La organización Cecodap (Centros Comunitarios de Aprendizaje) recientemente emitió un comunicado sobre el regreso a clases este lunes 12 de enero de 2026. Si bien esta fecha se pautó en diciembre de 2025, la realidad actual es distinta.
A juicio de Cecodap, la puesta en vigencia del Estado de Conmoción Exterior, además de la presencia militar y las limitaciones para trasladarse, representan un entorno que desafía las condiciones mínimas para la vida escolar.
Esta realidad genera preocupaciones legítimas, emociones y niveles de angustia tanto en las familias como en docentes, personal administrativo y directivo, expresa Cecodap y añade que esto se suma a la ausencia de directrices desde los entes en materia educativa.
La misiva de Cecodap resalta que validan las preocupaciones y emociones porque el miedo, la incertidumbre y la duda frente a la seguridad de niños, niñas y adolescentes no son exageraciones ni resistencias al derecho a la educación.
En ese sentido, también recuerda que el Estado debe garantizar la protección integral y la prioridad absoluta de la niñez, especialmente en situaciones de crisis, cuando los riesgos de vulneración se incrementan.
El regreso a clases debe ser compatible con los derechos de la niñez
Además, considera que en el contexto actual de Venezuela la pregunta sobre el regreso a clases no se puede responder de manera automática porque pareciera que no existen garantías homogéneas que permitan afirmar que hay condiciones esenciales para un retorno presencial seguro.
Ante esto, Cecodap considera que un regreso a clases de manera presencial solo es compatible con los derechos de la niñez en las que se aseguren:
*Condiciones esenciales de seguridad, servicios públicos y protección para estudiantes, docentes, personal administrativo, directivo y familias.
*Escuelas libres, dentro y alrededor, de dinámicas de militarización, operativos de seguridad o presencia armada innecesaria que generen miedo o intimidación.
*Garantías claras de protección y debido proceso, que excluyan cualquier forma de criminalización, estigmatización o actuación arbitraria contra adolescentes.
*Condiciones de movilidad seguras, que permitan el traslado regular hacia y desde los centros educativos.
*Acompañamiento psicosocial, reconociendo el impacto emocional que el contexto puede tener en la comunidad educativa.
Radio Fe y Alegría Noticias
