantener los pilares del Estado del Bienestar y extenderlos. Progresividad fiscal: clave de bóveda de la economía socialdemócrata. Una gran idea del economista francés Gabriel Zucman.
