La Cámara de Licoreros del Estado Táchira (CALITA) emitió este sábado un pronunciamiento estratégico dirigido a las principales organizaciones empresariales del país. El objetivo central: solicitar una mediación urgente ante el Ejecutivo Nacional frente a la crisis de competitividad que enfrenta el sector licorero en la región fronteriza.
La Cámara de Licoreros del Táchira denunció que el comercio formal de licores atraviesa una etapa de resistencia empresarial.
En comunicaciones oficiales enviadas a Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, y a José Gregorio Rodríguez, titular de CONSECOMERCIO, la cámara regional denunció que el comercio formal de licores atraviesa una etapa de resistencia empresarial marcada por dos factores: el crecimiento acelerado del contrabando y una carga fiscal que califican de confiscatoria, informó el presidente de CALITA, Jhonson Delgado.
Delgado advirtió que la diferencia de precios entre los productos nacionales y los que ingresan ilegalmente desde Colombia supera el 45%. No pedimos privilegios, exigimos igualdad de condiciones. Mientras el comerciante formal cumple con más de 15 permisos y destina la mitad de sus costos a impuestos, el contrabando opera sin aranceles ni controles sanitarios, afirmó.
De acuerdo con la autoridad municipal la línea 0424-7504077 funcionar como un canal de reporte inmediato y estar bajo la coordinación de una sala situacional
El documento presentado por CALITA incluye medidas concretas para enfrentar la crisis:
Trazabilidad digital: Implementar códigos QR en cada botella para garantizar el pago de impuestos y el cumplimiento de normas sanitarias.
Revisión del IGTF: Solicitar la eliminación de este impuesto en el comercio detallista, que en la frontera incentiva el uso de efectivo en canales informales.
Armonización tributaria: Frenar la presión fiscal de las alcaldías, cuyas tasas de aseo y patentes indexadas han provocado el cierre de negocios tradicionales.
Alberto Amaya y Ricardo Hernández, directivos de CALITA, subrayaron que el sector licorero es uno de los principales motores de recaudación fiscal en Venezuela. Si el comercio formal desaparece, el Estado pierde capacidad de recaudar. Proponemos una ‘Amnistía de Formalización’ para integrar a los informales en la legalidad, en lugar de asfixiar a quienes cumplimos con la normativa, señalaron.
CALITA espera que sus propuestas sean consideradas de manera prioritaria en las mesas de diálogo que Fedecámaras y CONSECOMERCIO sostienen con el Gobierno Nacional, advirtiendo que la sostenibilidad del empleo en Táchira depende de decisiones inmediatas.
La Prensa Táchira.
