Elegir una nueva Asamblea Nacional no es un trámite ni un gesto simbólico: es el punto de partida de cualquier reconstrucción seria del país.
Cuando Europa y sus aliados triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, Francia entendió que la primera elección debía ser legislativa. Necesitaban una nueva constitución, sí, pero antes necesitaban un cuerpo legítimo que la concibiera. Nosotros no estamos en la misma circunstancia: no requerimos rehacer la constitución desde cero. Con esta que tenemos sé puede trabajar. Pero sí necesitamos, con urgencia histórica y operativa, una institución legislativa que recupere su forma, su función y su autoridad. Sin ese cimiento, todo lo demás es provisional, frágil y, más preocupante, reversible.
Conviene distinguir entre lo urgente y lo importante. La urgencia económica existe, es real, y demanda técnicos capaces de administrar la crisis inmediata. Esa hoja de ruta, aunque compleja, es relativamente clara: estabilizar, ordenar, corregir distorsiones, proteger a los más vulnerables. Pero la importancia —lo que define el rumbo de largo plazo— está en otro lugar: En la reconstrucción de la democracia. Y esa reconstrucción no empieza por decretos, ni por gestos, ni por promesas, sino por la institución que encarna la pluralidad, el debate y el control del poder: La Asamblea Nacional.
Una elección legislativa puede organizarse en un plazo breve, siempre que cuente con supervisión y control internacional riguroso —OEA, ONU— y con reglas transparentes. De esa elección nace la posibilidad de un equilibrio político real. De esa Asamblea se deriva la estabilidad que no depende de un grupo, de un pacto opaco o de una coyuntura económica, sino de un sistema que se sostiene a sí mismo.
Es cierto que algunas decisiones pueden tomarse por decreto. Pero el decreto es, por naturaleza, discrecional. Y la discrecionalidad, en tiempos de transición, es un arma de doble filo: Puede resolver lo inmediato, pero también puede consolidar arbitrariedades. Por eso debe usarse sólo para lo inevitable. La reestructuración del Estado —habilitar, inhabilitar, reorganizar, depurar— exige fundamentos sólidos, criterios indiscutibles, procedimientos verificables. Sin ese basamento, cualquier avance se convierte en un acto de fe, no en una política pública.
Puede ocurrir —y de hecho ya ocurre— que este “status” de un personaje que ejerce la presidencia interina logre cierta estabilización económica, bajen la intensidad represiva, suavicen la presencia de colectivos y reduzcan la ferocidad del aparato de control. Eso puede ser suficiente para algunos que piensan que la meta es “evitar que se maten entre ellos”. Eso, en apariencia, mejora el clima. Pero esa mejora es engañosa: Es la calma que permite atornillarse. Es la tregua que fortalece al que ya detenta el poder, aunque bajo tutela de un poder mayor. Es la ilusión de normalidad que posterga lo esencial.
Por eso la advertencia es clara: Atender lo urgente no puede convertirse en excusa para olvidar lo importante. La urgencia es el incendio; la importancia es la arquitectura de la casa. Apagar las llamas es indispensable, pero reconstruir los cimientos es lo que evita que el fuego vuelva una y otra vez. Sin una Asamblea Nacional legítima, plural, electa con garantías, cualquier estabilización económica será un paréntesis, no una transformación. Y cualquier alivio en materia de derechos humanos será un gesto táctico, no un cambio estructural.
La reconstrucción democrática no se improvisa. Se diseña, se acuerda, se legitima. Y empieza por la institución que convierte la voluntad popular en ley, que controla al Ejecutivo, que define el marco de convivencia. Una nueva Asamblea Nacional no es un lujo ni un capricho: es la condición mínima para que el país deje de depender de la voluntad de unos pocos y vuelva a depender de reglas, de instituciones y de ciudadanos.
Ese es el punto: Lo urgente se atiende, pero lo importante se construye. Y sin esa construcción, todo lo demás es espuma.
Soledadmorillobelloso@gmail.com – @solmorillob
