¿Por qué los policías metropolitanos sentenciados a 30 años de prisión por los lamentables sucesos del 11 de abril del 2002 siguen siendo intocables en las excarcelaciones de los presos políticos, si ellos son los primeros presos de este régimen?
¿Qué tanto peso o interés generan estos funcionarios para el (gobierno) innombrable?
La permanencia en prisión de los policías metropolitanos no es un olvido ni una omisión burocrática. Es una decisión política consciente. Su caso sigue cerrado porque abrirlo implicaría desmontar una de las piezas fundacionales del aparato de impunidad que sostiene al poder en Venezuela.
Estos funcionarios no fueron condenados para hacer justicia, sino para fabricar un enemigo conveniente. Desde el inicio, el proceso estuvo marcado por irregularidades, presiones, violaciones del debido proceso y una narrativa oficial construida para exculpar al poder político y responsabilizar a quienes no podían defenderse. Liberarlos hoy significaría admitir que el sistema judicial fue instrumentalizado, que hubo condenas dictadas de antemano y que el Estado venezolano mintió deliberadamente.
Por eso son intocables, porque su libertad no sería solo un acto humanitario o jurídico, sino una confesión histórica. Reconocer que los policías metropolitanos fueron presos políticos, obligaría a revisar otros casos, a cuestionar sentencias emblemáticas y a aceptar que la justicia dejó de ser un poder independiente para convertirse en un brazo de castigo.
El régimen evita nombrarlos porque su sola mención incomoda. Representan todo lo que el poder quiere borrar: funcionarios que no obedecieron órdenes ilegales, instituciones que no se plegaron al proyecto autoritario y un momento en el que aún existían límites que luego fueron demolidos. Son un recordatorio incómodo de que la represión no comenzó de manera abierta, sino envuelta en expedientes, togas y sentencias.
Mientras se habla de “reconciliación nacional”, de excarcelaciones selectivas y de supuestos gestos de buena voluntad, los policías metropolitanos siguen pagando el precio de no haber sido funcionales al relato oficial. No están presos por lo que hicieron, sino por lo que simbolizan: la prueba viva de que en Venezuela la justicia no es igual para todos y que la lealtad política pesa más que la verdad.
Su caso no es solo una deuda pendiente con ellos y sus familias. Es una deuda con la historia reciente del país. Mientras sigan presos, cualquier discurso sobre justicia, derechos humanos o Estado de derecho seguirá siendo retórica vacía.
Porque hay presos que el poder puede negociar y hay otros —como los policías metropolitanos— que el poder no se atreve a liberar, porque su libertad desmorona la mentira.
